Fue contundente. El cabildo cruceño por el censo en 2023 dejó mensajes claros para el Gobierno nacional y también para la dirigencia departamental. La presencia de más de 1,5 millones de personas a los pies del Cristo Redentor demostró que este pueblo defiende su libertad de hacer escuchar su voz y su demanda, sin complejos y sin temores.

El Gobierno central no tuvo argumentos para refutar la contundencia de esta movilización. Que lleguen más de un millón de personas trasciende cualquier manipulación o acarreo, es clara la voluntad ciudadana de estar allí por una causa. Y esta postura de los cruceños merece respeto de quien lleva las riendas del país.

Santa Cruz, el departamento más poblado del país, el que más aporta impuestos, empleos y el que cobija a los bolivianos de todas las regiones exige censo el primer semestre de 2023.

Hasta el momento, los argumentos de su institucionalidad, constituida en un comité impulsor de la gran encuesta nacional, han sido ignorados por el gobierno central, que se ha rehusado a por lo menos considerar el adelanto del censo de población y vivienda. No solo no atiende a Santa Cruz, sino que tampoco presenta la información detallada que justifique la postergación hasta el año 2024. El diálogo no existe y la desconfianza mutua es más fuerte que la voluntad de avanzar en un tema que no debería generar discordia.

¿Es que acaso es cierto que el Gobierno no quiere que se sepa cuántos somos, dónde estamos y en qué condición vivimos? La postergación cerrada del censo da lugar a las sospechas y debería ser el Gobierno nacional el principal interesado en disipar cualquier duda y hacer que el proceso sea diáfano, cordial y pacífico. Pero hace exactamente lo contrario, en una actitud que raya en la imposición, antes que en el mentado consenso.

El gobernante Movimiento Al Socialismo, desde los miembros del Ejecutivo, los legisladores y cuanto militante aparece, insisten en descalificar la demanda cruceña. La tachan de politizada y abren espacio para el conflicto. En el cabildo se aprobó un paro indefinido si en el plazo de 21 días no se aprueba la realización del censo en 2023. Jorge Richter, vocero del Presidente, dice que, en la reunión convocada por el gobierno para el 11 de octubre, Santa Cruz debe demostrar que es posible adelantar la gran encuesta para que sea fiable y no inservible, pero no ha dicho nada sobre el fracaso del INE en esta gestión ni sobre la falta de datos de esta institución a la ciudadanía. ¿Por qué esta región debe demostrar que es posible cumplir la ley? ¿Por qué no es el Ejecutivo nacional el que deba dar examen respecto a la gran demora que plantea?

Pero también hay que decir que el mensaje del cabildo cruceño ha sido contundente para los dirigentes regionales. Semejante concentración necesita líderes que estén a la altura y que sepan interpretar el alcance de la voluntad popular, ya que una mala decisión en la conducción arriesga la unidad que pusieron en evidencia los habitantes de esta tierra, los nacidos y los que llegaron desde otras latitudes de dentro y fuera del país.

Un paro indefinido es una medida fuerte y sacrificada. No es, como dice el gobierno, que va a perjudicar solamente a Santa Cruz; afectará a todo el país. Por eso es vital que el Gobierno nacional y la dirigencia institucional cruceña hagan todos los esfuerzos para evitar una protesta de esta naturaleza. Quedan 20 días. Que la responsabilidad con Bolivia valga más que la soberbia y los intereses sectarios.