El plazo que proyecta un paro indefinido se agota y el Gobierno ni el Comité Interinstitucional del Censo lograron establecer las bases del diálogo para evitar que se cumpla esa extrema medida. 

Por una parte, el portavoz de la Presidencia, Jorge Richter, rechazó la posibilidad de adelantar la fecha de la mesa técnica que se programó para el 11 de octubre y consideró que sería “un capricho” el pedido del censo en 2023 si no se demuestra un sustento técnico.

El Comité del Censo reaccionó por la tarde y anunció que no asistirá al encuentro previsto para dentro de siete días en La Paz. Además, la entidad había solicitado que la reunión se haga en Santa Cruz. El pedido no se atendió.

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, dirigió la reunión del Comité del Censo a la que no asistió el gobernador, Luis Fernando Camacho. 

El documento de cuatro puntos establece que por “mandato del cabildo del 30 de septiembre”, el diálogo con el Gobierno se reactivará solo “si se abroga el decreto supremo 4760” que es la norma con la que se postergó el censo para 2024 y ratificó la decisión de que las reuniones se hagan en Santa Cruz y no en La Paz, como fue la convocatoria del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el segundo punto, el Comité rechazó “las permanentes expresiones del vocero presidencial en contra del trabajo del equipo técnico de la Comisión, ya que él no ejerce ningún cargo formal para hablar técnicamente en nombre del INE, peor aún para emitir criterios técnicos de asuntos exclusivos de la institución estadística”.

Como tercer punto, el Comité decidió aprobar y enviar al Gobierno un proyecto de decreto con el que se anule el Decreto 4760, “fijando como fecha del censo el primer semestre del 2023”.

“La Comisión Interinstitucional debe seguir trabajando en el marco del mandato del Cabildo del 30 de septiembre en la organización del paro general indefinido”, puntualiza el cuarto punto de la resolución asumida por el Comité.

Ante este escenario, Richter le dijo al EL DEBER que existe un “plazo de 21 días que está corriendo” y ante ello subrayó: “Nosotros, realmente, esperamos que se recapacite” para poder encaminar un diálogo que, por el momento, se disipa. Eso sí, señaló que “la vocación de diálogo está ausente” entre los interlocutores del Comité Interinstitucional. “No era la intención dialogar, la intención es encaminarse al paro. Han definido un modelo de paro que no se pueda desactivar”, dijo. 

El cabildo del 30 de septiembre otorgo al Gobierno un plazo de 21 días, de los que cuatro ya se cumplieron, para que se ajuste el cronograma del censo, de manera que la encuesta nacional se aplique el 28 de junio de 2023 y no en 2024 como lo planteó el decreto 4760.

 Además, la asamblea demandó que los resultados sean presentados 120 días después del censo. Este pedido, según Richter, “es técnicamente imposible de cumplir”, porque estos datos se procesan en un plazo de un año, “según las recomendaciones de los expertos internacionales”.

Eso sí, el cronograma del Gobierno ni el presupuesto para cada actividad fue publicado aún en los medios electrónicos del INE. 

El Gobierno prevé desvelar esa información en el escenario técnico y no descarta transparentarlo en el futuro. Para la mesa técnica del 11 invitó a especialistas del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, (Cepal) y del Celade (Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía). 

Manfredo Bravo, coordinador de la Comité Interinstitucional del censo, consideró que Richter exhibió “una posición política que es la posición política del MAS”. Así, instó al Gobierno a realizar “un análisis técnico antes de poder debatir políticamente.

 “Hemos hecho llegar una propuesta de cronograma a partir de las observaciones que se han hecho a la propuesta del INE. La Universidad no tiene el mandato para llevar adelante el censo”, aclaró Bravo, quien instó al Gobierno que se transparente su cronograma.

Además, lamentó que la invitación, remitida por Gastón Cordero, director interino del INE, señale que solo se permite la presencia de dos personas en el diálogo previsto para dentro de siete días. Subrayó, así, la importancia de contar con interlocutores técnicos antes que políticos. 

El Comité del Censo planteó, además, que la mesa técnica sea pública y no como sucedió el 15 de agosto “cuando prohibieron celulares y fue a puertas cerradas”, según lamentó el vicepresidente del Cívico, Fernando Larach.

El constitucionalista José Luis Santistevan, asesor legal del Comité del Censo, también se refirió a la responsabilidad de presidente Luis Arce; del ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, y del INE respecto al censo. “Hablar en otros niveles es hacer del censo un tema enteramente político y relacionarse con funcionarios públicos del gobierno que no tienen ninguna atribución ni mucho menos competencia sobre el censo”.

En La Paz, el alcalde Iván Arias salió para respaldar la propuesta de llevar adelante el censo en 2023 y, para fundamentar ese reclamo, exhibió las consecuencias de llevar adelante el censo en 2024 o, incluso, no realizarlo ese año por una agenda electoral recargada.

Ese calendario contempla la elección judicial del próximo año, las primarias y posteriormente los comicios nacionales de 2025, el año en el que se entregarán los resultados del censo, según el plan de Gobierno. Desde varios frentes, perciben que esa agenda afectará el procesamiento de los datos y un retraso en la asignación de escaños, recién a partir de 2030. En esa línea, el alcalde de La Paz afirmó que la actitud que asume el Gobierno da para pensar que “no quiere transparentar el padrón para el 2025”, año prelectoral. 

“Los datos del censo pueden develar que, por ejemplo, la preponderancia rural que el MAS tiene hoy en el Parlamento no había sido tal. El país es cada vez más urbano y las cifras lo muestran, las evidencias así lo muestran, cómo han crecido El Alto, La Paz y Santa Cruz. Esa idea del país rural puede caerse con el censo”, remarcó.

La Asamblea de la Paceñidad también envió una propuesta para que se ajuste el cronograma del censo. El plan contempló, al igual que lo hizo la Uagrm, la realización de varias etapas de manera simultánea para ganar tiempo. 

Por eso, según dijo Arias, será “de vital importancia realizar una cumbre nacional para darle una solución final al tema de la fecha de realización del censo”. Afirmó que desde La Paz la propuesta no se modifica y se reitera que “es posible hacer la consulta en octubre de 2023”. Consideró que varias etapas de la fase precensal ya se cumplieron.

 “Dejemos de pelotearnos y busquemos el acuerdo entre el Gobierno nacional y las entidades nacionales en un gran encuentro, esta es nuestra propuesta y si el Gobierno quiere hacerlo por separado que lo haga, pero dejemos de utilizar el nombre del presidente (Luis Arce)”, añadió el alcalde Arias.

En Potosí, los cívicos ayer llevaron adelante una masiva marcha de protesta con las banderas de ese departamento, para pedir el censo en 2023, pero también por otras demandas como las medidas de protección para evitar el hundimiento del Cerro Rico, además por las regalías por el litio. 

El primer vicepresidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Nelson Gutiérrez, afirmó que las movilizaciones continuarán hasta ser escuchados.

Pero en ciudades pobladas como la de Cochabamba, el alcalde Manfred Reyes Villa aceptó que el censo se haga en 2024, mientras el MAS anuncia movilizaciones en ese departamento contra las resoluciones del cabildo cruceño.