La resolución judicial que determina la detención domiciliaria para el gobernador de Potosí, por el bullado caso de las 41 ambulancias, ha sido mal recibida por una ciudadanía en la que ha calado el convencimiento de que esa autoridad recibe trato preferente por parte de los administradores de justicia.

Eso es lo que se puede advertir en las opiniones vertidas en las inefables redes sociales que dejan traslucir frustración por el hecho de que la autoridad no haya recibido detención preventiva, como medida cautelar, ya que eso es lo que habría pasado si el acusado habría sido un político de la oposición.

Para la gente, la justicia no se aplica como debe ser, sino que toma la dirección hacia donde apunta el dedo acusador del gobierno, cuyas motivaciones son evidentemente partidarias. Los ejemplos de esa tendencia son varios y muy conocidos, además de que están vinculados con episodios políticos.

Uno de los ejemplos más ilustrativos al respecto es el del exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, quien fue detenido en el gobierno de Evo Morales acusado de ser el responsable de la denominada “masacre de Porvenir” Tanto se contaminó políticamente ese caso que hasta ahora no puede saberse, con precisión, quién o quiénes fueron los causantes de las 30 muertes ocurridas el 11 de septiembre de 2008 en aquella región de la Amazonia boliviana. Lo que sí se sabe, porque ya es historia, es que Fernández estuvo preso mientras Morales era presidente. Tras la renuncia de este, y la asunción al poder de Jeanine Añez, el exprefecto recuperó su libertad, de manera “absoluta y plena”, sin que tampoco se pudiera afirmar si eso fue un acto de justicia o no. Lo único que quedó claro es que los jueces actuaron en una dirección, con Evo, y en otra, totalmente distinta, con Jeanine, así que su actuación estuvo teñida de colores partidarios.

El retorno del MAS al gobierno marcó, también, el inicio de una clara persecución política en contra de aquellos a los que ese partido no solo considera adversarios, sino enemigos. Con el argumento de un golpe de Estado que nunca ocurrió, se desató una cacería de brujas en la que muchos dirigentes resultaron detenidos, tanto de Potosí como de Cochabamba. Entre los casos más conocidos están los del ex presidente del Comité Cívico Potosinista Marco Antonio Pumari, y el de la Resistencia Juvenil Cochala, Yassir Molina. En ambos se percibe que las acusaciones en su contra fueron forzadas y los fiscales encontraron la manera de enviarlos a la cárcel, supuestamente bajo detención preventiva, aunque no tengan sentencias ejecutoriadas.

Bajo el criterio de que la justicia debe aplicarse a todos por igual, a las bolivianas y bolivianos no les parece que eso haya estado ocurriendo en el país y las decisiones disímiles alimentaron esa percepción. Así, el gobernador de La Paz, Santos Quispe, fue inmediatamente arrestado luego de difundirse un video en el que se lo veía ebrio, en su oficina, pero su colega de Potosí, Jhonny Mamani, no perdió su libertad ni siquiera un instante.

Y para confirmar que el Órgano Judicial aplica la ley del embudo está el caso del secretario de seguridad ciudadana de la Gobernación de Santa Cruz, Alejandro Soljancic, quien fue detenido acusado de la compra supuestamente irregular de un carro bombero valuado en 1,7 millones de Bolivianos.

Si comparamos el caso de esta autoridad, de oposición, con el de Mamani, del oficialismo, veremos que el de este último es por el intento de compra de 41 ambulancias por un monto de 20,5 millones de Bolivianos, un cantidad notoriamente mayor que la endilgada a Soljancic, pero su caso se sustanciará bajo la figura relativamente benigna de la detención domiciliaria. Hay diferencias, y se supone que la justicia es la misma.