Resulta muy interesante toda la energía puesta, a favor y en contra, en torno al reciente cabildo convocado por el comité cívico cruceño. Escribo esta columna antes de su realización, por lo cual no puedo ocuparme del resultado y sus implicaciones. Me gustaría, en cambio, decir algunas cosas sobre el dispositivo. No es un dato menor que tras ser ignorados/menospreciados durante más de 180 años, el cabildo y la asamblea se reafirmen hoy como mecanismos de la democracia participativa.

Hasta la reforma constitucional de 2004 y, en especial, la nueva Constitución Política del Estado (2009), la democracia en Bolivia era sinónimo de gobierno representativo, esto es, el derecho a votar y, si acaso, elegir. Recién en este siglo reconocimos que la democracia no es solo representación política, sino también participación ciudadana, deliberación pública, control social, libre determinación, autogobierno. En ese marco de demodiversidad se inserta el cabildo.

Debemos asumir, pues, que el cabildo realizado el viernes en la urbe cruceña es un ejercicio democrático. Por su naturaleza, a diferencia de otros mecanismos como el referéndum y la consulta previa, el cabildo es solo deliberativo. Claro que ello no implica que sus determinaciones sean ignoradas por las autoridades competentes. Es relevante también el mandato que tiene el organismo electoral para acompañar y observar un cabildo a solicitud de sus promotores.

Hasta aquí todo bien. El problema son las distorsiones y el uso instrumental. A propósito de la observación del cabildo a cargo del TED Santa Cruz, que ciertamente disgusta al Gobierno, la dirigencia cívica difundió tres falacias: que “es el primer cabildo que admite el Estado” (en realidad es el octavo), que se “otorga legalidad” al cabildo (el tribunal electoral no legaliza nada) y que el acompañamiento “obliga al Gobierno a atender las demandas” (el cabildo no es vinculante).

Pero lo más crítico tiene que ver con el carácter (no) deliberativo del cabildo. Lo que ocurre en realidad es que los promotores definen por anticipado, en la propia convocatoria, las resoluciones que “tomará el querido pueblo”: solicitar, exigir, arrancar… La escenificación incluye discursos, siempre radicales. Y la deliberación se reduce a “someter a consideración” de los asistentes, todos fieles, la aprobación de acciones ya decididas. Hay legitimidad: por la razón o por la fuerza.

No tengo duda de que las siete exigencias de la convocatoria habrán sido aprobadas por el cabildo. Y de los oradores habrán salido las medidas de presión, también avaladas por “la movilización ciudadana”. ¿Y después? Importa el después.

FadoCracia flojonaza

1. La designación del nuevo Defensor del Pueblo, ¿fue artimaña de unos, holgazanería de otros, ambas cosas, ninguna, no sabe/no responde? 2. Sobre el procedimiento se dice que fue legal, pero no legítimo; que se trató de una “maniobra artera”; que fue un “golpe a la democracia”. Y cosas peores. 3. Acerca de la ausencia de 32 asambleístas opositores se asume “error político” (y de juicio); se los tilda de “flojos, sinvergüenzas, tira vida, ¿qué querés?”; se los manda a llorar al río. Y cosas peores. 4. Más allá del episodio, queda en evidencia el ejercicio de una suerte de tráfico de licencias. Las y los asambleístas piden licencia para todo, incluido “el derecho de festejar nuestro onomástiTIRA co” (sic). 5. Basta una carta de invitación, que hasta puede ser trucha, para obtener licencia (dígame licenciado). 6. Esperar una Asamblea que delibere parece inalcanzable. Pero al menos, señorías, asistan, pues. 7. Como solía decir el Mosquito (antes de mutar en langosta): “camarón que se duerme, se lo cascan los sapos”. O en el espíritu de Heráclito: nadie llora dos veces en el mismo río