“Una vez más se constata cómo la justicia ha sido secuestrada por el poder político (…) tenemos una cúpula en el Órgano Judicial que se cuotea los cargos como si fueran botín político del partido de gobierno. Las declaraciones del presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, no sólo dan cuenta de la repartija de los cargos judiciales, sino del inminente peligro que el año 2023 en las elecciones judiciales se producirá un nuevo copamiento político partidario…” (Página 7, 3, octubre 2022).

Estas afirmaciones de los Juristas Independientes resumen bien el contenido principal de un “audio” en el que Molina, como militante del partido de gobierno antes que como presidente del Consejo de la Magistratura, revela los móviles para el nombramiento de jueces y su preocupación por los comicios judiciales del próximo año, en los cuales “la derecha” ante la división del oficialismo podría tener chance. 

La “revelación”, que apenas confirma parte del tráfico de influencias y la partidización del Órgano Judicial, fue sin embargo negada y respondida, primero por el propio Molina y luego por el Ministro de Justicia.

Molina, en un “Comunicado” del Consejo, no ahorró adjetivos y amenazas, desde “mentira grosera” hasta “tergiversación de audios editados y manipulados”, concluyendo con acciones judiciales en caso de que “Página 7... no se retracte públicamente”. Y el ministro Lima, que semanas antes presentara a

Molina como el gran ejecutor de la “institucionalización” de los cargos judiciales, no tuvo el menor reparo en condenar no el contenido del audio, sino el hecho de su grabación y difusión que sería “el delito mayor” frente al pecado venial de Molina que además, según Lima, fue “tergiversado”.

No tiene caso ya, con la transcripción en mano del audio, refutar a Molina y a Lima en su burdo y común intento de minimizar la grosería cínica que están protagonizando, sino de ir al fondo de una crisis que ha devenido en tragedia y que ahora se devela como podredumbre de la administración de justicia.

Se trata de la demolición completa de la independencia judicial, a partir de la partidización de la cúpula judicial con motivo de las “elecciones judiciales”, primero en 2011 y luego en 2017, cuando los 2/3 del MAS nominaron como candidatos al Órgano Judicial a sus adherentes, militantes y empleados, que si bien fueron rechazados mayoritariamente por el voto nulo y blanco, ejercieron y ejercen todavía funciones jurisdiccionales violentando la Constitución.

De ahí viene Marvin Molina, empleado público en por lo menos ocho ministerios del anterior gobierno masista; “elegido” suplente del Consejo de la Magistratura y convertido en titular y presidente, cuando el anterior fue defenestrado en 2021 por una acción judicial del Ministerio de Justicia, cuyo titular, ahora, es otro exmagistrado suplente del Tribunal Supremo, “elegido” en 2011 también de las listas del partido oficialista. 

Basta de cinismo. Así como muchos autos supremos y sentencias constitucionales se redactan en el Ministerio de Justicia, también desde allí se digita a la “Magistratura”. No es que Molina coordinaba con el MAS; es el operador de ese partido que, en coordinación con el Gobierno, ha tomado el control del Órgano Judicial llevando al extremo la dependencia judicial del poder político.

Por ello, son risibles por igual la “renuncia” de Molina a la presidencia del Consejo y no a la consejería, como la anunciada “investigación” del Ministro de Justicia que no sólo promovió a Molina, sino que tiene en sus manos los hilos de varias marionetas instaladas en la cúpula judicial como supuestos “magistrados”.

Acabemos con esto. Es que los hechos revelados y confesados apenas son la punta de un enorme témpano de prebendalismo, tráfico de influencias, fabricación o desaparición de fallos, falsificación de fechas, corrupción y retardación de justicia, como conducta cotidiana de la cúpula judicial, coordinada por el Ministerio de Justicia que todavía intenta encubrir sus actos detrás de una supuesta reforma judicial en marcha. ¿O no era “reforma” lo que anunció Lima cuando a fines de agosto presentó a Molina para la “institucionalización de cargos”?

No hay tal. La única Reforma posible es la que están impulsando los Juristas Independientes; la que plantea independencia e idoneidad de los magistrados con una selección de postulantes en base exclusivamente a méritos, a cargo de una Comisión de Postulaciones; con un presupuesto digno para la administración judicial y con acceso universal para los pueblos originarios y los barrios populares. Esa propuesta está en marcha y cuando el Tribunal Supremo autorice y los libros de adhesión estén en las calles, se promoverá una gran cruzada nacional que puede abrir un momento nuevo, al menos en la administración de justicia.