El Movimiento Al Socialismo (MAS) se divide entre procesar al expresidente Evo Morales o protegerlo. Esto después de que se conociera el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Rózsa, que atribuye al Estado la muerte de Michael Dywer y torturas a los sobrevivientes.

El 16 de abril de 2009, el entonces gobierno de Morales desplegó un operativo policial en Santa Cruz para frenar a presuntos terroristas. Un grupo de élite policial ingresó al hotel Las Américas e irrumpió habitaciones del cuarto piso, producto de ese hecho, Eduardo Rózsa Flores, Arpad Magyarosi y Michel Dwyer murieron, y Elöd Tóásó y Mario Tadic fueron arrestados y trasladados esa misma jornada al departamento de La Paz.

El diputado del MAS Andrés Flores dijo que Estado no tiene por qué pagar por las acciones que cometieron Morales y sus exministros. “Se tiene que investigar a los exministros y exgobernantes, y no vamos a cubrir a ninguna de las exautoridades, así sea el expresidente Evo Morales”, sostuvo.

El legislador oficialista Rolando Cuéllar manifestó que están a la espera de la notificación oficial del informe. Agregó que si el documento establece que existieron torturas y ejecuciones, debe hacerse una investigación y procesar a los responsables.

“Si la CIDH notifica al Estado boliviano de que Eduardo Rózsa y otros fueron ejecutados en el hotel Las Américas, nosotros, el MAS y el Estado, no ponen las manos al fuego por Evo Morales, que se actúe conforme a ley”, puntualizó.

El parlamentario de la sigla azul Ramiro Venegas cuestionó a sus colegas Cuéllar y Flores, porque apuntan contra el exmandatario sin conocer cómo son los procesos en los organismos internacionales. Añadió que las demandas en los tribunales internacionales tardan años y no se hacen a las personas, sino al Estado.

“Esto es parte del plan negro, Flores se ha convertido en lacayo de la CIA, no puede andar difamando a un ciudadano como Evo Morales. Este señor debería conocer un poco más, antes de hablar. Cuéllar es otro lacayo de la CIA, como se les ha caído el tema de las cartas, ahora arremeten con otra cosa”, aseveró.

El parlamentario masista Juanito Angulo expresó que se debe esperar el informe oficial y no puede responsabilizarse de este caso al exjefe de Estado. “Hay un informe que será analizado y a través de eso se responderá como Gobierno, se tienen los suficientes argumentos para responder sobre estos hechos ocurridos. No podemos responsabilizar al expresidente”, subrayó.

El concejal del MAS de Santa Cruz José Quiroz aseveró que la CIDH no puede meterse en temas internos de Bolivia y que Morales es un líder indiscutible. “Evo Morales va a ser presidente en 2025 de todos los bolivianos, y no va a ser con el 55%, por lo menos va a ser con el 80%”, enfatizó.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, señaló que están a la espera del documento final. Aseveró que el escrito publicado no indica que se deba enjuiciar al expresidente Morales.

El presidente de Diputados, Freddy Mamani, y el senador del MAS Félix Ajpi coincidieron en que primero se debe esperar a que el Estado sea notificado con el informe y una vez el escrito sea analizado, darán su opinión.

Morales señaló que en el caso terrorismo es direccionado en su contra y que forma parte del supuesto “plan negro”. “En su momento revelaremos a nuestro pueblo cómo y quiénes promovieron la utilización de este caso para tratar de defenestrarnos políticamente”, expresó.

La oposición

El jefe de bancada de en Diputados de Creemos, José Carlos Gutiérrez, declaró que el presidente Luis Arce tiene la oportunidad de deshacerse de Morales.

“Es ahora que el señor Arce debe desmantelar toda la mentira de los 15 años de Evo Morales. Está en sus manos deshacerse de él para el resto del viaje, porque tenemos que condenar no solamente a Evo Morales, sino a todos sus ministros que estaban detrás de esa persecución y matanza”, afirmó Gutiérrez.

Zvonko Matkovic, presidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz y procesado en el denominado caso terrorismo, celebró que este caso se ventile ante los organismos internacionales.

“Se tiene que hacer un juicio penal para encontrar a los culpables de haber cometido estas violaciones. Ellos (la CIDH) entienden que se cometieron y que hubo un sistema judicial y un aparato político que trabajó para encubrir”, dijo.