Vamos a escuchar, en ocasión de celebrarse los 40 años de la recuperación de la democracia en el país, evocaciones sobre este largo período que ha dejado grandes enseñanzas a los bolivianos, pero sobre todo una: que se debe evitar, por todos los medios, una involución que nos lleve a vivir una etapa semejante a la de las dictaduras militares. En efecto, esta nueva etapa de la democracia puso fin a regímenes de fuerza en los cuales se daba una vulneración permanente de las libertades fundamentales de la población, al extremo de que ese abusivo ejercicio del poder ilimitado derivó en asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, entre otras violaciones a los derechos humanos. El ejercicio del poder en los regímenes de facto implicó también la corrupción y otros delitos vinculados con el manejo ilegal y discrecional de los bienes y el erario público. El epítome de aquel periodo de lamentable memoria fue la degradación del Estado —entre el 17 de julio de 1980 y el 4 de agosto de 1981, durante la dictadura del general Luis García Meza Tejada y su lugarteniente, el coronel Luis Arce Gómez— a un narcoestado, es decir, en el funcionamiento de las instituciones estatales al servicio del narcotráfico y de uno de sus mayores “peces gordos” en ese entonces, Roberto Suárez Gómez, conocido como el “rey de la cocaína”. No obstante, cuatro décadas después, hay signos preocupantes de un retroceso que es necesario revertir, para evitar que la democracia experimente un mayor deterioro. Es preocupante que, desde hace 16 años, el MAS intente eliminar el principio de la separación y control cruzado de los poderes del Estado, para concentrarlos en el Ejecutivo; toda la evolución política moderna se fundamenta en la limitación al poder, que es el pilar del constitucionalismo y del Estado Constitucional Convencionalizado de Derecho y, además, la garantía para el ejercicio de los derechos humanos. Cuando el poder se concentra en el Ejecutivo, el Estado involuciona a los días en que un monarca absoluto era dueño de vidas y haciendas o, peor, toma la fisonomía de una autocracia o de un régimen dictatorial y totalitario, como los que tomaron el poder antes de la recuperación de la democracia. Los gobiernos de los últimos 16 años se han caracterizado por ejercer un férreo control de los poderes Judicial, Electoral y Legislativo, con lo cual se ha debilitado a la democracia; la falta de respeto a los límites de cada poder ha derivado en una crisis judicial sin precedentes; en la insistencia del expresidente Evo Morales en eternizarse en el poder bajo la mentira de que la reelección es un derecho humano; en las ejecuciones, torturas y abuso de la detención preventiva del tristemente célebre caso del hotel Las Américas; en el martirio judicial de José María Bakovic y Marco Antonio Aramayo —para citar sólo dos casos— y otras violaciones a los derechos humanos que no deberían ocurrir en un Estado Constitucional Convencionalizado de Derecho. Bolivia llega a 40 años de la vigencia del sistema democrático, pero con un serio déficit que debe ser resuelto con una mayor participación ciudadana, para evitar que las tentaciones autoritarias dañen la democracia.