El Gobierno nacional señaló este martes que atender el "capricho" de las instituciones de Santa Cruz ocasionaría tener un censo inservible. Descarta adelantar el diálogo convocado para el 11 de octubre y ratifica que técnicamente la encuesta solo será posible en 2024.

Jorge Richter, vocero presidencial, brindó una extensa conferencia de prensa en la capital oriental, en la que rechazó que el comité interinstitucional comience a fijar condiciones para asistir al encuentro. Pidió que exista voluntad para abordar la problemática del Censo con seriedad y responsabilidad.

“Para ese tema del plazo de los 21 días, nosotros los esperamos en la reunión del 11 de octubre, esperamos que lleguen con un espíritu de diálogo, no a dar un ultimátum más o una conminatoria. Si esto no tiene posibilidades técnicas de realizarse (censo en 2023), cómo la hacemos, atendemos, de acuerdo a este cronograma, un capricho que nos llevará a implementar un censo absolutamente inservible, podemos tener esa magnitud de irresponsabilidad. Ellos deben asistir, no a dar examen, como dice el señor (Vicente) Cuéllar, si no a dar una explicación, y no requiere de mucho esfuerzo, porque son solo dos hojas (de su propuesta)”, dijo Richter.

Parte de sus declaraciones:

“Si de la reunión sale esa construcción de consenso colectivo, de una decisión colectiva, entonces, las medidas de presión son innecesarias. Ya han sido innecesarios los paros anteriores, cada paro cuesta entre 33 a 36 millones de dólares, las expectativas de lo que recibiría Santa Cruz al año serían 25 millones, eso frente a los 100 millones que perdieron por el paro, perdieron cuatro años de lo que recibirían con la redistribución, cuántos años más están dispuestos a perder, van a hipotecar 10, 8 años de esos recursos”, cuestionó.

El vocero ratificó que la invitación fue realizada a los integrantes del comité interinstitucional cruceño y que no se puede diferir la fecha o cambiar las condiciones del encuentro, debido a la agenda que deben cumplir los expertos internacionales de la comisión de alto nivel, que realiza un acompañamiento al proceso.

“Esto de empezar a incorporar condiciones, que no nos gusta la ciudad, que queremos que se transmita, que queremos saber la ejecución, eso demuestra absolutamente de forma clara que no existe, de parte de la dirigencia del comité interinstitucional, una voluntad de sentarse a dialogar sobre el censo”, manifestó.

Indicó que los representantes de las instituciones cruceñas deben entender que se debe contar con un censo “fiable, posible, con transparencia y con legitimidad”, porque “no es solo un censo que tenga que beneficiar a un departamento o una región sino al conjunto”.

Dijo que llama la atención que una pequeña dirigencia, que tiene el control de las instituciones más fuertes de Santa Cruz, se oponga al censo en 2024, cuando el resto del país, incluso, municipios y gobernaciones que no son afines al MAS, respaldan la postergación del empadronamiento, en pos de garantizar su calidad.

“Cuando proponen que se haga el censo en 2023, tienen que demostrarle al país que puede ser posible, eso esperemos que lo hagan el día 11, ellos han dicho que científicamente y técnicamente lo pueden demostrar, nosotros vamos a esperar aquello”, reiteró.