Vaya mensaje claro y contundente el lanzado la noche del viernes último no solo al poder central, sino también a las dirigencias políticas y civiles de todas las regiones del país, por parte de la multitudinaria manifestación vista y vivida al pie del Cristo Redentor, en Santa Cruz de la Sierra. Más de un millón de personas volvió a darse cita en el lugar, atendiendo la convocatoria a un nuevo Cabildo, hecha esta vez por una comisión interinstitucional formada en Santa Cruz para demandar la realización del Censo en 2023.

Un logro más que extraordinario, si consideramos la coyuntura política y económica que vive hoy Bolivia, marcada por la persecución política, en el primer caso, y la incertidumbre en el segundo caso. Un logro que el partido de gobierno insiste en tratar de desmerecer con argumentos que ocultan su verdadero interés, que no es otro que el de no realizar el Censo. Así, a secas. Las razones para ello han sido explicadas hasta el cansancio por los técnicos de la Comisión Interinstitucional Censo 2023 que preside la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. El punto central es el cálculo político que pasa por la no redistribución de curules en Diputados y de recursos económicos.

Un cálculo político que choca con los derechos de las regiones, tanto de las que están perdiendo población, como de las que están creciendo poblacionalmente. Un factor que hasta la fecha parece no pesar en las decisiones de muchas de las entidades territoriales autónomas que no solo han quedado al margen de la movilización sostenida únicamente por Santa Cruz, sino que además han optado por adherirse o someterse a la voluntad del gobierno central, de postergar el Censo al menos hasta 2024. Un contrasentido si se considera la realidad que padece cada departamento, municipio y universidad hoy, todos ellos percibiendo menos recursos económicos de los que por ley les corresponde.

Una realidad que puede comenzar a cambiar a partir de lo visto y resuelto el viernes por el Cabildo cruceño, siempre y cuando las señales lanzadas allí sean debidamente leídas y asimiladas dentro y fuera de Santa Cruz, como una nueva y tal vez última oportunidad de frenar en seco el avance del proyecto totalitario al que sigue apostando el gobierno del MAS, esta vez a la cabeza de Luis Arce. Desde afuera, por los gobiernos departamentales, municipales y universidades públicas. Y desde adentro, por esos tres niveles de gobierno, más la representación institucional y sectorial privadas, casi todas alineadas en torno a la consigna de ¡Censo 2023!, pero con dificultades para sobrepasar narrativas que impiden hasta hoy vencer barreras y alimentar un necesario y urgente consenso nacional.

Hay solo veintiún días por la frente para acercarse a ese consenso nacional, solo posible si se logran acortar distancias desde ambos polos. Es posible que haya que demandar mayor esfuerzo, otra vez, a las fuerzas que se mueven desde Santa Cruz, por una cuestión muy práctica que no se limita solo al reconocimiento de que el departamento es ya el centro de la disputa política, además del centro y fuerza económica. Acá hay una acumulación histórica de movilización ciudadana y articulación institucional distinta a la vista o vivida en el resto del país, como lo demuestra el cabildo como “instrumento emancipador”, tal como lo señala el expresidente cívico Carlos Dabdoub.

Una acumulación histórica vista no solo en la figura del Cabildo, como el realizado hace dos días, sino también en esa articulación institucional ya mencionada antes y que hoy se refleja en la Comisión Censo 2022. Ambas figuras ausentes, por ahora, en el resto del país y que pueden ser consideradas como un plus o ventaja de Santa Cruz para buscar ese consenso. Pero para que esto sea posible, hay que insistir, es vital que los liderazgos cruceños estén a la altura de los retos que les plantea la sociedad movilizada.

* Maggy Talavera, periodista. www.maggytalavera.com