En rueda de prensa en Nueva York, sede de las Naciones Unidas, el Pdte. Arce negó que exista injerencia política en la administración de justicia y aseguró que esta goza de independencia, acusando a organismos internacionales de no estar suficientemente informados cuando opinan sobre el tema.

“Hay muchos organismos internacionales que no están suficientemente informados. En Bolivia no existe ningún tipo de supeditación de la justicia (…) existe un problema en la justicia, que es una deuda pendiente a resolver, la demora en la resolución de casos, lo que el gobierno boliviano va a encarar a través del Ministerio de Justicia y va a trabajar no en una reforma sino en una reconstrucción de la justicia” (Los Tiempos 21. 9. 2022).

Ya no es el caso desmentir o contradecir al Pdte. Arce reiterándole el cuadro de tragedia nacional que ha adquirido la crisis judicial en el país, precisamente por la subordinación del órgano judicial y el sometimiento político de los jueces al poder, lo que ha demolido la independencia de poderes en el país, sino más bien hay que ver las consecuencias de semejante afirmación presidencial:

1. En el ámbito internacional, el Pdte. Arce está poniendo en brete al Estado boliviano frente al Sistema Interamericano y a Naciones Unidas. El 23 de julio del año pasado el Grupo de Expertos Internacionales de la OEA, invitado por el gobierno, entregó un voluminoso informe sobre la crisis del año 2019 y, en lo que hace a la justicia, la conclusión categórica fue que “persiste una falta de independencia de la administración de la justicia como problema estructural en Bolivia”. Después, Diego García Sayán Relator Especial de Naciones Unidas, igualmente invitado por el gobierno, en su informe de 21 de junio de 2022, concluyó meridianamente que “los patrones de persecución política y judicial (…) que el país arrastra de larga data aún no han sido erradicados”.

Respecto a las conclusiones y recomendaciones del GIEI, el gobierno conformó hace dos meses con la CIDH una mesa de trabajo para su seguimiento y cumplimiento y, en el caso del Relator de la ONU, el ministro Lima afirmó que se cumplirán el 100% de sus recomendaciones. Resulta que ahora, nada menos que el Pdte. Arce, considera que esos informes provienen de “organismos internacionales que no están suficientemente informados”, lo que descalifica, no tanto a los informes y sus autores sino al Estado boliviano que aparece carente de toda seriedad en el cumplimiento de los compromisos que contrae con los principales organismos internacionales.

2. En el ámbito nacional, la negativa presidencial a reconocer la debacle judicial, ratifica la ninguna voluntad gubernamental para llevar adelante una reforma integral, y explica los desvaríos casi cotidianos del ministro de justicia que, en menos de dos años ha anunciado tres reformas judiciales distintas, las ha archivado todas y, ahora ha dejado en manos del vicepresidente Choquehuanca una tarea sin destino que el propio Pdte. Arce la está descartando.

No es fácil saber a qué se refiere el 1er mandatario cuando en lugar de reforma plantea “reconstrucción de la justicia”, al tiempo que, especialmente sus ministros de Justicia y Gobierno, todos los días, manipulan jueces y fiscales con fines de persecución de la disidencia social; cotidianamente promueven el encubrimiento de los poderosos, el nombramiento partidario de jueces, la dictación o el ocultamiento de fallos y la permisibilidad de la corrupción en el Órgano Judicial y el Ministerio Publico, amén del funcionamiento impune de consorcios de jueces, fiscales y magistrados.

No habrá reforma judicial alguna desde el gobierno. Por ello la significación de la iniciativa ciudadana de los Juristas independientes que, a principio de semana, ha tenido una primera respuesta del Tribunal Supremo Electoral que ha aprobado las 4 “preguntas alternativas”, para el referendo ciudadano que busca modificar la constitución para lograr independencia, presupuesto y acceso a la justicia.

Sí, hay demora en el tramite iniciado ante el TSE el pasado 28 de julio, pero la aprobación de “preguntas alternativas”, que este viernes han sido aceptadas expresamente por los promotores, abre de manera más visible el camino de las urnas para la reforma. La recolección de un millón y medio de firmas y el control constitucional subsiguiente, son los dos nuevos hitos que ojalá no tengan al frente la jauría de perros hortelanos que descartan y no quieren la reforma judicial, pero que impiden su realización.

A ellos hay que decirles que no le tengan miedo al referendo ya que, como siempre, la gente, tomará en sus manos las soluciones.