La auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) que establece que hubo dolo (fraude) en las elecciones de 2019 en Bolivia persigue al gobierno del MAS como un karma del que no puede desprenderse. Por el contrario, entre más intentos hace el oficialismo por desacreditar el estudio, surgen nuevos actores que lo avalan, tal como ocurrió la última semana con el Departamento de Estado de Estados Unidos que, en un reporte al Congreso de aquel país, ha acreditado los resultados de la auditoría de la OEA, así como el informe de la Unión Europea y el reporte de la consultora Ethical Hacking, que revelan las irregularidades cometidas en esos comicios.

Paradójicamente, fue el embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce, quien anunció, en marzo pasado, que “el Congreso de Estados Unidos ha aprobado por Ley que el Departamento de Estado, en el plazo de 120 días, informe el rol de la Secretaría General de la OEA en 2019, mediante expertos internacionales y sobre los hechos de violencia que se vivieron en el país”. Éste es uno más de los varios esfuerzos que hizo el político, convertido en diplomático, para tratar de desacreditar el informe de la OEA.

Pues bien, el resultado de ese pedido es el que llegó al Congreso estadounidense esta semana, en el que el gobierno de Joe Biden se remite al informe de la OEA para decir que en Bolivia se tomaron una “serie de acciones deliberadas para alterar los resultados” de las elecciones de 2019.

También señala que el equipo auditor de la OEA encontró irregularidades en los cuatro procesos electorales que examinó: el sistema informático del TREP y los resultados finales; la cadena de custodia de materiales electorales; la legalidad e integridad de los formularios de resultados; y la tendencia estadísticamente improbable de que Morales hubiera ganado en primera vuelta.

El reporte del Gobierno estadounidense califica a la OEA y a la UE como “fuentes creíbles”, mientras que no menciona aquellos informes que ponen en duda la auditoría de la OEA, como el que elaboró el Centro de Investigación Política y Económica (CEPR), el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) o el que se publicó en un sitio del diario The Washington Post.

Pese a que el informe de la OEA fue avalado por la Unión Europea y ahora por Estados Unidos, el Gobierno prefiere mirar a otro lado. “Esas consideraciones, hay que apuntarlo de forma clara, no tienen ninguna trascendencia ni en Bolivia ni en el mundo”, dijo el canciller Rogelio Mayta.

El MAS se empeña en desconocer la auditoría de la OEA porque es el punto de partida para sostener que en Bolivia hubo un golpe de Estado y no un vacío de poder tras la crisis de 2019. Sin embargo, los hechos están todavía frescos en la memoria de los bolivianos y todos quienes fueron testigos de esos sucesos saben que hubo un levantamiento popular durante 21 días denunciando fraude electoral. Luego, a pedido del Gobierno de Bolivia, la OEA hizo una auditoría al proceso, llegando a la conclusión de que hubo dolo para alterar los resultados; es decir, hubo fraude electoral.

Ese informe fue el detonante de la renuncia del entonces presidente Evo Morales y de todo su gobierno, vacío que fue llenado por la entonces senadora Jeanine Añez, quien ahora está en la cárcel sentenciada por un golpe de Estado inexistente.

En el fondo, el MAS ha puesto en marcha una revancha en contra de quienes lo sacaron del poder en 2019 y para eso necesita decir al mundo que el informe de la OEA no es válido, pero hasta ahora el fraude (tiro) le ha salido por la culata.

Cada vez que el oficialismo hace un nuevo intento por desacreditar la auditoría de la OEA, termina en un papelón, como el protagonizado por el procurador Wilfredo Chávez, quien reclutó a estudiantes de la UPEA para ponerlos a contar los votos de 2019 para llegar a la conclusión de que “no hubo fraude”, cuando instituciones de la talla y el peso de la OEA, la UE o el Gobierno de Estados Unidos aseguran lo contrario.