El 10 de octubre de 1982 se reconquistó la democracia en Bolivia, luego de 18 años de dictaduras militares, con un interludio civil de Luis Adolfo Siles Salinas, un gobierno militar contradictorio (Ovando) que nacionalizó la Gulf Oil y permitió la vigencia de los sindicatos, pero asesinó cruelmente a los guerrilleros de Teoponte, y otro (Torres) que intentó ponerse del lado del pueblo, pero fracasó en su intento.

La resistencia del pueblo boliviano, de sus organizaciones sindicales encabezadas por la COB (¡Qué diferente a la caricatura de ahora!) y de varios partidos políticos (PCB, PC-ML, ELN-PRTB, MIR, PS, PS1, las distintas versiones del POR), hicieron posible la reconquista de la democracia. Los militantes de dichas organizaciones y partidos fueron perseguidos, encarcelados, torturados, exiliados y asesinados, pero la firmeza de sus convicciones y su valentía permitieron la derrota de las dictaduras.

La iglesia Católica y la Metodista también jugaron su papel. En el 30 aniversario de este hecho fundamental, Lupe Cajías publicó en La Patria un artículo titulado “30 años de democracia. Religiosos y periodistas las aristas de la intolerancia”, en el que hace una referencia al documento que inspira este artículo de la siguiente manera: “El momento más trascendente e histórico fue en septiembre de 1980 cuando la CEB se reunió en Cochabamba y condenó abiertamente la violación de derechos humanos y emitió el documento ‘Dignidad y Libertad’, piedra angular de la lucha por la democracia y las libertades ciudadanas”.

Dicho documento vio la luz el 8 de septiembre de 1980, cuando había trascurrido un poco más de un mes del sangriento golpe de Estado de García Meza. Regía el toque de queda entre 11 de la noche y las 6 de mañana, y la represión, asesorada por paramilitares argentinos, era brutal, como lo demostró el asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz, Gualberto Vega y Carlos Flores el mismo día del golpe.

El diario católico Presencia había sido clausurado por haber publicado el 7 de septiembre, sin advertirlo, una invitación del MIR (en acróstico) a celebrar su noveno aniversario. El gobierno se aprestaba a dictar una “ley de seguridad del Estado” con la cual, como sucedió durante la dictadura de Banzer, se pretendía legalizar los atropellos que cometían los paramilitares y demás congéneres del gobierno de García Meza y Arce Gómez.

En tal momento se publicó “Dignidad y Libertad”, que sostenía que no se podía afirmar con justicia que los males y problemas del país se debían al proceso participativo ni al ejercicio legítimo de las libertades ciudadanas, añadiendo que tampoco se podía negar la autenticidad de las aspiraciones populares hacia la libre y activa participación en la vida pública de la nación y afirmando categóricamente que no era posible aprobar la violencia empleada para interrumpir un proceso constitucional en el que grupos radicales eran minoría no decisiva.

Decía la carta: “Durante estas últimas semanas hemos tenido conocimiento con dolor, de la muerte violenta de ciudadanos, apresamientos y torturas físicas y psicológicas, allanamientos y robos, destrucción de instalaciones radiales y de otros bienes, persecución y amenazas aún a personas sin culpa, despidos masivos de empleados y obreros, negación de salvoconductos a asilados en representaciones diplomáticas, confinamientos, destierros y otros abusos”, para agregar que “Numerosos sacerdotes, religiosos y religiosas, fueron detenidos, algunos torturados, aunque luego liberados, casi todos sometidos a tratos humillantes. Una treintena de casas de religiosas fueron allanadas, muchas sometidas al saqueo y un buen número de sacerdotes tuvieron ocultarse debido a las amenazas recibidas”.

Luego de concluir con la descripción de lo que sucedía en Bolivia, el documento preguntaba: ¿Cómo pueden llamarse cristianos quienes cometen violaciones contra esa altísima dignidad del hombre o quienes sustentan doctrinas en las que muchos hombres no son considerados como hermanos, sino como enemigos?

Luego proclamaba los derechos individuales y sociales:

Derechos individuales. A la vida; a la integridad física y síquica; a la buena fama de las personas; a la libertad y a la seguridad de la persona, de sus familias y de sus hogares; a la libre circulación y residencia; a la protección legal; a la libertad religiosa, a la libertad de pensamiento y de conciencia.

Derechos sociales. A la libertad de la educación y cultura; de reunión y asociación; trabajo; a la seguridad laboral y a la sindicalización libre; a una vida familiar normal; a la expresión y a Ia información objetiva; a la participación política y a la libre opción del sistema político.

En relación a la libertad evangélica de la Iglesia, la carta decía que “las falsas acusaciones que se hacen desde instancias oficiales a supuestos ‘extremismos’ en la predicación del Evangelio en su integridad; o las presiones sobre obras sociales de la Iglesia injustamente calificada de propiciadora de ‘doctrinas foráneas y marxistas’, obligan a formular algunas precisiones, dentro de las cuales señalaba que así como no aprobaba desviaciones que podían darse, reclamaba la plena libertad religiosa, sin interferencias ilegítimas”. Y concluía con una exhortación final en la que convocaba a no perder la esperanza.

La carta frenó en seco la “ley de seguridad del Estado” de la dictadura. Fue firmada, entre otros, por Clemente Maurer, el primer cardenal que tuvo el país. Julio Terrazas, el segundo cardenal, era entonces obispo auxiliar de La Paz y también la firmó.

Con la valentía propia de quienes asumieron con autenticidad su condición de pastores del pueblo de Dios, los obispos se enfrentaron a una de las más crueles dictaduras que tuvo que soportar Bolivia, contribuyendo de manera decisiva a que, tiempo después, Bolivia pudiera gozar de un sistema democrático, ahora puesto en riesgo por quienes pretenden prorrogarse ad infinitum en el ejercicio del poder.

La iglesia Católica boliviana actuó como una iglesia profética, que denuncia las injusticias y anuncia la Buena Nueva. Lo sigue haciendo hoy.