Se viven, nuevamente, tiempos de tensión política. Esta vez por la fecha del Censo de Población y Vivienda, que estaba anunciado para noviembre de 2022 y que ha sido postergado por dos años más por el Gobierno.

Es Santa Cruz la región que lidera la oposición a esta postergación, y exige que dicha encuesta nacional se realice dentro de un año, en 2023.

El Gobierno ha dado por cerrado el tema y aprobó el Decreto Supremo 4760, que posterga hasta mayo o junio de 2024 el Censo de Población y Vivienda.

Es importante hacer este recuento de antecedentes porque lo que parecería un asunto de fechas y aspectos técnicos relacionados al proceso, es más bien el escenario de una nueva pelea y juego de poder.

En teoría, los censos deben realizarse con una distancia de máximo una década, pues son fuente primaria de información estadística que permite planificar políticas de desarrollo. En el país, adicionalmente, es la base para la distribución de recursos y según la Constitución Política del Estado también para la distribución de escaños parlamentarios.

Aunque esta pelea ha puesto como rivales a Santa Cruz y al Gobierno, en realidad debiera ser una solicitud de todas las regiones la realización de un censo que ponga a disposición de todos una fotografía actualizada de la población nacional; sin embargo, al ser el departamento de Santa Cruz el que más migración ha recibido en los últimos años, y el que tiene el mayor movimiento económico y consecuente crecimiento, es natural que la demanda por la no postergación de esta encuesta nacional sea liderada en el oriente.

Sin embargo, acá no termina, sino más bien empieza la pulseta, que es, en rigor, netamente política: se enfrentan dos visiones de Estado, se enfrentan dos visiones del desarrollo y se enfrentan también dos narrativas con sus respectivos propósitos.

El Gobierno, que podría muy bien encarar una discusión transparente y técnica por un censo que es de su estricta responsabilidad y obligación, prefiere acudir a la retórica de la conspiración golpista, del regionalismo, de la acusación a las élites y otros recursos que ya son conocidos. Claramente, para el Ejecutivo eso es más fácil y efectivo que reconocer su inoperancia en la organización de un proceso que debiera estar prácticamente listo -como lo anunciaron las propias autoridades poco antes de su suspensión- y al cual está sumiendo en una serie de imprecisiones técnicas que no tienen asidero. Por supuesto que, en el fondo, lo que el MAS no quiere es arriesgarse a una nueva repartición de escaños de diputados que seguramente no le sería favorable; es decir, dar a Santa Cruz más representantes en detrimento de regiones donde tiene mayor influencia. Postergando el censo para 2024, la elección de 2025 se basaría en la actual distribución de representantes.

Además, la oposición apuesta a que el censo permita depurar el padrón electoral, tan cuestionado en los últimos comicios nacionales y regionales por las sospechas de contener una base de datos favorable al oficialismo.

Finalmente, en medio de una pugna interna, el MAS también aprovecha este entuerto para reafirmarse como el “dueño del poder” y declarar la guerra a los que considera sus enemigos acérrimos, los “golpistas”, la derecha, el comité cívico cruceño, etc.

Por su parte, Santa Cruz tampoco es una taza de leche y la oportunidad se ha brindado por un lado, para encender las nostalgias de algunos por la que consideran la gesta de los 21 días (2019) y se habla hasta de doblar el brazo al Gobierno a la fuerza; por otro lado, es también el espacio para dejar ver las diferencias que hay en el mismo Santa Cruz sobre la forma de encarar estas diferencias con el Ejecutivo.

El Gobierno, a través del INE, ha citado a una reunión este 11 de octubre para socializar los avances del censo; Santa Cruz condiciona su asistencia al cambio de fecha y se prepara para un paro indefinido desde el 22 de octubre.

Claramente, no está en la agenda la solución sino, por el contrario, la demostración de fuerzas a las que nos tiene acostumbrada la política nacional. El censo, que todos esperamos y necesitamos, se ha convertido en el nuevo pretexto para la confrontación.