Ojalá primen la transparencia y criterios técnicos para garantizar un censo de calidad y el próximo ciclo electoral.

El cabildo realizado el pasado viernes en Santa Cruz reafirmó un posicionamiento político respecto a la fecha del próximo Censo de Población, sin ningún respaldo técnico. Y lo hizo extensivo al Padrón Electoral. Son malas noticias para el propio Censo y para el próximo ciclo electoral. La exigencia con ultimátum y amenaza de paro indefinido no basta para imponer un despropósito.

La definición oficial, por parte del gobierno de Arce, de que el Censo se realizará entre mayo y junio de 2024 tuvo su punto más crítico de contestación en el reciente cabildo departamental. Incapaces de fundamentar una propuesta técnica, la élite y la institucionalidad cruceñas optaron por la fuerza. Era previsible. Si el Censo no se adelanta al 2023, Santa Cruz irá al paro indefinido desde el 22 de octubre. Semejante resolución estuvo precedida de dos paros parciales de 24 y 48 horas.

En tal escenario que anticipa conflicto, la pregunta no es si el Gobierno central atenderá o no el ultimátum del cabildo, lo cual parece altamente improbable, sino si es técnicamente viable hacer un censo dentro de siete meses. Y luego presentar sus resultados en un plazo de 120 días. Sin duda, todos los organismos internacionales especializados que están acompañando el proceso responderán sin matices que no hay ninguna posibilidad técnica de adelantar el Censo al 2023 ni presentar datos veloces.

Es evidente que el Gobierno, en especial la exministra de Planificación, faltó a la verdad cuando a principios de este año aseguraba que todo estaba encaminado para hacer el Censo en noviembre. La falsedad y la exministra cayeron por su propio peso. Y la decisión de ampliar el plazo hasta 2024 no fue acompañada de una explicación clara hacia la ciudadanía. Encima se mantiene a la cabeza del Censo a un director del INE que, figura nominal, ni aparece ni cuenta. Se entiende, pues, que haya desconfianza.

Pero una cosa es el persistente déficit informativo gubernamental y otra muy distinta pretender imponer un censo político. Las palabras del presidente del comité cívico son inequívocas al respecto: “No valen las inútiles mesas técnicas”. El camino, en consecuencia, es adoptar una exigencia política. Así no hay acuerdo posible. Basta recordar que el Gobierno rechazó por inconsistente la propuesta de la universidad y convocó a una mesa técnica para el 11 de octubre, a pocos días del anunciado paro.

Mención aparte requiere el dislate de pretender vincular los datos del Censo con la consigna de hacer un nuevo padrón electoral para las elecciones 2025. El supuesto es que el actual padrón “no es limpio”. Tal supuesto fue rebatido en 2020 por una docena de misiones de observación internacional que certificaron la confiabilidad del padrón, tal como lo hizo en 2017 una auditoría integral de la OEA. Ojalá primen la transparencia y criterios técnicos para garantizar un censo de calidad y el próximo ciclo electoral.