La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) defendió ayer el plan para llevar adelante el censo en 2023. Lo hizo sobre la base de un planteamiento que está sustentado en el análisis técnico de los plazos de cada una de las etapas que se deben cumplir. Según la propuesta, los primeros resultados de población se pueden conocer tres meses después del gran operativo estadístico.

Esto sucedió momentos en los que el Gobierno y el Instituto Nacional de Estadística (INE) intensificaron un plan para mostrar los “avances del censo”, pero en el marco del Decreto Supremo 4760 que estableció que la encuesta se haga un día, aún no definido, de mayo y junio de 2024. Luego de tres meses de desencuentros y de un multitudinario cabildo, la institucionalidad cruceña se prepara para un paro indefinido que podrá cumplirse dentro de 15 días si el Gobierno no anula el cuestionado decreto.

En efecto, restan dos semanas para que también se pueda evitar la extrema medida en esta región.
Así, Melvy Vargas, una especialista en demografía de la Uagrm que fue parte de los operativos censales de 2001 y 2012, consideró que el Gobierno incurrió “en varias contradicciones” para llevar adelante la encuesta y expuso los alcances de la propuesta de la universidad. “Hay todo un análisis del proceso y la expresión gráfica de esta propuesta está en las dos hojas” con las que el Gobierno intentó deslegitimar el plan.

De este modo, consideró posible que los resultados de la encuesta nacional comiencen a divulgarse tres meses después del operativo, también conocido como “el día D”. “Se puede comenzar con los datos de población nacional y por departamentos; luego el resto de la información más especializada”, apuntó. 

Precisó, además, que el avance tecnológico de los últimos años permite acelerar la “captura de datos” que se recojan de cada hogar donde se aplique la boleta censal. “Ya no existe la tabulación a mano”, subrayó y recordó que en los últimos dos censos se ejecutaron las tareas en menos tiempo.

En el 2001, por ejemplo, se entregaron los resultados oficiales en 10 meses y en 2012 se lo hizo en ocho. En el primer caso, recordó la experta, hubo una ampliación de plazos en favor de la capacitación de los empadronadores, mientras que hace 10 años, “no hubo ninguna postergación a pesar de problemas en las bases de datos”. 

Para este censo —remarcó Vargas— “el Gobierno proyectó entregar los resultados en 14 meses”. Eso es más de año. Si el censo se hace entre mayo y junio de 2024, el país conocerá los primeros resultados de población en agosto de 2025, dos meses antes de las elecciones generales de 2025.

El primer día de marzo de 2024 es la fecha viable que propuso la Universidad para la entrega de los resultados del próximo censo. Serán datos sobre vivienda, densidad poblacional, migración, salud, educación y acceso a servicios, entre otros aspectos clave. 

Vargas llegó ayer a EL DEBER junto con el rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar, y el economista Teófilo Caballero. Explicaron los alcances de la propuesta en el marco de un conversatorio que organizó esta redacción. También fue invitado el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, pero se excusó de participar.

La experta explicó que la propuesta de la Universidad establece plazos con tiempos racionales para cada una de las actividades. El plan tiene, de este modo, cuatro grandes etapas. Primero, un conjunto de acciones para agilizar la actualización cartográfica con más personal y medios tecnológicos; segundo, se quiere ajustar la fase pre-censal con actividades simultáneas y coordinadas. 

Vargas recordó que el director titular del INE, Humberto Arandia, actualmente con baja médica, anunció este año que la actualización cartográfica se la iba a realizar en cuatro meses. Lo hizo cuando aún no existía el Decreto 4760 (13 de julio) que pospuso por dos años la encuesta, inicialmente prevista para el 16 de noviembre de este año. Por eso, le llamó la atención de la experta que ahora el INE se haya dado 18 meses para esa tarea, incluso tomando en cuenta los avances que ya se reportaron con anterioridad. 

Además, el INE reportó el 11 de junio un avance de 23% en la actualización cartográfica y anunció que el proceso estaría completado a finales de agosto. El ministro Cusicanqui, el 25 de julio, al ser interpelado en el Legislativo, entregó estas proyecciones y garantizó el censo en noviembre. Los expertos de ‘la Gabriel’ expresaron, entonces, su preocupación porque no existía el sustento técnico del INE para llevar adelante la encuesta.

“La postergación era inminente, los tiempos no le daban al Gobierno”, precisó Cuéllar en el conversatorio. Además, remarcó, el Gobierno no entregó ningún argumento técnico para postergar el censo por dos años. Nunca nos dieron esa información”, apuntó.

El director del INE en Santa Cruz, Juan Sabino Quisbeth, afirmó que la actualización cartográfica se completará en la capital hasta febrero de 2023 y para “el segundo semestre” del próximo año en todo el departamento.

Vargas consideró que los plazos son “muy prolongados” y observó que hasta el momento no se tengan resultados del área dispersa o rural. “Santa Cruz avanzó en algo más del 30% en su actualización cartográfica desde julio cuando comenzó el proceso y eso es apenas un tercio. El avance es lento”.

Continuó. La boleta censal ya está diseñada, pero restan las pruebas cognitivas para establecer si las preguntas se entienden en cada una de las regiones del país. Según los avances que se reportaron hasta antes de la postergación del censo, ya se realizó un test de esta naturaleza. “Sobre la base de recomendaciones internacionales, el proceso se puede hacer en dos meses, pero el INE se ha dado 10 meses para esta etapa”, dijo.

También recomendó ejecutar, en simultáneo, la segmentación, un proceso por el cual se le asigna una determinada área urbana a un empadronador o una zona en el área rural dispersa con las indicaciones geográficas necesarias.

“Si ya se terminó la cartografía en Trinidad, Potosí, Cobija, Oruro y Potosí, ya es posible hacer la segmentación en esas ciudades, pero no se la está haciendo y hay un desfase”, apuntó Melvy Vargas.

También recomendó apurar los trámites administrativos para la licitación de la impresión de la boleta censal y no hacerla una vez que se concluya su validación.

En un tercer acápite, la propuesta de la Universidad establece las fechas del llamado “día D” para el 28 de junio de 2023 en ciudades capitales y del 24 al 25 de junio de ese año en el área rural. 

El plan prevé, en un cuarto momento, actividades post-censales para que los resultados del empadronamiento se conozcan a partir de marzo de 2024. La idea es que el pacto fiscal, la herramienta para la redistribución de recursos de la coparticipación tributaria, se renueve antes de los comicios nacionales de 2025. De igual forma, los resultados del censo activarán una reasignación de escaños en el Legislativo en función de los nuevos datos. Según las proyecciones del INE, el departamento de Santa Cruz superó los 3,4 millones de habitantes y concentra el 29% de la población nacional. 

Los resultados del censo de 2012 fueron cuestionados porque decenas de barrios y otras poblaciones rurales no llegaron a contabilizarse. Quisberth, un especialista que también trabajó en los últimos dos censos, admitió las falencias, pero subrayó en la necesidad de realizar un trabajo de calidad y de responsabilidad con el país. “Estamos socializando, explicando los alcances del cronograma con organizaciones sociales, vecinales”, insistió.

En el conversatorio, Vicente Cuéllar lamentó la falta de transparencia del INE, pues aún debe explicar cómo serán usados los recursos ($us 64 MM) que consiguieron para el censo de este año. Afirmó que el cabildo dio “un mandato” para el censo en 2023.