Una vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha evidenciado la violación de derechos humanos y pide que se sancione a los responsables y se indemnice a las víctimas, el gobierno del presidente Luis Arce tiene dos caminos: aceptar o rechazar, dijo el exembajador de Bolivia ante la OEA, Jaime Aparicio.

“El Estado boliviano puede aceptar esa decisión de la comisión y ahí se acaba el proceso. La opción dos es que se nieguen a aceptar, y en ese caso la petición pasaría a la Corte Interamericana, en Costa Rica. Se iniciaría un proceso jurídico internacional”, explicó el exembajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA). 

En caso de que se llegue a una sentencia se obligaría a Bolivia a cumplir lo que se dicte. 

Aparicio dijo que este tipo de procesos hace responsable al Estado y, “por tanto, al gobierno de la época en la que se ha cometido esa violación de derechos”.

El exembajador remarcó que con este informe “empiezan a desbloquearse en la CIDH los casos de graves de violaciones a los derechos humanos del gobierno de Evo Morales, incluyendo detenciones arbitrarias, manipulación judicial, torturas y crímenes extrajudiciales”. 

Hasta ayer, el gobierno del presidente Luis Arce no se pronunció sobre el informe de la CIDH. 

El abogado constitucionalista César Cabrera manifestó que este informe y lo que decida la CIDH servirán como precedente para sancionar a los funcionarios que incurren en la violación de derechos humanos.  

 “El Estado boliviano va a ser sancionado, casi con toda seguridad, en este caso y en todos los que se hubieran planteado, porque todos hemos sido testigos que había una vulneración. No se respetó ni el juez natural”, manifestó.