Los conflictos están en torno al censo, al desarrollo de la provincia Omasuyos y al decreto que dispone que firmas estatales transfieran recursos al TGN para proyectos de inversión y programas de interés social.

El primer frente de conflicto está vinculado a la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la Provincia Omasuyos – Ponchos Rojos, organización que, junto con otros sectores de esa provincia, convocó a una marcha para hoy por el desarrollo de esa provincia.

El 11 de agosto, en un ampliado, los Ponchos Rojos advirtieron con dejar de respaldar al gobierno del presidente Luis Arce si no gestiona proyectos de inversión “grandes” para esa región.

La marcha convocada para esta jornada se concentrará en San Roque (El Alto) a las 7:00 y se dirigirá, luego, hasta el centro de la urbe sede de Gobierno.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, indicó que el Ejecutivo está en disposición de reunirse con distintos sectores para abordar el tema de desarrollo económico social de las regiones. Recordó que el Gobierno convocó, sin éxito, a los dirigentes de los Ponchos Rojos a una reunión para el 1 de octubre.

“Hemos invitado, precisamente, a una reunión para abordar estos temas del interés de la provincia Omasuyos y la marcha que se está desarrollando está pidiendo una reunión. Creo importante que se informe al pueblo boliviano, a la provincia Omasuyos, que la invitación está hecha”, manifestó Alcón.

El segundo frente de conflicto está relacionado con los trabajadores mineros de la Empresa Minera Colquiri, quienes la pasada semana bloquearon la carretera a Oruro, y esta semana trasladaron su protesta al centro de la ciudad de La Paz.

Exigen la abrogación del Decreto Supremo 4783, que fue emitido el 24 de agosto. Esa norma dispone que empresas estatales, y las firmas con participación mayoritaria del Estado, transfieran recursos al Tesoro General de la Nación (TGN), para financiar proyectos de inversión y programas de interés social.

Los mineros de Colquiri, en octubre de 2021, se reunieron con el presidente Arce y luego de la cita expresaron su “respaldo total” al Gobierno, e indicaron que ese “ejército de guardatojos” estará al frente ante cualquier intento de golpe de Estado.

Ayer, Joaquín Mamani, ejecutivo del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Colquiri, indicó que realizarán los bloqueos en el centro de la sede de Gobierno, y expresó que no retornarán a la mesa de diálogo porque con las autoridades que se reunieron, quisieron confundirlos. Anunció que, a través de gestiones con legisladores, buscarán reunirse con Arce.

“Vamos a acudir a la Cámara de Diputados y Senadores para que a través de esa instancia podamos llegar al Palacio de Gobierno y así para que le Presidente nos pueda escuchar”, dijo.

El tercer frente del conflicto es en torno al censo. El 30 de septiembre, el cabildo de Santa Cruz dio un ultimátum a Arce para definir que el censo se realice en 2023, de lo contrario prevé iniciar un paro indefinido desde el 22 de octubre. Ayer, en Potosí, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) se manifestó en busca de que el censo se realice el próximo año y por el litio.

La movilización culminó en un mitin, en el que la presidenta de Comcipo, Roxana Graz, manifestó a los asistentes que deben pensar en su futuro. “Como nosotros tenemos muchos recursos naturales, queremos que con el censo después exista una nueva redistribución económica. Es decir, que nos lleguen mayores recursos económicos”, manifestó.