Un informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según ha informado El Deber, ha revelado datos esclarecedores en el denominado caso terrorismo o caso Rósza, que es como se conoce a los hechos registrados en abril de 2009, en el hotel Las Américas de Santa Cruz, donde según el gobierno del entonces presidente Evo Morales se desarticuló a un grupo armado que supuestamente tenía el propósito de ejecutar un plan separatista. 

El mencionado informe, que es de conocimiento de la CIDH, las partes y el actual Gobierno, ha establecido, en contra de la argumentación oficial, que en el caso del Hotel Las Américas hubo ejecuciones extrajudiciales y torturas instruidas por el gobierno del entonces presidente Evo Morales contra cinco miembros del supuesto grupo terrorista. 

Se trata de una conclusión que es contraria a la hipótesis oficial de la actuación de un grupo liderado por Eduardo Rósza Flores y que estaba compuesto también por Arpad Magyarosi, Michael Dwyer, Elöd Tóásó y Mario Tadic; los tres primeros, como se recordará, perdieron la vida en ese operativo policial. 

El informe de la CIDH ha sido emitido en diciembre de 2021 tras la denuncia, admitida en 2018, contra el Estado boliviano interpuesta por la madre de Michael Dwyer. De acuerdo con el documento de la CIDH, se señala como responsable al Gobierno de Morales, porque ni la Fiscalía ni la Policía de Santa Cruz intervinieron en el operativo, pues todo estaba a cargo del Ministerio de Gobierno y no hubo ni orden judicial ni del Ministerio Público. 

La CIDH ha instado al gobierno del presidente Luis Arce a investigar a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales y torturas, lo cual implica que el gobierno del presidente Luis Arce debería promover un proceso contra el expresidente Evo Morales, en tanto principal responsable de las acciones de los funcionarios de su administración. Lo contrario implicaría que el caso llegue a un juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra el Estado boliviano. 

El informe corrobora las investigaciones independientes que se han efectuado sobre el caso terrorismo y revela un “montaje” que fue muy útil, en términos políticos, para desarticular la oposición al gobierno de Evo Morales, que a partir de ese caso se convirtió en hegemónico, pues venció la resistencia regional y partidaria a su gestión. El caso Rósza también puso en evidencia el grado de manipulación al que estaban sometidas tanto la justicia como el Ministerio Público, cuyas actuaciones favorecieron al poder. Y a tal extremo que la madre de Dwyer tuvo que pedir justicia ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. 

El pueblo boliviano debe conocer la verdad histórica sobre estos hechos y el gobierno del expresidente Morales tiene que asumir su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales y torturas. Es fundamental, también, que la administración del presidente Luis Arce inicie un proceso a los acusados a la brevedad posible.