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6 de octubre de 2022, 4:00 AM
Nadie cede. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ratificó ayer el plan para ejecutar el censo en 2024, aunque hasta el momento no se conoce el cronograma completo de ese proceso. En Santa Cruz, piden que se anule el Decreto 4760, con el que se postergó la encuesta nacional, antes de conversar con las autoridades.
Ante este escenario, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), Ricardo Centellas, hizo un llamado en favor de un diálogo que permita recuperar la confianza mutua. Instó al Gobierno, por la responsabilidad que tiene con el país, a tender puentes.
“Creo que es el Gobierno el que tiene que buscar a los entes en conflicto para escucharlos y buscar alguna alternativa. El único camino es el diálogo. No hay otro. Ojalá no se llegue a un paro indefinido”, afirmó ayer el prelado.
Además, el arzobispo de Sucre animó a las partes a buscar ese acercamiento antes que concluya el plazo que otorgó el cabildo de Santa Cruz. El 30 de septiembre, esa magna asamblea dio 21 días para que el Gobierno realice el censo en 2023 y no en 2024 como lo estableció el señalado Decreto 4760. Si el plazo vence sin una respuesta positiva, Santa Cruz iniciará un paro indefinido a partir del próximo sábado 22 de octubre.
A 16 días de que esa extrema medida pueda comenzar, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, destacó la validez de las resoluciones del cabildo y, así, justificó la decisión del Comité Interinstitucional del Censo, del cual es su vocero, de no asistir a la mesa técnica que convocó el Gobierno para el 11 de octubre.
El Comité solicitó anticipar el diálogo para este jueves 6 de octubre y demandó que éste se instale en Santa Cruz. El Gobierno rechazó los pedidos y, de ese modo, se disolvió el acercamiento.
“¿De qué sirve, en este momento, ir a discutir si el Decreto Supremo 4760 está vigente y la fecha establecida se mantiene para 2024? Ir a dialogar sin que el Gobierno abrogue este decreto es ir a un círculo vicioso en el que vamos a seguir discutiendo, utilizando adjetivos calificativos y no vamos a sacar ninguna conclusión positiva”, señaló Cuéllar.
En ese sentido, sostuvo que la propuesta de la universidad puede ser demostrada técnicamente en cualquier escenario y cuestionó que, hasta el momento, el Gobierno no haya dado a conocer los motivos técnicos para llevar a cabo la encuesta en 2024. Demandó, por ejemplo, el cronograma complejo y desglosado del censo que proyectó el Gobierno.
“El Gobierno no tiene voluntad política de conversar en serio sobre el tema de la realización del censo y es una muestra clara que no quiere hacer censo. Las mesas de socialización fueron acciones distractivas para dilatar el proceso”, expresó la autoridad académica en contacto con EL DEBER.
Respecto a las consecuencias que traerá consigo un paro indefinido, Cuéllar señaló que se llegó a este punto tras tres meses en los que se buscaron acuerdos. “Llegamos a este punto porque el Gobierno ha adoptado una postura política. No tenemos una postura política, sino una posición técnica. En cambio, estas acciones muestran, de cuerpo entero, que el Gobierno está haciendo política con el censo”, apuntó el rector.
El equipo técnico de la ‘Gabriel’ planteó al Gobierno una propuesta técnica que tiene cuatro ejes. Primero, propuso acciones para agilizar la actualización cartográfica con más personal y medios tecnológicos; segundo, se quiere ajustar las fases del calendario con actividades simultáneas. En un tercer acápite establece las fechas del llamado “día D” para el 28 de junio de 2023 en ciudades capitales y del 24 al 25 de junio de ese año en la extendida área rural.
El plan prevé, en un cuarto momento, actividades post-censales para que los resultados del empadronamiento se conozcan a partir de marzo de 2024. La idea es que el pacto fiscal, la herramienta para la redistribución de recursos de la coparticipación tributaria, se renueve antes de los comicios nacionales de 2025. De igual forma, los resultados del censo activarán una reasignación de escaños en el Legislativo en función de los nuevos datos demográficos.
El Gobierno rechazó la posibilidad de adelantar la entrega de los resultados de la encuesta. El portavoz de la Presidencia, Jorge Richter, aseguró el martes que el procesamiento de esa información demanda hasta 12 meses, según los parámetros internacionales. Si el censo se hace en 2024, como lo establece el Decreto 4760, los nuevos datos de población y vivienda se conocerán en 2025, cuando el país esté en campaña electoral por la silla presidencial.
El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, admitió que el cabildo es un “espacio democrático” que, además, es empleado en Santa Cruz. Pero, señaló que el censo es un asunto de alcance nacional que debe tomar nota de la opinión de todas las regiones. “No hay que olvidar el censo involucra a todos los departamentos y se tienen que tener decisiones para todos los bolivianas y bolivianos; no se pueden tomar decisiones nacionales en función de una u otra región”, afirmó. Eso sí, afirmó que el espacio de diálogo con Santa Cruz se mantiene abierto.
“Lamentamos que se pongan condiciones a la instalación del diálogo, como Gobierno nacional tenemos la vocación de diálogo, lo hemos demostrado con la socialización, ahora, nuevamente, explicando los avances y ratificamos esa vocación de diálogo y esperamos que puedan reflexionar, venir y explicar su propuesta técnica”, afirmó ayer la autoridad.
Detalló que INE, conforme a los acuerdos alcanzados con varias regiones, desarrolla una segunda etapa de socialización. Este jueves se reunirá con representantes de La Paz para mostrar “los avances”.
La directora de censos y encuestas del INE, Martha Oviedo, expuso ayer en La Paz los avances del proceso pre-censal con la mirada puesta en 2024. Reveló que la actualización cartográfica en La Paz, El Alto y Cochabamba es la más demorada con indicadores que no superan el 10% de avance.
A escala nacional, el avance es del 28% en la actualización cartográfica, pero en las ciudades capitales de Trinidad (Beni), Cobija (Pando), Oruro y Potosí se logró completar la tarea, según los datos presentados ayer por la experta.
“En Santa Cruz, tenemos el 30%; es un avance lento porque es una ciudad muy grande, hay que trabajar bastante para generar un porcentaje de avance. En Sucre un 29% y finalmente Cochabamba, La Paz y El Alto, recién ingresamos hace dos semanas, son pequeños avances, pero estamos trabajando para completar la actualización cartográfica”, precisó Oviedo.
La actualización cartográfica en Santa Cruz se hizo en cinco de los 15 distritos municipales hasta la fecha. Juan Sabino Quisbert, director del INE en Santa Cruz, dijo ayer a EL DEBER que se piensa acelerar este proceso para completar el área urbana de la ciudad hasta fin de año.
Para el inicio de 2023 se comenzará el trabajo en los 56 municipios. “Concretaremos la cartografía hasta el segundo semestre de 2023”, precisó la autoridad sobre el proceso que avanza en un cronograma que se proyecta al 2024.
El INE ha previsto unas 700 actividades para desarrollar el operativo estadístico; sin embargo, aún no se han publicado a través de los medios digitales que tiene. Tampoco se conoce el detalle del presupuesto que se empleará en cada una de las etapas en marcha.
Cuéllar consideró que la actualización cartográfica debería comenzar por el área rural, porque los datos pueden variar en las zonas altamente pobladas cuando se vaya a ejecutar la encuesta.
