El audio revelado por Página Siete, en el que se escucha al presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, que coordina el nombramiento de jueces y funcionarios judiciales con diputados del MAS y hasta con un gobernador, son la prueba fehaciente de que existe una abierta manipulación de la justicia por parte del partido gobernante.

Un requisito inherente a la democracia es la separación de poderes, pero este audio demuestra exactamente lo contrario, que el partido de gobierno tiene el control de las designaciones judiciales, lo que luego se traduce en una sañuda persecución a los opositores y en protección a las autoridades en función de gobierno cuando cometen delitos.

En noviembre de 2021, Molina sostuvo una reunión con el diputado del MAS Antonio Colque y con algunos dirigentes sindicales de Potosí. En la ocasión, el magistrado asegura haber coordinado la designación de cargos judiciales al menos con nueve diputados del oficialismo y con el gobernador de Potosí, Johnny Mamani. También cuenta que se manipulan las calificaciones para que los partidarios y hasta familiares de éstos puedan acceder a los cargos judiciales y, por si fuera poco, revela la estrategia política para que en las próximas elecciones judiciales el MAS vaya unido y pueda ganarle a la derecha el control de las altas cortes del país.

Molina afirma que recibe directrices de la comisión establecida en la Ley 898, de la que forma parte el Ministerio de Justicia, en sentido de que si se bajan las calificaciones, se las baje máximo a cinco, para que los postulantes del oficialismo se esmeren y luego puedan darles “una manito”. Se sobreentiende que se baja el puntaje a los que verdaderamente merecen ser seleccionados.

Al respecto, el Ministerio de Justicia, mediante un comunicado, reconoció que participa del nombramiento de jueces. “La comisión presidida por esta cartera de Estado tiene la función de exhortar a la designación de las y los profesionales mejor calificados para ocupar cargos judiciales, además de fiscalizar las etapas de ingreso, evaluación de desempeño y capacitación de las y los jueces de todo el país”, indica un comunicado de esa cartera de Estado.

Vaya sorpresa, existe una ley que le permite al Ministerio de Justicia intervenir en la designación de jueces, una tarea que debería ser privativa de otro poder del Estado. Y nadie se escandalizó por ello, pese a que es una flagrante violación del principio de la independencia de poderes, establecido en la Constitución Política del Estado.

Queda claro, entonces, que Molina es el operador, pero no el cerebro de la estrategia de copamiento del Órgano Judicial y solo de esa manera se entiende que el MAS y el ministro de Justicia, Iván Lima, hayan decidido protegerlo y apuntar toda su artillería contra el diputado Colque, al que acusan de haber grabado y filtrado la conversación. “Me parece que el delito más grave es el del diputado Colque, que ha grabado ese audio y lo ha revelado de manera tergiversada”, dijo Lima sin ruborizarse.

Y, para completar el sinsentido del asunto, el Consejo de la Magistratura, que admitió la autenticidad del audio, amenazó a Página Siete con “acciones” si no se retracta de sus afirmaciones. “Solicitamos al diario Página Siete sea más responsable con la elaboración de sus notas; asimismo, le solicitamos revise los contenidos del audio señalado y se retracte de forma pública de algunas afirmaciones. Caso contrario, nos reservamos el derecho de iniciar las acciones que el caso amerite”, indica el comunicado.

De nuestra parte, solicitamos al presidente del Consejo de la Magistratura que sea más responsable a la hora de designar jueces, que deje de manipular la justicia y que se guarde sus amenazas porque este medio únicamente está cumpliendo con su rol social de informar a la población.

En vez de admitir que ha quedado al descubierto una gravísima manipulación de la justicia, el Consejo, el MAS y el Gobierno quieren matar a los mensajeros, pero eso es como querer tapar el sol con un dedo.