La autocracia es lo contrario a la democracia. La expresión moderna de la autocracia es la dictadura. Esta se da cuando el poder no radica en la ciudadanía ni es delegado por esta, sino que es tomado por una fuerza fáctica armada (por lo general, militar).

En su ejercicio, el poder se concentra en el Órgano Ejecutivo o en su presidente. No existe una división de las funciones del poder. El Ejecutivo hace las normas y a su vez las ejecuta y, en algunos casos, además, administra justicia. Lo que se impone es la voluntad del dictador, no la ley y menos los derechos (ausencia del Estado de derecho). Por esta razón, una de las características de la dictadura, en su resultado, es el genocidio.

El objeto de la gestión pública, en una dictadura, no necesariamente es garantizar el bienestar común, sino otros que tienen que ver con el etnocentrismo (como en África), la lucha ideológica (como en los fascismos y socialismos) o simplemente con ejecutar propósitos de intereses extranjeros (como en Latinoamérica). Por eso, no existe en absoluto un mínimo de participación ciudadana. Finalmente, en un gobierno dictatorial no existen los mecanismos de control al ejercicio del poder.

Así ocurrió y funcionó en Bolivia y en varios países latinoamericanos con las dictaduras militares de la segunda mitad del Siglo XX, propiciados por el gobierno estadounidense, en función a sus intereses de dominio económico (recursos naturales y otros) e ideológico (lucha contra el comunismo).

Tras la recuperación de la democracia en 1982, Bolivia ha tenido grandes avances en el perfeccionamiento de su modelo de gobierno democrático. Sin embargo, aún quedan demasiados vicios de esa dictadura militar. Algunos de esos desafíos para superarlos son los siguientes:

1) La concentración del poder en los órganos ejecutivos. La mitad de los legisladores/as no son elegidos por los ciudadanos/as. Ingresan al poder gracias al voto para el presidente o para el partido. Este vicio permite el dominio de los Ejecutivos sobre los Legislativos, lo que genera esa concentración fáctica del poder en los primeros.

2) La débil división horizontal de las funciones del poder. Los legislativos ejercen algunas funciones que corresponden a los ejecutivos. Esto otorga a los primeros cierto poder de veto sobre las acciones de los segundos. Por el otro lado, los ejecutivos tienden a ejercer la función de normar -que corresponde a los legislativos- mediante decretos. Lo hace, así, pese a que la Constitución lo prohíbe (CPE, arts. 14.IV y 109.II). Como ejemplo, estos días se aplicará un decreto (DS 4740) que restringe el uso de vidrios oscuros en automotores y obliga a su registro y pago injustificado, cuando una norma así corresponde al Legislativo (reserva de ley). Otro ejemplo es que la gente crea que es el Órgano Ejecutivo quien debe trabajar en la reforma de la justicia, cuando eso le corresponde al Legislativo.

3) La mantención de una Policía boliviana con características propias de las dictaduras militares. La Policía aún tiene funciones de administrador público (inspección técnica vehicular, etc.), se visten con botas de combate, cometen abusos de poder al estilo de los setenta, etc. Estos días, al aplicar ese decreto 4740, seguramente los policías saldrán a detener e intimidar a los ciudadanos/as con actitudes prepotentes y hasta amenazas, al estilo de las dictaduras militares. El Ejecutivo al parecer lo hace solo para darle a la Policía un campo de acción que les permita sacar sobornos a los ciudadanos y no necesariamente por cuestiones de seguridad ciudadana, pues no se trata de una medida idónea. Este comportamiento gubernamental está claramente alejado del Estado de derecho, y más cercano al de una dictadura.

4) La arbitrariedad en las decisiones sobre los asuntos públicos, propia de las dictaduras. Lo que rige y orienta la gestión pública no son las ideologías y mucho menos los intereses de poder, sino los derechos. Para esto es indispensable el diseño de un modelo de gestión que permita garantizar efectivamente el acceso a las condiciones igualitarias para el ejercicio de los derechos. Actualmente no funciona el proceso de gestión (diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación) ni existen mecanismos de priorización. Los gobernantes junto a los poderes fácticos definen arbitrariamente el destino de los recursos públicos. Tales decisiones no se basan en las necesidades de calidad de vida y menos los derechos humanos.

5) El inefectivo sistema de control al ejercicio del poder. Supuestamente se cuentan con organismos independientes de control. Sin embargo, esa independencia no funciona como debe. En algunos casos, como el de las unidades de transparencia, es mucho peor: dependen de las instancias a las que deben controlar.

 6) La escasa participación ciudadana sobre los asuntos públicos. Esto es elemental para superar la concentración del poder en los gobernantes y en los poderes fácticos; entre otros desafíos.

Tras 40 años de la recuperación de la democracia, la gente y los propios gobernantes, aún creen que el Órgano Ejecutivo puede normar (prohibir y obligar), que le corresponde a este trabajar en la reforma de la justicia, que la Policía puede detener a los ciudadanos sin motivo, etc. Lo que implica que la sociedad boliviana aún no ha superado la cultura de las dictaduras militares. Es necesario que lo haga pronto y que asuma a plenitud la cultura de la democracia.

PLURALIZANDO LO PÚBLICO 

Carlos Bellott L.

Constitucionalista en temas de organización y funcionamiento del Estado

carlos.bellott@gmail.com