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11 de octubre de 2022, 9:42 AM
Mientras exista el Decreto 4760 no habrá ninguna reunión con el Instituto Nacional de Estadística (INE) para “evaluar” el cronograma del próximo censo. Esa fue la decisión del Comité Interinstitucional que promueve la encuesta para 2023 y el “mandato” del cabildo del 30 de septiembre fue la base para rechazar la última invitación que formuló el Gobierno.
“Para establecer un espacio de confianza y discutir técnicamente la fecha del censo, a la brevedad posible, se debe abrogar el Decreto Supremo 4760 y que el INE nos envíe toda la información que solicitamos” respecto al cronograma y “los criterios técnicos que emplearon para postergar por dos años el operativo que, en principio, fue marcado para el 16 de noviembre de este año”, afirmó el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, quien es el portavoz del Comité del Censo.
Este criterio también fue transmitido de manera formal en una carta al director suplente del INE, Gastón Elías Cordero.
Por efecto de esta respuesta, la ministra de Comunicación, Gabriela Alcón, cuestionó a la Universidad y al Comité del Censo; dijo más bien que ellos “no quieren explicar” su propuesta y que ahora hay “la predisposición” para escuchar la justificación técnica de hacer el censo en 2023. La autoridad no comentó las observaciones al cronograma del INE. “Si se ha trabajado, respondamos al pueblo cruceño”, apostilló.
Pero, el pronunciamiento del Comité del Censo se dio poco después de la valoración que hizo el Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre el alcance del multitudinario cabildo que exigió al Gobierno hacer el empadronamiento en 2023 y no en 2024, como, precisamente, fue fijado por el Decreto Supremo 4760 que aprobó el presidente Luis Arce el 13 de julio.
Así, el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, pidió al Gobierno tomar en cuenta las conclusiones del cabildo con miras a establecer un proceso de diálogo sobre las fechas del operativo estadístico.
La autoridad ratificó que las resoluciones de la gran concentración cruceña no son vinculantes. Sin embargo, pidió al Gobierno insistir en un acercamiento, porque esa postura representa a la población. “No podemos darle un carácter vinculante, obligatorio, pero sí debemos tomar en cuenta, como país, como Gobierno, como sociedad, debemos tomar en cuenta los resultados de un cabildo, porque son la expresión de un grupo”, afirmó la autoridad.
El TSE, a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), avaló el cabildo que se congregó a los pies del monumento Cristo Redentor. Allí se reunieron cerca de 1,5 millones de personas, según datos aportados por las instituciones que organizaron esta actividad. El TSE actuó en el marco del artículo 11 de la Constitución que reconoce a los cabildos como uno de los mecanismos de la “democracia directa”. El 30 de septiembre, fue la primera vez que el Órgano Electoral reconoció a una asamblea de esta magnitud en Santa Cruz.
En ese contexto, Hassenteufel recalcó que el diálogo es el mecanismo para buscar soluciones. “No podemos estar confrontados permanentemente”, dijo poco antes de recordar que la democracia es la búsqueda de consensos, pensando en lo mejor para el país.
“La democracia significa diálogo, discusión, búsqueda de acuerdos. Hay que seguir insistiendo”, remarcó la autoridad tras un evento en el que se conmemoró el 40 aniversario de la conquista de la democracia en el país.
El cabildo otorgó un plazo hasta el 21 de octubre para que el Gobierno modifique la fecha del censo. Si el pedido no fuese atendido, habrá un paro indefinido, según las resoluciones de esa asamblea.
La demanda cruceña fue respaldada ayer por una movilización de gremiales y cocaleros. Estos últimos reclaman al Gobierno por la instalación de un mercado “ilegal” de coca y la “detención indebida” de una veintena de dirigentes que se movilizaron, precisamente, contra ese mercado.
“¿Para qué nos sirve el censo? Somos más de dos millones de comerciantes y, ahora, con los campesinos de Yungas vamos a llegar a dos millones y medio. Queremos saber a quién le falta vivienda, a quién le falta capital, a quién le falta un puesto de venta. Por eso es urgente el censo, pero en 2023. El 2021, hemos hecho anular la Ley 1386 con apoyo de los cívicos. Ahora, vamos a pactar también que se anulen otras leyes que nos afectan y vamos a luchar por el censo”, afirmó Figueroa durante el cabildo que tuvo lugar en la plaza San Francisco, de La Paz.
Allí dieron 14 días para que el Gobierno atienda sus demandas y amenazaron con bloqueos.
Algo similar sucedió en la plaza de las Banderas de Cochabamba, donde dirigentes de las plataformas ciudadanas, cívicos y otros sectores se reunieron en un cabildo para exigir que el censo se haga el 2023. Anticiparon medidas de protesta escalonadas si el Gobierno no atendiera la demanda. También demandaron la reforma judicial y la liberación de los “presos políticos”.
El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) se reunió el fin de semana en Santa Cruz y también resolvió dar “un apoyo pleno al paro ciudadano” que comenzará en caso de que no se logre un acuerdo sobre una nueva fecha del censo”.
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, afirmó que hay tiempo; 12 días en total, antes de que concluya el plazo.
“Tienen cerca de dos semanas para poder abrogar ese decreto. Tienen el tiempo de sobra. Que muestren voluntad política, que el Gobierno deje su soberbia y su odio contra Santa Cruz, porque queremos el censo en 2023. No nos vamos a vender por tres chupetes ni nos vamos a vender por plata”, remarcó la autoridad.
El Gobierno convocó a la “mesa técnica” de este martes para “evaluar y construir los criterios técnicos emitidos por el INE sobre el cronograma presentado”. En un primer momento, se anunció que la reunión sería para escuchar los criterios técnicos de ‘la Gabriel’ sobre su propuesta de cronograma. Poco antes de la invitación, el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, calificó el plan de “incompleto”. Pero, el sábado, la autoridad evitó reafirmar esas observaciones y anunció que la reunión se haría en Santa Cruz.
Eso sí, a la cita se sumaron otros actores del resto del país. Por ejemplo, las alcaldesas de El Alto, Eva Copa, y de Cobija, Ana Lucia Reis, confirmaron su participación porque el INE invitó a la Asociación de Municipios de Bolivia (AMB). También estarán delegados de la administración de Jhonny Fernández, aunque con observaciones a los plazos “extendidos” del INE para poder llegar a mayo o junio de 2024.
“No ha habido una actitud clara, sincera y verídica de las autoridades del Gobierno. Si algo hay que reclamar es el déficit comunicacional y la manifiesta voluntad de querer imponer criterios”, afirmó el economista Horst Grebe, quien también ve una pugna de liderazgos en Santa Cruz.
