A través del Tribunal Electoral Departamental (TED), el Estado reconoció ayer la legalidad del cabildo por el censo que se convocó para este viernes 30 de septiembre a los pies del monumento Cristo Redentor. La presidenta de este organismo, María Cristina Claros, informó que se designarán a cuatro funcionarios para “acompañar” y “observar” este acto democrático.

Eso sí, “entendemos que los efectos del cabildo son de carácter deliberante y no vinculante”, precisó Claros, poco después de notificar a los representantes de la comisión jurídica del Comité Interinstitucional que promueve un censo “oportuno y transparente” para 2023, la institución que organiza el cabildo de este viernes.

Dijo que la sala plena del TED aprobó el acompañamiento tras valorar el reporte del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), una entidad especializada del Órgano Electoral.

Luego de recibir la notificación, el vicepresidente del Comité Cívico, Fernando Larach, apuntó que, si bien el resultado del cabildo no es vinculante, “esa deliberación es legal para el Estado”. “Es decir, existe la validez legal para comunicar a las instituciones del Estado lo que se vaya a deliberar en el cabildo de este 30 de septiembre”.

Adicionalmente, el constitucionalista José Luis Santistevan, uno de los asesores legales del Comité Interinstitucional, resaltó que es la primera vez que un cabildo tendrá este reconocimiento del Órgano Electoral. Se trata, subrayó, de un ejercicio de “la democracia participativa y directa” que está en el artículo 11 de la actual Constitución Política del Estado (CPE).

El especialista valoró la decisión de los vocales del TED porque marcará “un hito en la historia democrática el país”. “¿Qué quiere decir esto? Tras el cabildo, la demanda por el censo y los temas que se han propuesto, vinculados con políticas públicas y del Estado ya no serán solo de las instituciones, le pertenecerán al pueblo, a los ciudadanos que se movilizaron al cabildo; a Santa Cruz”, explicó.

Santistevan recordó que en el memorial que se presentó al TED se fijaron esas bases constitucionales y los temas que se van a tratar. “El censo está en primer lugar y luego hay otras consideraciones derivadas de este proceso (pacto fiscal, reasignación de escaños), además de la reforma a la justicia. Son políticas de Estado; no estamos pidiendo la detención ni la renuncia de nadie”, anticipó.

El Articulo 11 de la CPE define los mecanismos que se emplearán para el ejercicio de la democracia representativa y participativa en el país. Reconoce así la elección de representantes “por voto universal, directo y secreto” y los mecanismos de decisión de los pueblos indígenas. En cuanto el ejercicio de la democracia “directa y participativa” establece que las decisiones se asumirán por medio del “referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa”. La norma precisa que las “asambleas y cabildos, tendrán un carácter deliberativo”.

Santistevan estuvo ayer en la sede del TED junto a Larach y otros dirigentes de las instituciones que promueven el censo. Los organizadores del cabildo se declararon “gratamente sorprendidos” por la decisión. Durante la lucha por la autonomía (2006-2009) y en 2019, cuando se realizaron cabildos para pedir sanciones a las personas que promovieron los incendios forestales y otras elecciones, el Órgano Electoral no acompañó esos procesos multitudinarios.

Santistevan dijo que la actual Constitución, la número 19 en la historia del país, es la primera que reconoce estos mecanismos de participación ciudadana para la deliberación sobre políticas públicas y aclaró que cuando Santa Cruz celebró cabildos para pedir autonomía, no existía una base constitucional, aunque esos eventos fueron legítimos, precisamente por la participación de la gente.

Para el viernes, el Comité Interinstitucional del Censo no propuso un paro ni ninguna otra medida de presión. “No hay una agenda predeterminada y será el cabildo que haga las propuestas sobre los temas que se vayan a poner a consideración de ese cabildo”, complementó el constitucionalista.

El MAS y sectores afines a ese partido se movilizaron para rechazar un supuesto paro de actividades como efecto del paro. El lunes, una multitudinaria movilización de gremialistas lanzó la consigna “¡No al paro, sí al trabajo!” y llegó hasta la plaza 24 de Septiembre donde la alcaldesa interina Gabriela Garzón (UCS) destacó la protesta porque, según dijo, está vinculada con la reactivación económica. El alcalde Jhonny Fernández viajó al exterior y antes de hacerlo rechazó el paro y no estará presente en el cabildo, como lo hizo en otras ocasiones.

El concejal José Quiroz (MAS) también anticipó un “rechazo al paro”. Afirmó que organizaciones sociales y vecinos del sur de la ciudad se movilizarán para desbloquear. “No queremos paro, queremos trabajar”, dijo y cuestionó al cabildo porque está organizado por “quienes se creen dueños de Santa Cruz”. “Además, qué tanto gritan, censo, censo; el censo se va a realizar y eso les ha dicho el Gobierno. Será en 2024 y, por último, también puede ser a fines de 2023”, apuntó el concejal.

La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz también rechazó el cabildo. Lo hizo el lunes, antes del pronunciamiento del Tribunal Electoral. Incluso, anticipó una reunión a la que llamó “el cabildo del pueblo” en cercanías del Monumento Al Chiriguano. El evento debía haberse realizado hoy, pero fue postergado para poder tener una mayor convocatoria.
El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, dijo que participará de ese evento, “aunque no en la testera” porque “no se pueden aceptar los paros en un momento en el que se reconstruye la economía”. Cuestionó, como en otras ocasiones, al gobernador Luis Fernando Camacho por su gestión.

Omar Ribera, dirigente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) de Santa Cruz, anunció ayer que participará del cabildo. Allí llevará su propuesta para que no se apruebe un paro. “Apoyamos el Cabildo pero sin movilizaciones ni paros”, afirmó.

El presidente de los empresarios privados de Santa Cruz, Jean Pierre Antelo, señaló que apoyan la realización del cabildo porque consideran que es necesario que se lleve adelante el censo en 2023, pero demandó a todos los sectores sentarse a dialogar para evitar un paro y conflictos que puedan dañar la economía del país.

El cabildo también fue autorizado por la Alcaldía de Santa Cruz. La directora de Tráfico y Vialidad, Celina Cáceres, anunció que habrá un cierre del tráfico para el Cabildo desde el miércoles a las 19:00 hasta el jueves a las 12:00 y el viernes desde las 10:00 hasta las 22:00, en inmediaciones del monumento Cristo Redentor.

La presidenta del TED precisó que una vez que termine el cabildo, los cuatro delegados del Sifde elaboraron un informe en un plazo de 10 días. El reporte será entregado al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y a las organizaciones que lo promovieron