Un evidente retroceso en las libertades políticas marca la celebración, este 10 de octubre, de los 40 años de instauración de la democracia en Bolivia. Un retroceso que se evidencia sobre todo en los datos que arroja la lista de al menos 120 presos políticos, a la que hay que añadir otra más extensa de ciudadanos sometidos a juicios digitados desde el poder central y, muchos de esos bolivianos, obligados al exilio. 

Una realidad que deja al descubierto la inexistencia de seis de siete características propias de un sistema democrático: Estado de Derecho, división de poderes, elecciones limpias, periodicidad de mandatos, publicidad de los actos de gobierno y sistema de control. Sólo una está presente, la del voto universal. Y eso, cumpliéndose a medias, si consideramos la falta de transparencia en los procesos electorales.

Es cierto que esta falta de transparencia en las elecciones no es un mal exclusivo de los últimos 17 años. Se arrastra desde los primeros años transcurridos desde 1982. Fue y sigue siendo un tema pendiente en la agenda democrática del país, pero ahora con una carga más pesada, resultado de la pérdida de autonomía que había comenzado a ganar la entonces llamada Corte Nacional Electoral, hoy Tribunal Supremo Electoral. 

Una pérdida de autonomía que afecta no sólo al TSE, sino a todas las otras instituciones del Estado, controladas por un poder central que las degrada, las manipula y las usa para acallar las voces críticas y disidentes de la voz oficial, sean éstas de la oposición política o de cualquier otro sector de la sociedad civil. Esto es lo que vive Bolivia desde hace década y media, sin que se vislumbre a corto o mediano plazo un freno a esta apuesta, sino más bien todo lo contrario: más autoritarismo y más proximidad a una autocracia.

Un peligro real, no apenas latente, alimentado no sólo por el Gobierno central de turno, sino también por el mal y hasta pésimo desempeño de la clase dirigente en general, cada vez más desconectada de los asuntos que demandan atención urgente. En otras palabras, como lo venimos repitiendo hace ya un buen tiempo, la culpa de este retroceso no es sólo del MAS, sino también de quienes se dicen opositores al régimen o contrarios al ejercicio de un poder que va camino a dar el salto del autoritarismo al totalitarismo.

Una realidad no exclusiva de Bolivia, es verdad, tal como lo demuestra el registro de otras experiencias en la región, como los expuestos en tres informes regionales citados en un interesante artículo publicado en el portal Diálogo Político: el Latinobarómetro de 2021; El apoyo ciudadano a la democracia en América Latina, de Lapop y Diálogo Político 2022, y Riesgo político en América Latina, de la Universidad Católica de Chile, también de 2022.

Una tendencia global preocupante que nos obliga a mirar con más cuidado lo que sucede en la región, pero sin perder el foco de lo urgente, que no es otra cosa que lo que ocurre en nuestro país. Y nada más oportuno que este momento, cuando todas las miradas están puestas en este 10 de octubre como fecha emblemática en la historia democrática de Bolivia. Más de instauración que de recuperación de la democracia, como dice Jaime Paz Zamora, justificando su postura en un detallado recuento de la historia nacional. 

Un ejercicio que vale la pena hacer, al término del cual es difícil no coincidir con lo dicho por el expresidente Paz Zamora: salvo algún breve periodo de inicios del siglo XX, Bolivia no gozó de las bondades de la democracia, como lo prueban los sucesivos golpes civiles y militares, e incluso el largo periodo de la revolución del MNR iniciada en 1952, marcado por un régimen altamente centralista, alentador del pensamiento único y con prácticas violentas y de persecución política.

Un ejercicio insoslayable, además, para identificar con claridad los retos a ser encarados con urgencia por la clase dirigente, hoy dispersa y desconcectada de los asuntos centrales que no se limitan a la demanda del Censo Nacional de Población y Vivienda, aunque éste representa hoy, sin duda, una de las principales batallas a librar en la gran pelea nacional por la vigencia plena de las libertades democráticas. ¿Estará esa clase dirigente a la altura de las circunstancias? ¿Logrará reinstaurar la democracia, hoy politraumatizada?