Un informe del Departamento de Estado al Congreso de Estados Unidos se constituyó en otro revés al MAS, debido a que validó la auditoría de la OEA que halló irregularidades en los comicios de 2019, por las que Evo Morales renunció a la Presidencia tras ser acusado de fraude electoral, e instó a Bolivia a implementar las recomendaciones del informe del GIEI de manera justa y transparente.

En septiembre de 2020, el Congreso de Estados Unidos requirió una investigación sobre el rol que jugó la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Bolivia tras las elecciones generales de 2019 que fueron anuladas por denuncias de fraude electoral.

Este aspecto fue destacado por el gobierno del presidente Luis Arce. El embajador de Bolivia ante la OEA; Héctor Arce, dijo que se trataba de una investigación especializada sobre los sucesos de 2019 que derivaron en la caída de Morales.

Al referirse a los comicios de 2019, el informe señala que el primer conteo rápido del Centro de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) mostró que Morales no había logrado una victoria en la primera vuelta, al obtener el 45 por ciento de los votos totales y sólo 8 por ciento más que su rival más cercano. Sin embargo, Morales proclamó haber triunfado.

Con el conteo oficial en marcha, añade el informe, el servicio de internet fue cortado intencionalmente en el centro de conteo, incluso en el TREP. El apagón duró 18 horas, impidiendo la difusión pública de información sobre los conteos y los resultados preliminares que normalmente se realiza. Cuando el servicio de Internet fue finalmente restablecido, el conteo de votos mostró a Morales posicionado para una victoria en la primera ronda.

Múltiples fuentes de observación confiables, indica el informe, incluidas la OEA y la Unión Europea, el corte en la conexión a internet ocurrió no solo inexplicablemente sino también intencionalmente, sin un culpable identificable. Esta situación aumentó la desconfianza y las tensiones, que ya estaban altas, y se produjeron disturbios en todo el país, acotó.

Ante esa situación, indica el informe, el 30 de octubre de 2019, Morales solicitó una auditoría de la OEA al proceso electoral. El reporte confirmó los hallazgos de la Misión de Observación Electoral respecto de la manipulación electoral.

El informe de la OEA señaló que se tomaron una “serie de acciones deliberadas para alterar los resultados”, a través de la manipulación de los votos, tanto en las actas como en el procesamiento de resultados. El equipo de auditoría de la OEA encontró que para lograr esto último “se construyó deliberadamente una infraestructura informática oculta con la capacidad de cambiar los resultados de la elección y borrar cualquier rastro de haberlo hecho”, indica el reporte del Departamento de Estado de EEUU.

“El equipo auditor de la OEA encontró irregularidades en los cuatro componentes electorales que examinó: el sistema informático utilizado para el TREP y para los resultados finales; la cadena de custodia de los materiales electorales; la legalidad e integridad de las actas electorales; y una tendencia estadísticamente improbable en el 5% final de los resultados”, se lee en el informe al que accedió Unitel.

El informe también resalta que Ethical Hacking, una consultora de ciberseguridad contratada por el TSE para auditar la elección, también encontró vulnerabilidades, incluidas aquellas que hacían posible la interceptación y alteración del código fuente, de registros, de votos y de fotografías en el sistema electoral; la interceptación y lectura del TREP y sus comunicaciones.

El informe de EEUU también se refirió a las conclusiones emitidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) emitidas en 2021, respecto a las investigaciones sobre los conflictos electorales y pos electores de 2019.

El informe del GIEI daba cuenta de “graves violaciones a los derechos humanos” por parte de las fuerzas de seguridad bolivianas en torno a las elecciones bajo las administraciones de Morales y Áñez, incluidas detenciones ilegales, violencia sexual, tortura y el asesinato de 37 personas en las localidades de Sacaba y Senkata, los días 15 y 19 de noviembre de 2019, indicó EEUU.

“La implementación que el gobierno de Arce ha hecho del informe del GIEI sigue siendo en gran medida parcial, aprovechando el informe del GIEI como fundamento para enjuiciar a opositores, a pesar de que el GIEI concluyó que tanto los grupos pro-MAS como los anti-MAS cometieron violaciones”, advierte el informe de EEUU.

En ese sentido, advierte el informe del Departamento de Estado, el gobierno de los Estados Unidos sigue expresando su solidaridad con las víctimas de los abusos en materia de derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, y continúa instando a Bolivia a implementar las recomendaciones del informe del GIEI de manera justa y transparente.

BD/JJC