En su momento, fue el pretexto para perseguir opositores. Ahora, una voz autorizada, fuerte, institucional e internacional como es la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del sistema de Naciones Unidas dice que, en 2009, en el hotel Las Américas de Santa Cruz de la Sierra hubo ejecuciones extrajudiciales y torturas ordenadas por el gobierno de entonces, el de Evo Morales, en contra de cinco miembros de un supuesto grupo armado.

El caso fue bautizado por esa administración gubernamental como “terrorismo” y, a partir de allí, comenzó una de las persecuciones más hostiles que se recuerde de la era democrática de Bolivia contra opositores políticos, por un hecho en el que confluyeron estrategia, montaje e ingenuidad. Algo así como una trampa bien tendida en la que cayeron algunos activistas y líderes de la región.

Como se recuerda, la madrugada del 16 de abril de 2009 una unidad de élite de la Policía Boliviana irrumpió en dos habitaciones del citado hotel en la capital oriental con armas de fuego y, dentro de ese operativo, murieron de forma violenta Eduardo Rózsa Flores, Arpad Magyarosi y Michel Dwyer, además de que fueron detenidos Elod Tóásó y Mario Tadic.

Trece años y medio después, un documento oficial de la CIDH revela las conclusiones de una larga investigación de los hechos que está firmada por quien fuera hasta hace poco presidenta de esa Comisión, Antonia Urrejola, además de otras tres comisionadas que integraron el grupo.

La operación fue ordenada por el presidente Morales. Ese mismo día, al llegar al aeropuerto de Caracas, lo reconoció él mismo. Declaró a varios medios de comunicación que había dado la autorización para dicha acción policial, que se efectuó sin orden judicial ni fiscal. La comisión investigadora constató que toda la intervención estuvo a cargo del Ministerio de Gobierno y dirigida desde La Paz, no así por la Fiscalía de Santa Cruz como debió haber sido.

Aquella madrugada, las cámaras de seguridad del hotel Las Américas fueron apagadas y se cortó el servicio de internet. Incluso, personal de aquel ministerio –que estaba alojado en el mismo lugar– eliminó los videos.

El informe de la CIDH explica que se juzgará al Estado boliviano y no al gobierno de Morales, y aclara también que, para evitarlo, Bolivia debe cumplir cuatro recomendaciones, entre las que figura un juicio nacional en contra de los responsables de la ejecución extrajudicial.

La Comisión estableció que el Estado boliviano es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, protección de la honra y de la dignidad y protección judicial de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que Bolivia es signataria.

Como era de esperarse, Morales salió a denunciar que el informe de la CIDH es parte de un “plan negro” en su contra, y habló de un “trabajo sucio” que atribuyó al exministro Arturo Murillo que hoy, como es de público conocimiento, está encarcelado en Estados Unidos.

Los acusadores, en este caso, provienen de una entidad respetable como la CIDH, de la que no se puede decir que sea “de derecha”: quien la presidió es una reconocida militante de izquierdas, tanto que actualmente encabeza el Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de Gabriel Boric, al que Morales felicitó en su momento efusivamente.