Recuerdan que el mandato del cabildo es abrogar el DS 4760 y así evitar el paro cívico indefinido en Santa Cruz.
El diputado por la agrupación Creemos, Erwin Bazán, señaló que desde el Gobierno no sólo se pretende postergar la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda, sino también retrasar los resultados del operativo censal, asimismo se difiere la aplicación de un saneamiento del Padrón Electoral Biométrico. El oficialismo insiste en que se maneja el tema como bandera política.
En declaraciones a medios de prensa, Bazán afirmó que se terminaron de develar los planes que se tienen y los cálculos políticos alrededor de la medición censal en el año 2024.
“Indicaron que los resultados del censo se van a entregar entre el 2025 y 2026, la intención es prorrogar el censo y sus resultados para que, evidentemente, no sirva para terminar de configurar la cartografía electoral, la representación política, las circunscripciones para contrastar con el saneamiento del padrón electoral antes de las elecciones”, apuntó.
En este sentido, afirmó que es necesario que los resultados del registro demográfico sean entregados hasta abril del 2024. No contar con estos datos hasta esa fecha significa “caer en una trampa” para que las elecciones del 2025 se realicen con los datos de censo del 2012.
Bazán reiteró que la abrogación del Decreto Supremo 4760, que posterga el censo hasta el 2024, será la señal clara que el Gobierno debe dar para posibilitar un diálogo orientado a la realización del censo concertado.
“Sin la abrogación del decreto 4760 que posterga el censo al 2024 no hay posibilidad de sentarnos a dialogar porque un cabildo de más de un millón y medio dio un mandato, sin un nuevo decreto para el 2023 no hay diálogo y nos vamos al paro”, enfatizó.
Finalizó cuestionando la insistencia del Gobierno nacional para realizar el empadronamiento nacional el 2024 a pesar de no contar una propuesta seria, solvente y sostenida para su ejecución con criterios técnicos.
Desde el oficialismo, se atribuyen las demandas de regiones y grupos cívicos por la ejecución del censo en la siguiente gestión a sectores de la oposición que usan el tema como bandera política para generar nuevos escenarios de conflicto en el país.
Para el senador Félix Ajpi, los anuncios de paro cívico y otras medidas de presión están dirigidos a quebrantar la institucionalidad democrática en el país, actos que deben ser pasibles a sanciones según mandan las normativas vigentes en territorio nacional.
“El gobierno incluso ha ido hasta Santa Cruz a debatir, pero ellos se corrieron, por lo tanto no tienen ningún interés social ni siquiera por el censo. Simplemente lo que quieren es perjudicar el desarrollo económico y quebrantar nuevamente la institucionalidad democrática en el país”, afirmó el parlamentario.
Reiteró que desde el Gobierno se han hecho todas las invitaciones al diálogo y se aceptan las manifestaciones populares como los cabildos, porque están reconocidas por la normativa, sin embargo, los movilizados “no quieren debatir” por lo que deberían ser pasibles a investigaciones y procesos.