Brújula Digital |28|09|22|

La vigencia del mercado paralelo de la coca y el inicio de un posible juicio en contra del expresidente Evo Morales, por el caso Terrorismo, mostraron esta semana discrepancias dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS), debido a que hay voces de respaldo y rechazo, aspecto que se suma a las pugnas internas en el partido oficialista.

En el caso del conflicto abierto por la apertura del mercado paralelo de la coca en Villa El Carmen, bajo el liderazgo de Arnold Alanes, dirigente cocalero afín al MAS, el ministro de Desarrollo Rural, Remmy Gonzales, no clausuró ese espacio bajo el argumento de que se trata de un conflicto interno que debe ser resuelto entre los productores de coca yungueños.

No obstante, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, afirmó que el Gobierno sólo reconoce el mercado de coca de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de Villa Fátima, la misma que esté en manos de cocaleros orgánicos. Agregó que cualquier comercialización de la hoja fuera del citado recinto es ilegal.

“El único mercado reconocido por el Gobierno es el mercado de Adepcoca que está establecido en la norma”, advirtió el Viceministro de Defensa del Consumidor.

Esta semana, afiliados al sector paralelo de Alanes iniciaron la venta de coca en la calle 1 de Villa El Carmen, en las afueras del mercado paralelo, debido a que el inmueble habilitado para la comercialización fue dañado por un incendio que se registró el 13 de septiembre, en medio de una movilización de protesta y de rechazo de los cocaleros de la Adepcoca orgánica.

A fines de junio, Gonzales se refirió a lo que establecen las normas vigentes. “Reconoce, dice, al mercado de Adepcoca (en La Paz) y al mercado de Sacaba (en Cochabamba), puede haber varios. Solamente las reconoce por ley, las reconoce nomás”. 

“Ahorita, digamos, hay dos Adepcoca, no se ponen de acuerdo a tener una solamente, nosotros no nos podemos meter en la cuestión orgánica y nosotros solo cumplimos lo que manda la Ley 906, donde dice se reconoce al mercado de Adepcoca, no es que sea el único, ahora los dos se hacen llamar Adepcoca. Momentáneamente a los dos les tenemos que dar la guía para evitar conflictos”, acotó la autoridad.

El lunes, Silva anunció, en una rueda de prensa, la realización de un verificativo en la comercialización de la coca y en defensa de los consumidores, debido que ellos son los afectados por las pugnas que hay entre los dirigentes orgánicos, al mando de Freddy Machicado, y los dirigentes paralelos, liderados por Alanes.

En el caso del inicio de un posible juicio en contra del expresidente Morales, por el caso Terrorismo, también hubo voces disonantes, luego de conocerse el fin de semana un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estableció que hubo ejecuciones extrajudiciales y torturas en el asalto al hotel Las Américas, en abril de 2009. 

En el mismo informe de la CIDH se instó a iniciar juicios en contra de los responsables el asalto al hotel Las Américas. En este caso, Morales fue identificado como el principal responsable, debido a que tras el operativo armado que dejó tres muertos, desde Venezuela, afirmó que él dio “instrucciones precisas” para esa acción.

Al abrirse la posibilidad de un juicio en contra de Morales, el diputado Andrés Flores (MAS) expresó su acuerdo. “No podemos pagar por otra persona, nuestro Gobierno es de otra gestión. Esto se tiene que investigar, a los exministros y exgobernantes y no vamos a cubrir a ninguna de las exautoridades, así sea el expresidente Evo Morales. Ellos deben responder por esta denuncia que está haciendo el CIDH”, dijo.

En contraposición, el diputado Juanito Angulo, también del MAS, dijo que el informe será analizado y que el Gobierno emitirá una respuesta, debido a que tienen argumentos sobre los hechos ocurridos en 2009. “No podemos echar responsabilidad a nuestro expresidente (Evo Morales)”, acotó.

Estas posiciones se dan en momentos en los que el MAS tiene en su interior una serie de pugnas, entre ellas por la presunta corrupción en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

BD/JJC