Un informe del Congreso de Estados Unidos determina que en Bolivia hubo un fraude promovido desde el gobierno del entonces presidente Evo Morales y de otras instituciones del Estado. El documento, enviado al Departamento de Estado se sustenta en el reporte final de la misión de observadores electorales de la OEA.

Además, los congresistas se apoyan en la investigación realizada en el país por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para mencionar que durante la crisis política y social que se produjo entre septiembre y diciembre de 2019, ocurrieron violaciones a los derechos humanos por parte, primero, del gobierno del renunciante presidente Evo Morales, y después por el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

El caso.

En el apartado número II del informe, el Congreso de Estados Unidos señala que ante las denuncias de fraude y de las protestas ciudadanas, el Gobierno del entonces presidente y aspirante por cuarta vez a la reelección, Evo Morales, solicitó una auditoría electoral a la OEA, que comenzó el 1 de noviembre de 2019. “El 10 de noviembre la OEA concluyó que los resultados de las elecciones no debían certificarse debido a irregularidades”.

Posteriormente, en diciembre de 2019, la OEA publicó un informe final de casi 100 páginas en el que “confirmó los hallazgos de la misión de observación electoral sobre manipulación electoral. Se tomaron acciones deliberadas para alterar los resultados, con manipulación de la votación, en las actas de escrutinio y en el procesamiento de los resultados”.

Violencia

El informe del Congreso de EEUU menciona que el Gobierno boliviano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) suscribieron un acuerdo para investigar los hechos de violencia ocurridos durante la crisis política y social, entre septiembre y diciembre de 2019.

En las investigaciones fueron evidenciadas “graves violaciones de los derechos humanos” por parte de las fuerzas de seguridad bolivianas, en torno a las elecciones bajo los gobiernos de Morales y Áñez, incluidas detenciones ilegales, violencia sexual, tortura y asesinato de 37 personas.