Una de las críticas con las que el MAS justificó la reforma del Sistema Judicial en la Constitución del 2009, fue que las autoridades del Poder Judicial se elegían entre los allegados o partidarios de los tres o cuatro partidos políticos de la democracia pactada mediante el cuoteo de los cargos. Se señalaba que esta forma de elección cupular era la causa central de la dependencia política de los operadores de justicia, por ello plantearon la elección de los jueces a través del voto popular, para poner fin al sistema de “cuotas políticas” y que sea el pueblo boliviano el que elija a las altas autoridades del Poder Judicial. Para Chivi Vargas el voto directo constituía “una revolución copernicana en materia de independencia judicial”.

La reforma del 2009 establece que la Asamblea Legislativa preseleccionará a los candidatos a las más altas autoridades del Poder Judicial por 2/3 de votos, para que luego el pueblo boliviano elija a dichas autoridades mediante voto popular. Al tener el MAS los 2/3 de votos en las anteriores gestiones, no necesito negociar con nadie la preselección de candidatos y de alguna manera se invisibilizó la negociación y el cuoteo parlamentario, sin embargo, el cuoteo siempre estuvo presente, solamente que se hizo al interior del propio MAS.

Hoy la situación es diferente, el MAS ya no tiene los 2/3 y requiere del voto de la oposición parlamentaria para preseleccionar a los candidatos, por lo tanto, está forzado a negociar y llegar a acuerdos para la preselección de candidatos, seguramente, estas negociaciones terminaran imponiendo candidatos tanto del MAS como de Comunidad Ciudadana y CREEMOS, de los cuales el pueblo podrá definir con su voto cuantos magistrados serán afines a cada partido político. El resultado será que el pueblo boliviano nuevamente se limite a avalar con su voto, lo que previamente ya fue preseleccionado por el poder político.

Los Juristas Independientes proponen la creación de la Comisión Nacional de Postulaciones como parte esencial de su reforma que, según ellos, resolverá la falta de independencia de las altas autoridades del Poder Judicial, porque como señalan en su exposición de motivos esta comisión “de manera absolutamente independiente y autónoma, es la encargada de la calificación de méritos e idoneidades personales y profesionales” sin embargo, la experiencia de los anteriores procesos de preselección de jueces del 2011 y 2017, ha demostrado que tener méritos personales, profesionales, libros escritos, títulos, maestrías, doctorados, etc., no es sinónimo de tener idoneidad ética o moral. Por tanto, la confianza absoluta de que la comisión logrará calificar la idoneidad personal y profesional de los candidatos parece exagerada, además la función de esta comisión se limitará a elevar ternas de postulantes para que sea la Asamblea Legislativa la que realmente elija a los miembros del Poder Judicial.

En la exposición de motivos de su propuesta señalan: “Los jueces en nuestro país, con algunas excepciones, no son independientes ni idóneos, y sus decisiones y fallos no son imparciales” ya que “en esencia, conforman el poder político que es el que regularmente los designa”. “El mecanismo para ese control y subordinación ha sido, preferentemente, el de las designaciones, en el entendido de que el juez nombrado es un deudor del cargo y debe pagar permanentes facturas por su nombramiento”. Sin embargo, de manera contradictoria proponen que sea la Asamblea Legislativa la que elija a las altas autoridades del poder judicial por 2/3 de votos, en un retorno al cuoteo político de la democracia pactada, ya que como en la anterior Constitución será en la asamblea donde se realizará el cuoteo y las negociaciones para elegir a los amigos del poder político. Su planteamiento es que sean los políticos de siempre, los que realicen el nombramiento de las autoridades del Poder Judicial, entonces ¿dónde queda el discurso “de que el juez nombrado es un deudor del cargo y debe pagar permanentes facturas por su nombramiento”? ¿Cómo pueden señalar que el problema de la dependencia de los jueces está en su designación por parte de los políticos y plantearnos como solución la designación de los jueces por parte de los políticos? A mi criterio, esta propuesta no sale del esquema del cuoteo político que se viene repitiendo a lo largo de 200 años de vida republicana.