El cabildo del viernes 30 de septiembre en Santa Cruz, en el Cristo Redentor, ha sido categórico al resolver que el Gobierno, en un plazo máximo de 21 días —es decir, hasta el 22 de octubre—, debe retroceder en su decisión de llevar a cabo el censo en 2024 y rectificar la fecha, para que ese empadronamiento de alcance nacional se realice en 2023. De no ser así, decidieron los asistentes al cabildo, Santa

Cruz ingresará en un paro indefinido. 

Es una decisión clara, además de firme y bien reflexionada, si se considera que una medida de presión como el paro indefinido es la secuencia lógica de las huelgas de 24 y 48 horas que efectuó Santa Cruz, sin que el poder se conmoviera y diera una respuesta positiva a su demanda central vinculada al adelantamiento del censo, con respecto a la fecha definida por decreto por el Gobierno. El cabildo ha contado con una asistencia masiva, estimada en casi 1,4 millones de personas, y una encuesta de la empresa Diagnosis, publicada por Los Tiempos, expresa que seis de cada 10 bolivianos respaldan las medidas de presión de los cívicos.

Santa Cruz no exige otra cosa que equidad en la distribución de los recursos públicos de coparticipación tributaria y un nuevo esquema de representación política, en la Cámara Baja, que refleje el dinámico y creciente movimiento de migración interna que se ha registrado en los últimos años desde los demás departamentos hacia la región oriental, que hoy es indiscutiblemente la capital económica del país. 

Es lógico que a una mayor población corresponda una mayor asignación de recursos para infraestructura, salud y educación y, además, un mayor número de diputaciones. Si el censo se realiza en 2024, será difícil aplicar sus resultados para las elecciones de 2025, lo cual garantizaría el statu quo para el bloque masista en el poder. Tampoco habrá Pacto Fiscal, que representa la eliminación del control de entre el 75 y 80 por ciento de los recursos por recaudaciones tributarias en manos del centralismo, lo cual le permite al poder, ahora, financiar elefantes blancos y una planilla de medio millón de burócratas masistas. 

El censo en 2023 implica una nueva posición cualitativa para Santa Cruz en el país: no sólo es el núcleo de mayor desarrollo económico, sino que también se perfila como un importante centro político, con su propio peso específico, con ideas renovadoras que privilegian una visión más liberal y empresarial, lo cual contrasta con las orientaciones ideológicas del bloque de poder imperante, proclives a la centralización secante y al estatismo, para mantener los privilegios de los grupos corporativos que conforman el MAS. 

Como no podía ser de otra manera, el Gobierno ha minimizado el cabildo y su principal resolución, que establece un plazo con una cifra cabalística que no es de grata memoria para el MAS. Además, ha tratado de ridiculizar la propuesta cruceña para que el censo se efectúe el próximo año. Suele ser frecuente: el populismo ha heredado del socialismo la innata dificultad de ver la realidad, a tal grado que ésta suele ser el único problema para la aplicación de sus programas de gobierno.