Imaginamos que el Cabildo convocado por las autoridades cívicas cruceñas, previsto para este viernes, será muy concurrido si no llega a ser multitudinario como en oportunidades pasadas. El motivo, el Censo de Población y Vivienda, es suficiente motivo para que todo el pueblo se vuelque a los pies del Cristo y calles aledañas para demandar que el mismo se realice el próximo año. El Gobierno dice que eso es imposible, que el tiempo no alcanza, y que estaría en posibilidades de llevar adelante la estadística nacional recién en 2024. Ya sabemos de memoria por qué Santa Cruz quiere el censo cuanto antes, pero a todas esas razones fundamentales, que no hay por qué repetir, se agrega la poca credibilidad que la gente –en especial los cruceños– tiene por la administración masista.

Sabemos que realizar el censo en 2024 significaría conocerlo y oficializarlo un año después, si se obra con responsabilidad. Pero, a mediados de 2025, estaremos en plenas elecciones presidenciales, lo que significaría concurrir a las urnas con el mismo padrón electoral viciado por donde se le mire, pero, peor aún, sometidos económicamente, como hasta hoy, al capricho del Gobierno. Además de que ni siquiera tendríamos el número de diputados que nos corresponde de acuerdo a nuestra cada vez más creciente población. Seguiríamos siendo el departamento receptor de desocupados del interior del país, sin los recursos económicos indispensables para las necesidades básicas que requieren los migrantes.

El Gobierno no ha ejecutado el censo este año, como era su deber. Tampoco quiere hacerlo el próximo. ¿Por qué creerles que lo harán el 2024? Sabemos que al MAS no le interesa realizar el censo y conociendo su habilidad para realizar maniobras culebreras –la elección del Defensor del Pueblo es la última– nada podría sorprendernos si la estadística nacional se la posterga para las calendas griegas. Por eso Santa Cruz tiene que presionar ahora.

En estas épocas de definiciones cruciales, cuando en la efeméride cruceña se le ha pedido de frente, sin tapujos, al presidente del Estado, la necesidad de tomar una decisión correcta, nos encontramos con un departamento dividido políticamente, lo que es lamentable. Ha quedado claro que existe una abierta afinidad con el MAS de parte del alcalde municipal –que hace recordar los arrumacos que en su tiempo tuvo Percy Fernández con Goni– y otra corriente, mayoritaria por supuesto, que respalda plenamente al gobernador y al Comité Cívico. Para el común de las personas, aquí se enfrentan masistas contra opositores, y lo que es más complejo todavía, parece que fuera de collas contra cambas.

¿Y cuáles son las otras cosas que nos trae este fin de septiembre? Nada menos que recordarnos las ejecuciones extrajudiciales que se llevaron a cabo en el Hotel Las Américas en abril de 2009. En esa oportunidad en que fueron asesinados, a sangre fría, mientras dormían, los ciudadanos extranjeros Eduardo Rozsa (húngaro-boliviano), Árpad Magyarosi y Michael Dwyer, acusados de planear un golpe de Estado y el “magnicidio” de Evo Morales. ¡Pura cháchara! No fue sino el pretexto para descabezar y perseguir a una oposición que se mostraba aguerrida y disconforme con el Gobierno. Los oficialistas negaron las responsabilidades sobre los crímenes y apresaron a una cuarentena de cruceños a quienes encerraron en diversas cárceles del país durante los años que les dio la gana, acusándolos de terroristas y separatistas. Fiscales y jueces serviles y negociantes se encargaron de lavarles la cara a los sicarios y de armar una novela negra para imputar a los inocentes.

Pero la justicia no se detuvo porque el dolor fue muy grande, y después de transcurridos más de 13 años y de no haber cesado de reclamar por tanta injusticia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha determinado que el Gobierno de Morales ordenó las bárbaras ejecuciones y sus resultados tienen carácter vinculante para el Estado Plurinacional. Aquí no hay “plan negro” que valga, y sí el recuerdo rojo de la masacre.

Ahora es probable que no solo tengan que salir a la luz los gatilleros del fusilamiento nocturno, sino que el “hermano” Evo tenga que dar la cara y explicar algunas cositas, como las que expresó delante de otros jefes de Estado, a su arribo a Caracas, en la madrugada en que se produjeron los asesinatos. Al parecer, es cierto aquello de que no hay plazo que no se cumpla. Santa Cruz deberá manifestarse solidariamente contra quienes inspiraron la matanza y ojalá que esta vez ninguna de sus autoridades se ponga del lado de los culpables porque sería imperdonable.