Nadie nos dice la verdad respecto al Censo Nacional de Población y Vivienda. Lo que hemos escuchado, hasta ahora, son argumentos esgrimidos tanto por el gobierno central como por los cívicos cruceños para justificar que el recuento poblacional se realice ya sea en 2023 o en 2024.

Apenas unos días antes de que el gobierno comunicara su decisión de posponer el censo, el director de la Fundación Jubileo le dijo a este diario que el propósito fundamental de ese trabajo, cual es utilizarlo como herramienta para el desarrollo, se había tergiversado, por cuanto la mayoría ve a ese acto estadístico simplemente como una formalidad para redistribuir la riqueza nacional.

La actitud de Santa Cruz, radicalizada a partir del cabildo del viernes, confirma esa tergiversación: los cívicos de ese Departamento han fijado un ultimátum para que el gobierno convoque al censo para 2023 y no dijeron, ni dicen, nada respecto a cómo se va a compensar a las regiones que resulten perjudicadas con los resultados.

Si ponemos atención a los resultados de las encuestas nacionales de población y vivienda, y a las proyecciones realizadas sobre esa base, confirmaremos que, en efecto, la población de Santa Cruz ha crecido más que ninguna otra en el país y lo ha hecho más por la migración que por el crecimiento natural, que es el resultado de los nacimientos.

Ahora bien, los resultados de las encuestas, los de anteriores censos y las proyecciones, señalan que son dos los Departamentos más afectados por la migración interna dirigida a Santa Cruz: Potosí y Chuquisaca. Estos datos son suficientemente conocidos por los cívicos cruceños quienes, sin embargo, jamás han dicho qué se hará con esas regiones cuando se aplique la redistribución, como consecuencia de los resultados del censo.  

Seamos claros y directos: una vez que se conozca los resultados del censo, y por mandato constitucional, se tendrá que hacer modificaciones tanto a la distribución de los recursos de coparticipación tributaria como a los escaños parlamentarios. Eso quiere decir, ni más ni menos, que Santa Cruz tendrá más dinero y curules. Como se sabe, para aumentar recursos y escaños parlamentarios, hay que quitárselos a otras regiones y estas van a ser Chuquisaca y Potosí. ¿Por qué los cívicos cruceños no hablan de esto? Porque no les conviene.

Las migraciones internas son el resultado de la aplicación de políticas de Estado. Si los gobiernos no logran promover un desarrollo equilibrado, entonces unas regiones prosperan más que otras. Eso es lo que está pasando con Santa Cruz. Los últimos gobiernos, particularmente el de Evo Morales, poco o nada han hecho para impulsar el progreso de Potosí y Chuquisaca. Al contrario, se ha peleado con estas regiones, con los habitantes de sus capitales, y, como consecuencia de esas confrontaciones, las ha tratado con desprecio. Ese, entre otros, fue un factor determinante para la migración.

Pero los males de Chuquisaca y Potosí no son de data reciente. Sus circunstancias históricas han determinado que ambas regiones le sirvan el país sin recibir a cambio ninguna retribución. En el primer Departamento está Sucre, la capital histórica y constitucional del país, pero esa condición le ha sido arrebatada, en los hechos, y no se la ha compensado por ello. En el segundo se encuentra el Cerro Rico, cuya plata mantuvo a Bolivia casi la mayor parte de su historia, pero el país se niega a compensarle por eso.

A Santa Cruz le interesa recibir más recursos y tener más escaños. Le importa muy poco lo que pase con los Departamentos a los que se recortará el dinero y los curules que servirán para ese cambio.