La concejala de Unidad Nacional (UN), Azucena Fuertes, anuncio la presentación de una  denuncia por "incumplimiento de deberes" contra el alcalde de Potosí, Williams Cervantes Beltrán.

Fuertes presentó el Auto Supremo 027/2007 que establece sanciones para concejales, funcionarios, un exdirigente cívico y empresarios de la construcción por el irregular manejo de recursos donados por la Compañía Minera del Sur (Comsur) y mala calidad de obras en el recreativo de Tarapaya.

Fuertes sostiene que ese auto establece que en ejecución de sentencia se tiene que llevar adelante la recuperación del daño civil; responsabilidad dejada a los titulares de la institución desde el año 2007, fecha cuando se emitió el auto.

Según esa lógica, se tendría que demandar a los alcaldes, René Joaquino, Zenón Gutiérrez (+), Remberto Gareca y Williams Cervantes, quienes no recuperaron el daño civil fijado en caso de corte en el proceso por el recreacional de Tarapaya.

La concejada de oposición argumentó que se trata de recursos que se deben recuperar en beneficio de la población de Potosí, por lo que decidió demandar al actual titular de la comuna y que el caso de los otros alcaldes se tendrá que definir a través de la ampliación del proceso.

PROCESO CIVIL

El pasados días el alcalde Cervantes anunció que instruyó a la Unidad Jurídica poner en marcha un proceso civil para la recuperación de los recursos afectados en el caso Tarapaya.

Se conoce que el caso Tarapaya comenzó porque el dinero donado por la Comsur (1.5 millones de dólares) fue administrado por los concejales con la participación de un dirigente cívico, debido a que esa entidad gestionó el apoyo para la Alcaldía de Potosí.

NO SE PUEDE

Anoche Carlos Gómez, asesor jurídico de la Alcaldía de Potosí, informó a este medio que, por el momento, no pueden llevar adelante el proceso civil para recuperar los recursos afectados ni consolidar la detención de los que tienen sentencias mayores a tres años.

El motivo, según Gómez, sería que Justo Javier Villavicencio presentó este año un amparo constitucional que se encuentra sujeto a atención. Por ello, el proceso sigue vigente.

Dijo que como el caso Tarapaya está vigente no se podrá avanzar en las otras acciones y anunció una representación ante el Tribunal Supremo de Justicia para que se resuelva el amparo y se pueda conocer si el auto al que hace referencia la concejala se concreta y así hacer detener a los procesados y recuperar el dinero.

Las condenas no se consolidan

El Auto Supremo 027/2007, del 23 de enero de 2007, presentado por Azucena Fuertes establece condenas menores para la mayoría de los procesados quienes ya se habrían acogido al perdón judicial.

Justo Javier Villavicencio, Juvenal Filipps y Gil Villegas fueron condenados a seis años de cárcel a cumplir en el penal de Cantumarca.

Cuando la Alcaldía pidió que se emitan los mandamientos de condena, la jueza María Cristina Montesinos emitió un decreto que señala que el proceso está vigente y no procede la reclusión.

El abogado de la Alcaldíaexplicó que Justo Javier Villavicencio planteó un amparo constitucional que debe ser resuelto por el Tribunal Supremo de Justicia.

El juicio contra concejales, funcionarios ediles, un dirigente cívico y empresarios de la construcción comenzó el 30 de diciembre de 1997 en el proceso judicial en el Distrito Judicial de Chuquisaca y convertido en caso de corte.

En diciembre de este año se cumplen los 21 años de este proceso judicial sin que los sentanciados vayan a prisión ni se recupere el daño civil.