Quien revisa la historia política de Bolivia de los últimos 40 años, se encuentra con eventos que se repiten, con pocos cambios y malos gobiernos. Es difícil pensar en un mejor horizonte a partir de 2022. La historia de un Estado poco eficiente, una sociedad polarizada y un constante déficit de representación política. 

Democracia y eficiencia del Estado

De acuerdo al Democracy Index 2021 de The Economist Intelligence Unit, existen solo 21 países en el mundo a los que podría denominarse “democracias plenas”, es decir, hay cada vez menos países democráticos en el mundo. La situación latinoamericana es preocupante: Bolsonaro en Brasil, Bukele en El Salvador y López Obrador en México, son los peores ejemplos de manejo estatal en este último tiempo, y solo Guyana ha sido el país que subió en el índice. Bolivia está ubicada como una “democracia híbrida”, con una puntuación de 4.65/10 y encima de países como Guatemala, Uganda, Gambia, Nepal o Turquía. De hecho, la mejor puntuación del país está en “participación política” (6.11/10), y la peor, en “funcionamiento de gobierno” (2.50/10), cifra que comparte con países como Irán, Nicaragua o Congo. Por “democracia híbrida” se entiende una transición incompleta de autoritarismo a democracia, donde existen elecciones y pluralismo, pero estos terminan favoreciendo a los que están gobernando, además de poca confianza de la sociedad civil en sus instituciones. 

Si bien son datos de 2021, lo de “democracia híbrida” podría verse también en la Bolivia de la década de los 90. En 1995, Scott Mainwaring y Timothy Scully, apuntarían que la democracia boliviana era “incipiente y débilmente institucionalizada”; mientras que Willem Assies y Ton Salman en 2002, apuntarían que, entre 1985 y 2002, hay un régimen profundamente defectuoso que, por negación de la representación indígena, favorecería a una etapa de “tensiones acumuladas”, luego esto llevarían al país a otro momento político. 

Parecería que hay eventos que se repiten, con un Estado sumamente débil: las denuncias de narcotráfico en la política abundan en el gobierno de Jaime Paz Zamora (1989 – 1993), de Evo Morales (2006 – 2019) como en los de Jeanine Añez (2019 – 2020) y Luis Arce Catacora (2020 - ); pero también los abusos militares en el de Banzer (1997 – 2002), Sánchez de Lozada (2003), Evo Morales y de Jeanine Añez, y la corrupción es un hecho presente en todos los gobiernos bolivianos en 40 años de democracia no consolidada. La debilidad del Estado boliviano se refleja en los indicadores de buen gobierno del Banco Mundial entre 1996 hasta 2017: Bolivia siempre tiene problemas con el control de corrupción (25/100 en promedio), el Estado de Derecho (en 2017 llega a 9.6/100) y la estabilidad política (entre 30 – 40/100). Y si a esto sumamos los cuatro indicadores de eficiencia estatal del Banco de Desarrollo de América Latina (burocracia de calidad, transparencia en las compras públicas, participación ciudadana, monitoreo y evaluación), el problema de la debilidad estatal boliviana se amplía a las gobernaciones, los municipios y las universidades en todo el país. 

¿Qué tan fuerte es la sociedad civil boliviana?

Para consolidar una democracia se requiere de confianza. Según el Latinobarómetro, hay dos eventos en los que la confianza en las instituciones públicas bolivianas es alta, 1997 y 2009. Esto se explica por la amplia representación del electorado en las elecciones generales de 1997, en las que además de los partidos “mayoritarios” como el MNR, la ADN y el MIR, participan los populistas UCS y CONDEPA, y los izquierdistas MBL e Izquierda Unida. Es probable que esta participación esté condicionada por la Ley de Participación Popular en 1994 y la reforma constitucional de 1996, que permite 68 nuevas circunscripciones uninominales. Para el caso de 2009, esto se explica por la redacción de una nueva Constitución Política del Estado que, a pesar del descontento en varias capas sociales y regiones, es aprobada ampliamente en un referéndum (61.4%). 

Sin embargo, son dos hechos aislados del resto de la historia política del país. El decreto 21060 de 1985 condiciona enormemente la migración de centros mineros hacia zonas más tropicales en Bolivia (Chapare, una de ellas), lo que implica otro tipo de politización a las históricamente existentes, que se enmarcan entre demandas desde lo indígena, lo regional y lo urbano; mientras que Santa Cruz apunta a un fuerte posicionamiento desde lo cívico desde el año 2003. Podría decirse que son dos movimientos que crecen casi de forma paralela en los últimos 25 años: el movimiento cocalero hace su aparición definitiva en el segundo gobierno de Banzer (1997 – 2002) en respuesta al Plan Dignidad de 1998, que busca erradicar los cultivos de coca ilegales en Chapare y, en 2000, junto al indianismo de Felipe Quispe que marcha hacia La Paz en contra del gobierno de Banzer; por otro lado, la “resistencia civil” de los empresarios cruceños en esta época deriva luego en los pedidos de autonomía del Comité Cívico a la cabeza de Rubén Costas en 2003, aunque la aparición del Comité Cívico se remonta a la década de los 50.

El indianismo y el indigenismo en 2000 ven sus aspiraciones convertidas en candidaturas en 2002 (Felipe Quispe por el Movimiento Indígena Pachakuti y Evo Morales Ayma por el MAS-IPSP), mientras que Rubén Costas es Prefecto y luego Gobernador de Santa Cruz que es, ya, el departamento más próspero de Bolivia. 

Está claro que los partidos políticos son casi inexistentes como canales o vehículos de demandas sociales. Esto revelaría un constante debate político en Bolivia. Es verdadero y a la vez falso: la política boliviana tiende fuertemente hacia la política de bases, es decir, que decisiones de trascendencia política se deciden fuera de los partidos políticos y la política formal, pero, al mismo tiempo, excluir a la sociedad civil organizada es igual a desgobierno: esto explica la vigencia de UCS y CONDEPA, con los que amplios sectores populares se identifican, pero también la Marcha por la Vida de 1986, la Marcha por el Territorio y la Dignidad de 1990, Guerra del Agua en 2000, la Guerra del Gas en 2003, la Marcha de la Dignidad en 2011, la politización de la clase media urbana por el referéndum de 2016, las plataformas ciudadanas y comités cívicos en la crisis de 2019, los movimientos feministas, y las marchas de sectores populares en el gobierno de Jeanine Añez.

Aunque esto revela un juego perverso de la política boliviana: la sociedad civil participa en las decisiones políticas en tanto manifieste lealtad hacia el proyecto político en el poder. La cooptación, que es la participación controlada de la sociedad en el Estado, no es igual a la transformación de ciertas condiciones socioeconómicas, al contrario, es la tergiversación de las demandas sociales. Y aunque los proyectos políticos se digan “gobernar con los movimientos sociales”, en realidad solo neutralizan el debate público. Sociedad civil fuerte, definitivamente no. De lo que se trata es una sociedad civil condicionada fuertemente por las élites que gobiernan. 

Consolidar la democracia boliviana

El funcionamiento del Estado boliviano es deficiente, los partidos políticos inexistentes y la sociedad civil organizada está fuertemente condicionada por los que gobiernan, a nivel nacional y subnacional. Son problemas que Bolivia arrastra por 40 años. El primer desafío radica en transparentar la política boliviana: modernizar la gestión pública y dirigir el debate público hacia la constante vigilancia y la rendición de cuentas. El segundo: en fortificar la democracia directa, es decir, que las decisiones tengan más asidero en decisiones colectivas, en amplio consenso. El tercero, la reducción del aparato público boliviano. De hecho, si uno atiende al último informe de la Fundación UNIR (noviembre 2021 – julio 2022) se encuentra con que, además de que la conflictividad boliviana muestra en 2022 cifras similares a los meses previos a la crisis del año 2019, las principales demandas de los bolivianos están en la calidad de los servicios públicos, la calidad de la gestión institucional y los burócratas, o sea, lo económico y lo institucional (aunque el problema sobre tierras es cada vez más frecuente y violento). 

Pero si uno es más atento se encuentra con que el problema boliviano es la confianza. Esto solo se logra fortificando a la sociedad civil frente al Estado. Menos presidencialismo, más debate. Bolivia necesita menos democracia representativa y más democracia directa. [P]