La Fiscalía General del Estado descartó iniciar un proceso en contra de los involucrados en el operativo del hotel Las Américas, ocurrido en abril de 2009 y en el que murieron tres extranjeros, porque no ha recibido ningún informe oficial sobre ejecuciones extrajudiciales y torturas, como menciona un informe de fondo emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La petición de apertura debe llegar de la Procuraduría y del Ministerio de Justicia.

La posición de la Fiscalía General del Estado se conoció un día después de que el ministro de Justicia, Iván Lima, declarara en EL DEBER Radio que la apertura de un proceso penal contra los responsables de que el Estado boliviano enfrente un proceso en la CIDH corresponde al fiscal general, Juan Lanchipa.

“El Ministerio Público inicia investigaciones sobre los hechos denunciados, en este caso no se refiere a una reapertura del caso terrorismo, sino de otro proceso que debe activarlo la Procuraduría y el Ministerio de Justicia, una vez que el documento haya sido enviado al país, a través de la Cancillería”, dijo la alta fuente.

La semana pasada se conoció un informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que menciona que durante el operativo del hotel Las Américas fueron ejecutados Eduardo Rósza, Michael Dwyer y Árpád Magyarosi. En la acción policial fueron capturados y torturados Mario Tadic y Elod Tóásó. Fueron acusados de formar parte de una célula terrorista.

La CIDH identificó al gobierno de Evo Morales como responsable de la ejecución extrajudicial y de las torturas y recomendó que se gestione un acuerdo entre el Estado boliviano y los familiares de los demandantes. Entre las sugerencias, propuso que se inicie un juicio al entonces presidente Evo Morales y otros responsables por estos hechos.

El domingo, el expresidente Morales escribió en Twitter: “Ante tanto ataque y mentira tenemos derecho a decir la verdad y aclarar. No me arrepiento de haber defendido la integridad de nuestra patria. Si fuera necesario, lo volveríamos a hacer. Cueste lo que cueste. Si por eso nos van a procesar, que nos procesen”.

Por su lado, la senadora por CC y exmagistrada del Tribunal Constitucional Silvia Salame solicitará un informe a la Fiscalía para que explique qué acciones ha tomado desde que se conoció el informe.