Cuando faltan 10 días para que se venza el ultimátum que ha dado Santa Cruz al Gobierno, para que abrogue el decreto que establece la realización del censo en 2024 y lo adelante para 2023, tal demanda se consolida con las adhesiones, también mediante cabildos, de La Paz y Cochabamba.

Si bien las convocatorias en La Paz y Cochabamba no han alcanzado un número de asistentes tan masivo como el del cabildo cruceño del 30 de septiembre, al que concurrieron al menos 1,5 millones de personas —según las estimaciones del Comité Interinstitucional que organizó este mecanismo de consulta—, la decisión coincidente, en el eje, es que el censo se efectúe en 2023.

Las concentraciones no solamente se han limitado a solicitar el censo para el próximo año, sino que han comenzado a emerger otras demandas, que también son importantes, si se considera que un cabildo suele reflejar las preocupaciones colectivas que urge solucionar. 

En el caso de Cochabamba, se ha exigido un trabajo conjunto para lograr una transformación del sistema judicial que, como se sabe, hoy es dependiente del Gobierno; el cese de la persecución política y que se encarcele al expresidente y jefe masista Evo Morales por los delitos que ha cometido; el fortalecimiento de la familia boliviana, pues se considera que hoy los niños están sometidos a un adoctrinamiento; la convocatoria a una asamblea el 21 de octubre si el Gobierno no abroga el decreto del censo para 2024 y, finalmente, el cabildo ha solicitado que la dirigencia cívica se sume a esta organización ciudadana.

El cabildo paceño ha resuelto, como demandas adicionales, que se libere a los cocaleros de Adepcoca aprehendidos y ha dejado establecido el rechazo al mercado ilegal de Villa El Carmen que cuenta con el apoyo del oficialismo. Ha llamado la atención el gran número de cocaleros legales y gremiales que se han sumado a las plataformas promotoras de esta reunión.

La demanda común, en ambos cabildos, es que el censo se lleve a cabo, sin más dilaciones, en 2023, pero debería preocupar al Gobierno que comiencen a surgir más exigencias para que se resuelvan problemas estructurales como la crisis judicial, un tema de gran complejidad como el de la familia o inclusive se conceda la liberación de los cocaleros yungueños detenidos. 

Los pliegos de las dos regiones llegan en un momento en que Santa Cruz ha descartado la asistencia a una mesa técnica que el Gobierno, en señal de acercamiento, ha trasladado de La Paz a la capital oriental; la condición para dialogar es que se abrogue el decreto que fija el censo para 2024 y que ha desatado las protestas en el eje, pues se considera que el Gobierno, que tuvo 10 años para organizar el empadronamiento, no quiere nuevos resultados poblacionales porque eso obligaría a redefinir la distribución de los recursos públicos mediante un Pacto Fiscal y también debería darse la recomposición de la Cámara Baja con más diputaciones para Santa Cruz. 

A medida que avanzan los días, la situación se complica más para el Gobierno, que poco a poco se queda con una única alternativa para resolver esta crisis: abrogar o abrogar su decreto.