Que la justicia esté prosternada ante el MAS no es una exageración. 

La declaración del Presidente, en una entrevista cuando asistió a la última asamblea de la OEA, en la cual afirmó que el Poder Judicial en el país no sufre de injerencia alguna y que los organismos internacionales no han accedido a suficiente información al formular sus lapidarias conclusiones en sentido contrario, ahora queda desvalorizada tras la caída del expresidente del Consejo de la Magistratura Marvin Molina. 

Según se pudo establecer, gracias a la filtración de un audio en el cual Molina conversa con legisladores y dirigentes del MAS, y cuyo contenido fue publicado por el diario Página Siete, es que no sólo había tal injerencia sino que el Consejo de la Magistratura, que es el órgano administrativo y disciplinario del Poder Judicial, se ha convertido en la institucionalidad que promueve el sometimiento de los estrados judiciales al MAS, mediante la selección y nombramiento de jueces de esa fuerza política. 

En la referida conversación, Molina pide a los masistas con los cuales dialoga que le sugieran nombres de abogados afiliados o afines a ese partido para designarlos como jueces. Y su descaro es tal que inclusive asume el rol de estratega político al exigir, con total desmesura y falta de sindéresis, que en las elecciones judiciales de 2023 las dos facciones en las cuales al parecer, sin vuelta atrás, se ha escindido el masismo se unan para controlar también el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional. Si el MAS pretende ejercer el control sobre los máximos tribunales de la justicia ordinaria y de la jurisdicción constitucional, habría que preguntarse dónde queda lo que dijo el Presidente: que no hay injerencia. 

Causa estupor la frialdad con que Molina ejecuta la tarea inconstitucional de liquidar la separación de funciones que garantiza la independencia e imparcialidad del Poder Judicial. Que funcione un “consejo”, a la cabeza del Ministro de Justicia, que le haya dado instrucciones, según confesó, para la repartija de cargos judiciales. Y también que sólo hubiera renunciado a la presidencia —en realidad, después de conocerse lo que dijo no había posibilidad de que continuara en funciones— para seguir en el Consejo de la Magistratura. Lo menos que puede exigirse es que dimita y que sea investigado para determinar las responsabilidades en que incurrió. 

El caso de este audio filtrado, sin embargo, sólo ratifica lo que señalan los informes internacionales —el del GIEI o el del relator Diego García-Sayán, por citar dos ejemplos— y expertos: no hay una justicia independiente e imparcial, sino que es genuflexa y obedece al MAS y en especial al jefe de ese partido. En términos más llanos, la justicia está podrida.

No se resuelve una crisis de esta dimensión con la renuncia de un funcionario venal como Molina. Se precisa una reforma integral, acaso por la vía del referendo constitucional, como propone un grupo de juristas independientes. Lo que está fuera de duda es su carácter de urgencia, para evitar más daños al Estado Constitucional de Derecho y a la democracia.