La fecha del Censo Nacional de Población y Vivienda, hoy, parece cosa juzgada. Hay un decreto supremo, el 4760, del 13 de julio de este año, que reprograma la encuesta para mayo o junio de 2024. ¿Esto podría cambiar? A priori, no, pero todo depende del éxito o el fracaso del paro indefinido anunciado por el Comité Interinstitucional de Santa Cruz.

Hasta hace apenas 48 horas, el Gobierno había dado señales de una apertura a una posible flexibilización de la fecha del Censo. El vocero presidencial, Jorge Richter, que en agosto hablaba de la construcción de una “fecha colectiva”, poco antes de la mesa técnica finalmente instalada en Santa Cruz ofreció “reducir o abreviar algo” del cronograma.

Pero, el discurso conciliador del Ejecutivo se fue diluyendo a medida que las instituciones cruceñas iban dando pistas de que no aceptarían dialogar con los técnicos del Instituto Nacional de Estadística (INE), ni siquiera habiendo actuado de mediadores representantes del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) con el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), su unidad especializada.

El endurecimiento de la institucionalidad de Santa Cruz hizo también retroceder al Gobierno en su discurso de flexibilidad. El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, descartó modificar el cronograma que sigue actualmente el INE con miras al Censo de 2024.

A todo esto, la Federación Asociativa de Municipalidades (FAM) cerró filas en torno al gobierno de Luis Arce. En prácticamente todos los departamentos a los que llegaron las mesas técnicas, excepto Santa Cruz, primó el respeto a la disposición refrendada con el decreto 4760. Y dentro de la región oriental, las posiciones están divididas.

El alcalde Jhonny Fernández se vino mostrando cercano al presidente Arce —al punto de que en las últimas horas se comenzó a especular acerca de una posible dupla para las próximas elecciones, fuera de la sigla partidaria MAS—, aunque la autoridad de Santa Cruz de la Sierra en los días recientes se expresó a favor de una búsqueda de variación de la fecha del Censo, por primera vez a tono con el Comité Interinstitucional, del que se alejó hace unos meses.

Los departamentos del sur, principalmente Chuquisaca y Potosí, no han pesado en ningún momento en esta discusión, ni siquiera han mostrado mayor interés en participar en ella. Y el resto del país asiste en general como espectador a la confrontación, a esta altura con tintes políticos, entre el Gobierno y la próspera Santa Cruz.

Se trata, claramente, de una disputa en la que se miden posiciones políticas, una suerte de ensayo para saber cómo están parados: por un lado el oficialismo, representado esta vez por el gobierno de Luis Arce, y por el otro la oposición, centrada en esta oportunidad en el oriente boliviano.

La incidencia de los demás es nula y, se podría decir, hasta paupérrima, considerando que está en juego un censo nacional, por supuesto, con incidencia en cada rincón del país.

La información que produzca el Censo permitirá definir aspectos inherentes a la planificación y la distribución de recursos, que deriven de los resultados obtenidos. Para llegar a buen fin se contempla una etapa de preparación, que resultó muy corta este año. Era necesario incluir en el proceso a las autoridades locales y departamentales y terminar un proceso muy importante, la cartografía. También era inexcusable resolver los problemas de límites, algo que no hicieron ni el Instituto Geográfico Militar (IGM) ni el INE.

El Comité de Santa Cruz cumplió con su advertencia de ir a un paro de 48 horas y, en vista de que no cede en su exigencia de la abrogatoria del referido decreto, se encamina a un paro indefinido a partir del sábado 22 de este mes. Ha recibido un respaldo de dos cabildos, uno en La Paz y otro en Cochabamba, sin que se advierta unanimidad ni mucho menos, pero sí hay sectores que no están de acuerdo con el Censo para 2024.

De todos modos, de no tener la demanda regional cruceña un alcance más nacional, difícilmente podrá ser considerada exitosa ni lograr su objetivo de torcerle el brazo al Gobierno, que por su parte ha encontrado apoyo en casi la totalidad de las gobernaciones, además de sus sectores aliados.