Como sucede a muchos indígenas de tierras bajas, la falta de oportunidades en su comunidad, San Miguel del Bala, en el municipio San Buenaventura, por el parque Nacional Madidi, empujó a Miguel Supa Gámez (58) a buscar ingresos en la agricultura.

Supa es un takana que dejó temporalmente su parcela y se anotó como trabajador de los interculturales de Apolo, en La Paz.

En una de sus jornadas, luego de limpiar un platanal, cuando le tocaba irse a descansar, su presencia coincidió con una violenta pelea por la posesión de la tierra, entre agricultores y mineros.

El hecho ocurrió en Chushuara el 27 de marzo de este año y dejó al menos a 15 personas heridas por arma de fuego, y 18 detenidas. A los últimos, el Ministerio Público en Apolo les inició una investigación por los delitos de tentativa de asesinato, asociación delictuosa, portación de armas y portación de sustancias explosivas.

Entre los acusados estaba Miguel Supa, a quien atribuyeron ser parte de los interculturales que dispararon. Sin embargo, Supa es un indígena del territorio takana, descendiente de otra nación de tierras bajas, los esse ejja.

Llegó a Chushuara seis meses antes, para trabajar como peón jornalero, pero tuvo la mala suerte de estar en el sitio equivocado.

“Él nunca tuvo malos antecedentes en la comunidad. Se fue para trabajar. Además, de estos lados siempre vienen por aquí a pedir gente. Nada tiene que ver con esa comunidad Chushuara donde hubo el problema”, relató Camila Nay, secretaria de actas de la comunidad San Miguel del Bala, a la Fundación Tierra.

Noé Macuapa, corregidor de la región, explicó que en San Miguel del Bala hubo el boom del turismo, se incentivó el emprendimiento comunitario, pero desde la pandemia bajó el turismo y en su mayoría la gente se dedicó a la agricultura o actividades de jornaleros.

Del monte a la cárcel

Después de acusar a Miguel Supa, lo trasladaron a la ciudad de La Paz, primero a la cárcel de Obrajes y posteriormente al penal de San Pedro.

El indígena apenas tenía la ropa que llevaba sobre el cuerpo. Al principio, lo acomodaron en el sector de La Grulla, donde algunos internos se compadecieron y le dieron alimentos y espacios para descansar.

A los pocos días fue trasladado a otro lado del penal de San Pedro, donde no podía pagar por el alquiler de un espacio. Tuvo que acomodarse para dormir en la cocina; todo el mundo sabe que en los penales del país hay que pagar para comer o para tener un espacio donde vivir.

Actualmente, para sobrevivir, Supa paga su permanencia en la cárcel como ayudante de cocina, pelando papas y cebollas, ayudando en lo que puede.

Pese a no contar con los documentos de identidad, Supa fue registrado con los datos que él mismo brindó a la Policía.

Sin identidad

Hasta el momento, han tratado de ayudar a Miguel Supa diversas organizaciones, como la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), Pastoral Social de La Paz, Fundación Tierra, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), la Federación Departamental de Comunidades Interculturales Originarios de La Paz (Fdciolp) y otras, con el objetivo de que Supa tenga documentos de identidad y sea sujeto del debido proceso, pero no ha sido posible.

Lamentaron la falta de voluntad del Estado, al que se han dirigido, y del que no han tenido respuesta, sobre todo argumentando que solo Supa y otra persona continúan detenidos, mientras que los demás están libres.

“Sé que la Defensoría del Pueblo no ha hecho nada, los indígenas de Pilón Laja lo han respaldado, entonces debería actuar el defensor. Miguel Supa está preso desde marzo, sigue ahí por no tener documentos. Lo paradójico es que nadie puede asumir su defensa porque no tiene documentos de identidad, pero sí pueden mantenerlo detenido”, cuestionó Alcides Vadillo, director de la Regional Oriente de Fundación Tierra.
Según Alex Villca, de la Contiocap, hasta ahora no pudieron acceder al cuadernillo de investigación para conocer a fondo lo ocurrido.

Cuestionó que hasta hoy todos los demás acusados salieran en libertad, y recordó que incluso se habló de extranjeros involucrados. “En este Estado Plurinacional pagan justos por pecadores. Supuestamente, el hermano Miguel Supa Gámez solo tiene abogado de oficio, quien tal parece no hacer absolutamente nada. El juez dictó su sentencia no por avasallamiento, sino por intento de homicidio, lo que complicó la situación del hermano Miguel”, aludió.

Del mismo modo, Villca dio a conocer un documento del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), en respuesta a una solicitud de la Fdciolp de enviar una brigada del Servicio Nacional de Registro Civil (Sereci) hasta el Penal de San Pedro, para la emisión del certificado de nacimiento de Supa.

“No es viable emitir algún tipo de información (…). Las solicitudes de certificaciones se encuentran normadas”, indicó la respuesta de mayo de 2022.

Vadillo lamentó que sea muy común que pueblos que se denominan de reciente contacto, no estén insertos en el conjunto de la sociedad y más de la mitad no tenga documentos de identidad. “Entre mosetenes, takanas, chimanes, el 70% de la población está sin documentación, eso afecta sus bonos, ya sean Dignidad, Juana Azurduy, Juancito Pinto, etc. Incluso tienen dificultad para que los chicos accedan al colegio”, dijo.

Miguel Supa tenía certificado de nacimiento, pero lo extravió durante una riada que afectó a su comunidad. Mientras tanto lleva más de 150 días encarcelado.