“Le di instrucciones precisas al vicepresidente de la República y, mediante él, al comandante de la Policía, para hacer un operativo”. La declaración del expresidente Evo Morales, pronunciada horas después del operativo del hotel Las Américas en 2009, en el que murieron tres ciudadanos extranjeros acusados de ser terroristas y separatistas, es contundente y autoincriminatoria.

Esa frase cobra relevancia ahora, 13 años después de aquellos sucesos, porque se acaba de conocer el primer informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso terrorismo, que establece que la muerte de Michael Dywer es atribuible al Estado y, aunque la comisión no llega a establecer la forma en que fue asesinado el joven irlandés, recoge los testimonios que indican que habría sido ejecutado en el aeropuerto. El informe, además, establece que los sobrevivientes fueron torturados. Y decimos que es el primer informe porque detrás vienen al menos media docena más, de otros acusados que llevaron sus casos ante la CIDH.

La comisión en su informe recomienda al Estado boliviano investigar el caso para “identificar todas las posibles responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan respecto de las graves violaciones a los derechos humanos”. En otras palabras, le está pidiendo al presidente Luis Arce que investigue y sancione al jefe de su partido, Evo Morales, porque en su gestión se produjeron estos hechos.

El informe, además, exige reparar material e inmaterialmente a las víctimas, lo que significa que el Estado va a tener que pagar una fuerte suma de dinero a los sobrevivientes y a las familias de las víctimas fatales por haber incurrido en las violaciones a los derechos humanos antes citadas.

En resumen, el informe de 57 páginas contiene testimonios y estudios de que las fuerzas del orden mataron al irlandés Michael Dwyer con balazos certeros (uno de ellos en el corazón) y que las autoridades de diversas instancias torturaron a Mario Tadic, Elod Tóásó, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza.

El caso, si no es resuelto por el Estado como establece la comisión, tendría que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se sustanciaría un juicio internacional, lo que complicaría aún más la situación de los acusados.

Evo Morales está aterrorizado. De hecho, salió a decir que el caso es parte del plan negro en su contra, pese a que el informe ha permanecido oculto desde diciembre de 2021 y solo ha salido a la luz en medio de la crisis interna del oficialismo. El poder absoluto que el MAS usó para desbaratar a la oposición cruceña con el caso terrorismo ahora tiene sus consecuencias. Hágase cargo, señor expresidente.