El cabildo de este viernes en Santa Cruz determinó otorgar un plazo de 21 días al Gobierno nacional para decretar el Censo en 2023; caso contrario, comenzará un paro indefinido desde el 22 de octubre.

El cabildo convocado por el Comité pro Santa Cruz y el Comité Impulsor del Censo congregó a 1.530.000 personas, según los organizadores.

Al final de la ronda de oradores, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, planteó inicialmente “exigir al Gobierno central llevar adelante el Censo en 2023 para que los resultados, que deberán estar en un tiempo no mayor de 120 días calendario, sean aplicados de manera inmediata para los fines del Estado y se erija el nuevo padrón electoral que regirá las elecciones generales 2025”.

Los asistentes al cabildo respondieron “sí”, gritaron “aprobado” y se detonaron petardos. La misma respuesta recibió la segunda pregunta.

¿Están de ustedes de acuerdo que en caso de que el Gobierno nacional, en el plazo máximo de 21 días calendario a partir de la fecha, no nos responda favorablemente a este pedido, entramos en un paro indefinido a partir del 222 de octubre?”, consultó Calvo.

Agregó que el paro indefinido “solo se suspenderá cuando el Gobierno publique en la Gaceta el decreto supremo que establezca la fecha del censo dentro del año 2023”.

“Exhortamos al Gobierno nacional a que la cordura y el amor a la patria se impongan en sus decisiones, en pacífica armonía. Nosotros somos un pueblo de fe, somos un pueblo de esperanza, somos un pueblo de lucha y somos un pueblo de victoria”, indicó, como tercer punto, el presidente cívico.

Finalmente, pidió al presidente Luis Arce que “deje la tozudez, cambie de discurso, piense en los bolivianos, piense en que necesitamos de un Censo”. “Por eso, no vamos a recular ni un centímetro”, concluyó.

Juicio para Evo

Antes de plantear las preguntas a los asistentes, Calvo pidió un proceso penal y la pena máxima por asesinato para el expresidente Evo Morales a raíz del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que afirma que su gobierno ordenó las ejecuciones extrajudiciales y torturas en el operativo en abril de 2009 en el hotel Las Américas de Santa Cruz.

“La impunidad es inaceptable (…) Trabajen para Bolivia, no busquen cómo dividir, dejen de consentir a fraudulentos, mentirosos, narcotraficantes y corruptos”, enfatizó el líder cívico cruceño.