Es probable que no prospere y que el Gobierno opte por mirar en otra dirección, pero el día del juicio parece haber llegado para el expresidente Evo Morales, 13 años después de haberse realizado el operativo policial en el Hotel Las Américas de Santa Cruz en el que fueron victimados tres supuestos “mercenarios” extranjeros, acusados de planificar el asesinato de los entonces presidente y vicepresidente del Estado. 

Con este sangriento incidente, instruido por Morales, como consta en innumerables registros de la época en los que el propio presidente admite que ordenó la intervención, comenzó además una verdadera cacería de opositores en Santa Cruz, a quienes se denunció por, presuntamente, ser parte de una conspiración separatista, que alcanzaba a otras regiones del país, como Beni, Pando y Tarija, una “Media Luna” de la que se habló mucho entonces.

Fue la narrativa de la época, como años después sería la del “golpe”, una historia sin pies ni cabeza que sirvió únicamente para darle un contexto menos vergonzoso y pretendidamente heroico a la apurada salida del país de Evo Morales, luego de que la Organización de Estados Americanos y otros organismos internacionales probaran la existencia de fraude en las elecciones de 2019.

El “golpe” fue utilizado también para perseguir y encarcelar opositores. Es más, son muchos los que permanecen detenidos por este caso, entre ellos la expresidenta Áñez, y algunos optaron por salir del país, precisamente porque tratándose de procesos sin asidero jurídico sólido cualquier posibilidad de defensa estaba condenada al fracaso.

Pero las narrativas no tienen una vigencia eterna. En el caso del Hotel Las Américas se dijo que los supuestos “mercenarios” extranjeros habían opuesto resistencia, pero quedó demostrado luego que en realidad se trató de crueles ejecuciones, independientemente de que se hubiera retocado el escenario de los hechos con armas de grueso calibre y otros objetos para sustentar la teoría del terror que se cernía sobre el país.

La ficción separatista también quedó en eso. Sólo un pretexto, un trasfondo concebido desde el poder, para facilitar la destrucción de las oposiciones regionales y una advertencia, también, sobre la naturaleza de gobierno con el que se iba a enfrentar cualquiera que se atreviera a tomar el camino de la crítica y la resistencia.

El impacto de la trama duró algún tiempo, aunque su credibilidad, como la del golpe, fue nula desde el principio. Ahora que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que la “administración de Evo Morales ordenó las ejecuciones y la tortura” en el mencionado hotel, la historia toma un rumbo completamente distinto e incómodo para el gobierno del presidente Luis Arce.

La CIDH recomendó iniciar un proceso en contra de los responsables por la ejecución extrajudicial de tres personas para evitar un juicio al Estado en la Corte Internacional de Derechos Humanos, lo que significa que quien instruyó el operativo policial —el entonces presidente Evo Morales—, en el que sólo intervino el Ministerio de Gobierno, debería ser sometido a la justicia.

La disyuntiva no podía ser más difícil para Arce, pues deberá decidir entre arriesgar un juicio en la Corte Internacional de DDHH, que de una u otra manera pondrá al Estado en el banquillo de los acusados, o llevar a proceso al jefe de su partido, con el que por cierto últimamente las relaciones han sido bastante malas.

Las facturas del pasado llegan al escritorio presidencial en un momento crítico de tensiones internas. Como lo ha hecho con otros temas, seguramente Morales se escudará en que todas sus decisiones fueron respaldadas por sus colaboradores de entonces, incluido, por supuesto, el actual Presidente, quien lo acompañó en la cartera de Economía durante casi 13 años.

Las recomendaciones de la CIDH no son un tema menor y el presidente Arce debe considerarlas con mucho cuidado y anteponiendo la posición del país en una materia tan delicada como la de los derechos humanos, por encima de los vínculos y lealtades partidarias e independientemente, además, de que la demostración de la falacia de la narrativa “terrorismo/separatismo”, del 2008-2009, alcance también a golpear los de por sí espurios argumentos que sustentaron la narrativa del “golpe” de 2019. Porque a fin de cuentas se trata, de una u otra manera, de dos narrativas que van a juicio.