No hubo forma de convencer a Luis Fernando Camacho y Rómulo Calvo, e incluso Vicente Cuéllar, de que no es posible un Censo en 2023, más allá de la tarea mal hecha del Instituto Nacional de Estadística (INE) que obligó la postergación del empadronamiento inicialmente previsto para el 16 de noviembre de este año.

A cada explicación de las autoridades —que sí fallaron en la coordinación, la organización y el cálculo de los plazos— los pretextos abundaron en esa dirigencia, al punto de llegar a insultar a ocho gobernadores, alcaldes y rectores de “cotudos”, “vendidos” o “sumisos”, como si solo ellos tuvieran la razón y la inteligencia para plantear un cronograma de un censo, ahora, en ocho meses, a partir del 22 de octubre.

Ni los ocho gobernadores, de oposición y oficialismo; ni los 10 alcaldes de nueve municipios capital más El Alto, menos la Asociación de Municipios de Bolivia (AMB), la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) y 10 de 11 rectores (descontando ahora a Cuéllar) de las universidades públicas del país cuentan.

Ni los expertos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que antes de la postergación del Censo de Población y Vivienda a través del Decreto Supremo 4760 habían sido más conservadores al plantear octubre de 2024 y ayer ratificaron que los tiempos no alcanzan para 2023, menos las condiciones técnicas.

¿Qué más que esas posiciones y argumentaciones técnicas y prácticas?

Daniel Allende, experto de UNFPA, decía ayer que hacer un censo experimental requiere de un año previo al censo oficial y la tabulación de los resultados otros 12 meses. Y la actualización cartográfica —la deficiencia y la carencia más preocupantes del proceso precensal, debido a su necesidad capital para la obtención de datos— necesita otros 12 meses, complementó la experta de Celade Carolina Cavada.

“No son abstracciones teóricas, vienen de la concentración de la experiencia de esos países” donde se hizo censos, argumentaba Allende, que había dirigido los censos de Chile en 2017 y de Guatemala en 2018, como dicen sus antecedentes.

¿Qué más queda?

Nada más que esperar el paro indefinido a partir del 22 de octubre, como había conminado el cabildo del Comité pro Santa Cruz del 30 de septiembre. “Habrá que arrancar al Gobierno, por la razón de la racionalidad o por la fuerza de la movilización ciudadana, la decisión política” de realizar el Censo en 2023, decía, a manera de declaración de guerra, la propuesta del Comité Interinstitucional presentada al INE.

Camacho, Calvo y Cuéllar —un político emergente de esta pulseta— han quedado en evidencia, desde que reclamaron explicación del avance del Censo 2022, cuestionaron el cronograma del INE, demandaron reuniones al Gobierno, criticaron la solvencia técnica de la postergación, pidieron el traslado de la última mesa técnica de La Paz a Santa Cruz o, simplemente, rehuyeron al debate “técnico” que Calvo desafió al vocero presidencial Jorge Richter.

Su propósito no es el Censo de Población y Vivienda; si lo fuera, habrían aprovechado los tantos espacios abiertos. Su propósito es político, no técnico.

Camacho sugirió desempolvar las viejas acciones de 2004, cuando aludió a la “desobediencia civil” de entonces, a aprovechar la “última oportunidad”, a “tomar decisiones sin miedo” o asumir “medidas contundentes” contra el Gobierno.

El hombre sabe de esas acciones, lo vimos en 2019 invocar a las Fuerzas Armadas, sugerir una “junta de notables”, “tumbar a dinamitazos”, “cerrar” con los militares, redactar una carta de renuncia o el “punto final” contra Evo Morales.

Y Calvo tiene la “receta” para tumbar gobiernos, como se lo advirtió al presidente Luis Arce, de cuya victoria electoral en 2020 dijo que fue fraudulenta.

Así como comienza a oscurecerse el panorama político del país, a vista de los bolivianos y el afán de naturalizar acciones desestabilizadoras por parte de la oposición, el Censo 2023 es, sin dudas, la receta que madura contra la democracia.

Rubén Atahuichi es periodista.