Las auditorías a las elecciones generales de octubre de 2019 en Bolivia fueron objeto de revisión del Departamento de Estado de Estados Unidos, cuyo informe valida sus resultados.

Por orden del Congreso estadounidense, el Departamento de Estado analizó las auditorías de Ethical Hacking, encargada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), y de la Organización de los Estados Americanos (OEA), las cuales encontraron irregularidades en el proceso electoral anulado en 2019 y que desató protestas en Bolivia por el fraude presuntamente cometido por el Movimiento Al Socialismo (MAS).

Este trabajo fue encargado por congresistas estadounidenses en marzo pasado y anunciado por el embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce Zaconeta, como un informe del “rol de la Secretaría General de la OEA, en 2019, mediante expertos internacionales y sobre los hechos de violencia que se vivieron en el país”.

Ahora, el Congreso estadounidense recibió el informe del Departamento de Estado de ese país, al que tuvo acceso la red Unitel.

Sobre la auditoría de la empresa Ethical Hacking, el informe estadounidense indicó que esta “consultora de ciberseguridad contratada por el TSE para auditar la elección también encontró vulnerabilidades, incluidas aquellas que hacían posible la interceptación y alteración del código fuente, de registros, de votos y de fotografías en el sistema electoral; la interceptación y lectura del TREP y sus comunicaciones”.

Entretanto, respecto al estudio de los expertos de la OEA, recuerda que fue solicitado en 2019 por el gobierno de Evo Morales y que pudo determinar que “se construyó deliberadamente una infraestructura informática oculta con la capacidad de cambiar los resultados de la elección y borrar cualquier rastro de haberlo hecho”.

Sobre el proceso electoral de octubre de 2020, que terminó con la victoria de Luis Arce, el Departamento de Estado del gigante norteamericano indica que es “considerado libre y justo por los observadores independientes, incluida la OEA”.

También se refiere al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI Bolivia) que establece que, entre octubre y diciembre de 2019, hubo “graves violaciones a los derechos humanos”.

Indica que este trabajo fue “bien recibido” por el Gobierno, pero que las recomendaciones no fueron cumplidas y que, por el contrario, su contenido fue usado como argumento para iniciar procesos penales contra opositores.