con mucha afectación a los pueblos indígenas”

Desde este miércoles y hasta el viernes se celebrará en Santa Cruz el Seminario sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas a la Autonomía y Justicia Indígena. El evento fue organizado por el Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas (IWGIA), de la que forma parte Alejandro Parrellada.

Entre los invitados que asistirán a este evento (hotel Marriot) está Esmeralda Troitinio, quien es parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, Francisco Calí, Relator Especial de las Naciones Unidas, autoridades y magistrados del Órgano Judicial, además de expertos de los países de la región. 

En esta entrevista para EL DEBER, Parrellada reflexionó sobre los desafíos de las autonomías indígenas y la aplicación de justicia de las naciones originarias en América Latina. 

— ¿Cuáles son las expectativas que tiene usted en este seminario de reflexión regional de Autonomía y Justicia indígena?
Esto es parte de un proceso de discusión que tiene varios años buscamos debatir sobre diferentes desafíos que enfrentan las autonomías indígenas. Hace un año antes de la pandemia hicimos un seminario en la ciudad de México con todos los organismos internacionales de derechos humanos que trabajan con pueblos indígenas y con pueblos indígenas de todos los continentes. A partir de ahí se identificaron algunos desafíos que enfrentan los pueblos indígenas, entre otros, el acceso a la justicia o el reconocimiento a la justicia propia, como se relacionan los sistemas de justicia indígena con la justicia ordinaria. Desde esa época los diferentes organismos de derechos humanos elaboraron políticas e informes que serán presentados en este seminario de Santa Cruz de la Sierra.

 — ¿Qué informes puede mencionar?
El informe de la Comisión IDH se refiere al derecho de la libre determinación, que incluye el derecho a la autonomía y el derecho a la justicia propia. Para eso vendrá el relator de las Naciones Unidas para pueblos indígenas, que también elaboró un informe. También vendrá el presidente del foro permanente de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas.

Lo interesante es que es la primera vez que se reúne de forma física después de la pandemia. Este evento tendrá dos puntos: el primero, los organismos de derechos humanos presentarán informe del seminario de las recomendaciones de México. El segundo, se actualizará la situación de las autonomías en Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y Chile; así como Identificar los desafíos de los cambios del contexto político en Latinoamérica.

En Chile la propuesta de Constitución que no fue aceptada, en Colombia el nuevo contexto político. En el caso de Chile, uno de los puntos más críticos fue que la propuesta constitucional consideraba el derecho a la justicia indígena y eso fue un tema muy discutido, criticado y mal entendido porque no es cuestión de tener dos justicias paralelas, sino se debe discutir cómo funcionan ambas.

— ¿Qué balance tiene sobre la aplicación de la justicia indígena en Bolivia?
Bolivia es un país muy legalista y se discuten muchos las leyes, pero habrá que ver cómo funciona en la práctica. Este tipo de seminarios, justamente, trata de ver qué potencial, qué limitaciones y qué posibilidades hay de aplicación en función a las experiencias de otros países. Es un tema problemático de cómo se trata cierto tipo de delitos; cuándo corresponde que sean atendidos por la justicia indígena o por la ordinaria, el uso y costumbres. Es un asunto bastante delicado. En el caso de Perú también existen discusiones internas de cuándo se determina que es un delito grave, en qué situación se entrega a la policía y a la justicia tradicional. No es crear una justicia paralela, sino de buscar solución a determinados conflictos. La única forma de castigo que conocemos es la cárcel, pero no siempre es la mejor ni la ideal. Hay que buscar otras alternativas para superar ciertos conflictos.

Uno de los puntos que se abordarán son los delitos sexuales, los abusos a menores porque son aspectos difíciles de tratar. En este seminario probablemente no saldrá una solución, pero surgirán algunas pautas de cómo enfrentar este tipo de hechos que son bastante delicados y comunes.

— ¿En qué medida un Estado o un Gobierno influye para comprender a los pueblos indígenas con relación a su justicia y sus normas?
Esto tiene mucho que ver con la interculturalidad. Hay que intentar comprender que existen formas de vidas diversas, todas respetables y la idea consiste en construir esa interculturalidad y eso se logra en base al diálogo. Como organización buscamos facilitar este diálogo con expertos de diferentes países, que aporten con nuevas ideas y que ayuden a construir la interculturalidad con diferentes visiones sobre otras temáticas, como salud, educación y justicia.

— En América Latina existe una tendencia al autoritarismo que dificultan esas tendencias, ¿qué se puede hacer?
Justamente, por eso decimos que se están abriendo algunas posibilidades en el contexto político Latinoamericano que permiten una mayor apertura y comprensión, como el caso de Chile, de Colombia y, de alguna manera, Bolivia que ha mostrado avances importantes.

— ¿Estará presente el vicepresidente David Choquehuanca?
En un principio confirmó, pero después surgieron dudas sobre su participación. Desde mi punto de vista es importante que el Estado asuma este tipo de diálogo con gente que no necesariamente esté de acuerdo con la idea del Estado. Es fundamental discutir con personas que no necesariamente piensen igual.

— Durante la pandemia se observó que el narcotráfico golpeó fuerte a los pueblos indígenas, en particular de la amazonia ¿cómo lo evalúa?
El problema del narcotráfico no es exclusivo de Bolivia. Si bien es muy difícil manejar cifras oficiales, percibimos que hay un crecimiento en toda la región con afectación muy directa a los pueblos indígenas. Mantenemos contactos con casi todos los países amazónicos y la información que recibimos es que hay una penetración cada vez mayor del narcotráfico en sus diferentes modalidades. Desde tránsitos con pistas (de aterrizajes), cultivos, participación voluntaria o bajo presión, pero lo que es evidente es que hay una expansión importante. El presidente colombiano (Gustavo Petro) en su discurso ante Naciones Unidas fue muy enfático en señalar que era necesario cambiar el enfoque de la lucha contra el narcotráfico, que era una guerra perdida, como se la plantea actualmente. Muchas veces cuando se habla de las amenazas de la Amazonia no se ubica al narcotráfico en el verdadero papel que tiene, pero en casi todos los países amazónicos la gente percibe una expansión del narcotráfico.

— ¿Esta situación agrava la situación de los pueblos indígenas?
El narcotráfico tiene diferentes consecuencias, por un lado, la ecológica por el uso de químicos y el uso de cultivos, pero también la violencia que genera porque cuenta con la presencia de grupos armados. Por otro lado, se encuentra la internacionalización de estos grupos, porque hay carteles colombianos, mexicanos y nadie sabe quiénes manejan todo esto.  Hemos tenido comunidades que pensamos que están relacionadas con el narcotráfico y pensamos que pueden alcanzar una mejora económica, pero esto tiene una serie de consecuencias sociales que son graves y muy difíciles de erradicar posteriormente.

— Muchas personas que viven en comunidades indígenas son tentadas por el narcotráfico, ¿cómo se puede evitar?
Esto se produce, justamente, por la falta de presencia del Estado. El narcotráfico ocupa un papel que debería estar en manos del Estado. La inyección mínima de recursos económicos para cubrir ciertas necesidades no llega por parte de los gobiernos, en ninguno de sus niveles. Sin embargo, este problema también se observa en las ciudades de la amazonia. Hay circuitos de distribución que se producen en todos los barrios pobres. Existe una red de consumo en toda América Latina. Es uno de los casos muy difíciles de erradicar porque está asociado a la delincuencia, a la prostitución, la minería ilegal y, en algunos lugares, en complicidad con las fuerzas de seguridad porque es un volumen de recursos con los que el Estado no puede compensar.

— Existe un informe de Naciones Unidas sobre la contaminación del medioambiente por causa del uso de mercurio en la minería ilegal. ¿Ese aspecto será analizado?
Estamos trabajando sobre ese aspecto de la minería ilegal. Acabamos de elaborar un informe sobre la explotación de oro en Brasil, también en Bolivia. Las consecuencias de la extracción minera ocasionan un nivel de contaminación importantes, pero además provocan desforestación, prostitución, condiciones de trabajo en niveles de servidumbres y todo esto es a consecuencia de la ausencia del Estado. Hay muchos gobiernos débiles que no tienen las condiciones de llegar a los niveles más remotos.

— ¿Estos seminarios pueden sensibilizar al Estado para buscar solución a los problemas?
Creo que el escenario boliviano o mexicano, donde las consecuencias de estas actividades son terribles, hay que tener las antenas puestas para evitar estos problemas. En Bolivia, afortunadamente, no existe un sistema de sicariato, pero hay que tener cuidado porque después de que crece como una bola de nieve es difícil de controlar y de volver atrás porque se forman grandes redes de distribución de drogas, prostitución, minería ilegal, etc. En estos años he visto que el incremento de los grupos ilegales y la ausencia del Estado son dos de las grandes preocupaciones en los países.

— Es recurrente escuchar que es complicado ser mujer y, peor, si es indígena. ¿Cómo se puede revertir eso?
La mujer indígena está discriminada en todas las formas, incluso en los últimos años se produce la pérdida de territorio por migración a centros urbanos. En este aspecto tienes otro problema, se produce una nueva discriminación porque pierdes a todo tu entorno. Se sale de una comunidad y se llega a un centro urbano con mayor pobreza, es más complicado la adquisición de alimentos y ahí está sujeto a otro tipo de amenazas. Sin embargo, la discriminación de los indígenas en los centros urbanos es cada vez mayor. Las causas de la migración de los indígenas a los centros urbanos son múltiples, por eso estamos hablando de la autonomía indígena para fortalecer su gobernanza y la forma de administrar su territorio.

PERFIL:
Desde 1991 Alejandro Parrellada ha trabajado con los derechos de los pueblos indígenas en América Latina.  Su principal área de enfoque es el derecho al territorio y la comunicación de los pueblos indígenas. En estrecha relación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Alejandro ha trabajado junto a organizaciones locales en Argentina, Chile, Bolivia, Peru, Colombia, Venezuela, Basil, Paraguay y México. Alejandro Parellada tiene un Máster en Historia de las Religiones y Antropología Social de la Universidad de Lund en Suecia.