La agenda de ocho puntos del cabildo de este viernes no incluye, “de manera predeterminada”, el debate de un paro regional indefinido, precisaron ayer los organizadores del evento que fue validado por el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz (TED). Eso sucedió mientras el Gobierno rechazaba la propuesta técnica de Santa Cruz para ajustar el cronograma del censo para el 2023.

Con el decreto 4760, el presidente Luis Arce postergó la gran encuesta nacional hasta junio de 2024 y dejó al Instituto Nacional de Estadística (INE) que fije la fecha exacta del operativo. En principio, fue establecido para noviembre de este año.

La institucionalidad cruceña y varias otras organizaciones nacionales consideraron que un censo en 2024 será “altamente politizado” debido a la seguidilla de procesos electorales que se activarán durante ese año. Además, y considerando que los resultados del censo tardarán un año en procesarse, las organizaciones alertaron que el pacto fiscal sufrirá un retraso mayor. Se trata de la herramienta que se aplica para redistribuir los recursos de la coparticipación tributaria sobre la base del número oficial de habitantes del país.

De igual modo, existe el riesgo de que no se aplique la reasignación de escaños en el Legislativo antes de 2025, cuando se desarrollen las elecciones nacionales y se reconfigure el mapa político.

“No podemos aceptar que se politice, que se electoralice el censo y que se quiera llevar al 2024, cuando ese año ya existe un cronograma electoral muy fuerte. Es por eso que no se comprende la postura del Gobierno cuando nos acusa de politizar el censo”, afirmó el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo.

“Ya hemos sido flexibles cuando toleramos la ineficiencia del INE que no pudo hacer su trabajo ni completar la actualización cartográfica para este año, 10 años después del anterior censo”, remarcó.

Por eso, el primer punto sobre la que deliberará el cabildo será el censo. En ese marco, ayer, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), lanzó el pedido oficial para impulsar un proceso que, además de “transparente y oportuno”, sea “justo”.

Según el memorial, la exigencia es en favor de un censo “en el mes de junio del año 2023”. Los asistentes podrán o no adherirse a la solicitud y sugerir que se asuman medidas para que el Gobierno atienda el pedido de la región.

Como consecuencia de esa demanda, el cabildo planteará, luego, que se apresuren los trabajos para “la elaboración del Pacto Fiscal, conforme al mandato jurídico de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización”. Además, se pedirá la anulación de la Ley 1405 de Estadísticas Oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia, la norma con la que se dio al INE la potestad del procesamiento de datos oficiales de todo el país.

El cuarto punto del temario será para “exigir al Órgano Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa Plurinacional la reforma judicial” y posteriormente la demanda para que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) “frenar el avasallamiento y ocupación ilegal de las tierras en Santa Cruz”. Esta agenda también fue planteada en otros momentos y, ahora, es parte de la invitación que lanzó el propio Gobierno a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO). De hecho, se pactó una reunión para el 6 de octubre con ese punto sobre la mesa.

Pero, además, las institucionalidad cruceña demandará en el cabildo “acciones institucionales para el resguardo de las áreas protegidas nacionales”, muchas de ellas afectadas por el narcotráfico.

El cabildo también debatirá acciones en favor de “un nuevo Padrón Electoral para la realización de las elecciones nacionales, departamentales y municipales”. El octavo punto de la agenda es para recibir las propuestas de las organizaciones y representantes que acudirán al evento. Alguna de ellas, como el Comité Cívico de las Provincias, anticipó ayer que pedirá un paro y bloqueos de caminos. Así lo señaló Jose Serrate, dirigente de ese sector. “En las provincias existen muchas necesidades y necesitamos del censo; no vemos cómo más nos podemos hacer escuchar”, afirmó el dirigente cívico.

Ante esa propuesta, Calvo optó ayer por tomar distancia. Anticipó, sí, que “no se hará nada por dañar a los bolivianos” y explicó que hay reuniones intensas con varios sectores. “Estamos conversando; sabemos que el pueblo boliviano tiene muchas necesidades. Vamos a hacer lo que le convenga al pueblo boliviano. Vamos a asumir las propuestas que estamos recogiendo en las distintas reuniones que estamos teniendo”, afirmó el presidente del Comité Cívico.

Poco después, el gobernador, Luis Fernando Camacho, en un contacto con EL DEBER, anunció que no sería parte de los oradores en el cabildo. “El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, me ha pedido expresamente no hacerlo ni estar en la testera, debido a una exigencia del Tribunal Electoral Departamental para que no se interprete que el cabildo es político”, puntualizó. Dijo que espera que se asuman medidas “contundentes” y que esperará “como un ciudadano más”, las resoluciones del cabildo.

José Luis Santistevan, uno de los asesores jurídicos del Comité Interinstitucional del censo, señaló que el cabildo “no tiene una agenda con medidas predeterminadas”, como la posible decisión de un paro indefinido regional.

A pocas horas del cabildo, llegó ayer hasta Santa Cruz el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Guarachi. Informó que recibió resoluciones contra las medidas de presión que asumirá el cabildo.

“No estamos viniendo a provocar. Estamos recibiendo las notas resolutivas y pronunciamientos de varios sectores laborales de Santa Cruz que piden no entrar en la confrontación, más al contrario de seguir trabajando y de seguir aportando a la reactivación de la economía. Con una medida extrema de esa naturaleza se perjudican los trabajadores y todo el departamento, porque se perderán millones. De entrada rechazamos el paro cívico”, afirmó el dirigente.

Guarachi se reunió ayer con Rolando Borda, el dirigente petrolero que está a cargo de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz (COD). Entre ambos dirigentes intercambiaron criterios respecto al “estado de emergencia” que declararon sus organizaciones que son afines al gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).

El rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar, se reunió a inicios de este mes con la COR y Borda, su principal dirigente. A ellos les explicó la importancia del censo en 2023. Similar tarea se realizó esta semana en el Concejo municipal, aunque sin la presencia de los representantes de la UCS, el partido que lidera el alcalde Jhonny Fernandez.

Los promotores del cabildo evaluaron ayer el rol de las intervenciones. Cuéllar será uno de los principales oradores; dará cuenta de todas las gestiones que hizo para pedir información al INE desde febrero, antes de que se postergue la fecha de la encuesta nacional. En contacto con EL DEBER, Cuéllar valoró que el TED haya aceptado acompañar el cabildo. “Santa Cruz logró sus conquistas en cabildos; en democracia”, dijo.