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13 de octubre de 2022, 4:00 AM
El jefe de Estado, Luis Arce, enfrenta al menos seis conflictos y protestas que en su mayoría tienen foco en la ciudad de La Paz. Los politólogos coinciden en que los problemas por descontento social y necesidades insatisfechas en el país son provocados por el propio Gobierno, por el MAS y el expresidente Evo Morales.
Las protestas que crecieron en las últimas semanas están relacionadas con la instalación del mercado paralelo de la coca en La Paz; el decreto supremo que obliga a las empresas estratégicas a transferir sus utilidades al Tesoro General de la Nación, la creación de la Gestora Pública sin protagonismo de los trabajadores, las promesas incumplidas de construcción de obras en la provincia paceña de Omasuyos, la postergación del censo y, finalmente, el presidente está cercado por su propio partido que exige el cambio de los ministros Iván Lima, de Justicia, y Eduardo Del Castillo, de Gobierno.
“Los conflictos más fuertes y complejos, como las protestas en Santa Cruz por el censo, los cocaleros de Yungas contra el segundo mercado de la coca y el decreto que exige a las empresas públicas transferir utilidades supuestamente para bonos han sido creados por el propio Gobierno y que ha impactado a La Paz”, sostuvo el jurista Carlos Borth, en contacto telefónico con EL DEBER.
Sin embargo, desde su análisis detecta también “la mano” de Evo Morales en dos de los tres conflictos. Por ejemplo, en el caso la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) ve que el líder del MAS intenta, junto a su dirigencia, tomar el control de los sindicatos de La Paz ya que expresan un discurso disidente.
Asimismo, cree que hay un interés en la no realización del censo, ya que los resultados “pueden desbaratar el padrón electoral e inviabilizar las elecciones para el MAS en 2025. Está la mano de Evo, de Choquehunca y Arce que se ven como candidatos”, dijo Borth.
Para el politólogo Carlos Cordero, las diversas demandas que están cercando al Ejecutivo afectan la “imagen y popularidad” de Luis Arce en un contexto de conflictividad interna del MAS, quien “tendrá que mostrar cuánta habilidad tiene para superar estos escollos”.
“Estamos entrando en una espiral de conflictividad que podría derivar en la paralización del país y ojalá que no ocurra, pero también en hechos con mayor violencia. Uno de los actores principales de esta conflictividad es la inacción, omisión y decisiones equivocadas en el Gobierno y por el otro, diversos actores sociales y políticos que ven sus demandas no atendidas”, sostuvo Cordero.
Los conflictos en el país han ido en escalada desde la decisión de postergar el censo y Santa Cruz ha tomado el mando en estas protestas que derivaron en la determinación de un paro indefinido desde el 22 de octubre, en caso de que el Gobierno no abrogue el decreto que contempla el censo para 2024. Luego siguieron las manifestaciones contra el mercado paralelo de la coca en La Paz, que tras una jornada de violencia el 8 de septiembre empezó la cacería de dirigentes, que son acusados de quemar y tomar violentamente las instalaciones en Villa El Carmen.
En ambos casos, el Ejecutivo logró poner en pausa sus demandas, aunque amenazan con activarse. Ahora enfrenta a los ponchos rojos que exigen obras y a los mineros que no abandonarán La Paz hasta que se abrogue el Decreto Supremo 4783 que obliga a las empresas estratégicas a transferir parte de sus utilidades a las arcas del Estado. Esta última demanda ha generado el respaldo de los fabriles, la Central Obrera Departamental (COD) y los maestros urbanos y rurales.
Ayer no solo los paceños vivieron una jornada tensa por las marchas de mineros y transportistas. También hubo dos bloqueos; uno en la comunidad Tucuta, municipio cochabambino de Tacopaya, que cortó la carretera Cochabamba-Oruro-La Paz para exigir la construcción de una unidad educativa. El segundo bloqueo corresponde a los productores de piña que iniciaron sus protestas en el puente Ichoa, municipio de Entre Ríos, kilómetro 281 de la carretera nacional, para exigir al Gobierno la construcción de una planta procesadora de piña prometida hace más de dos años.
El jurista William Bascopé ve que el Gobierno está “empecinado en no oír” a estos sectores y califica como desatinado tener una pulseada, sobre todo, con las instituciones de Santa Cruz y con los mineros de Huanuni.
“Una sola persona se va a beneficiar con esto y es Evo Morales, quien es su verdadero opositor, y el ala radical que están con todo el interés que Arce no tenga gobernabilidad y, de alguna forma, haya un conflicto duro en este país y que ponga en riesgo la tranquilidad social”, aseguró el analista.
Por otro lado, consideró que es posible que la no atención de las demandas sea parte de una estrategia gubernamental para mostrar su fortaleza, poner en riesgo su Gobierno y tener razones para usar la fuerza pública como lo están haciendo con Adepcoca y que podría aplicarse en Santa Cruz.
“El Gobierno se está desnudando siendo autoritario, dictatorial e imponiendo sus criterios a la justicia”, advirtió Carlos Borth.
Sin duda, otro conflicto que afronta Arce es la guerra interna en su partido. Los constantes pedidos de destitución de los ministros, Lima y Del Castillo, además de las constantes evaluaciones a su gestión han puesto en jaque al Ejecutivo.
El diputado Gualberto Arispe confirmó que Arce y Morales se reunirán hoy en el trópico de Cochabamba para “limar asperezas” y hablar de la coyuntura actual. “Esperemos que el presidente reflexione porque de lo contrario lo van a enlodar en corrupción”, dijo.
