El Instituto Nacional de Estadística (INE) solo cumplió con el trabajo de campo durante la etapa precensal en cuatro de los 336 municipio del país. La demora y la falta de información preocupa al Comité Interinstitucional por censo y a representantes de otras instituciones que proponen que el Censo de Población y Viviendas se realice en 2023.

“El avance (en el relevamiento de datos) es sumamente lento. Los ejecutivos del INE dicen que están trabajando, pero hay una lentitud increíble porque ellos empezaron la actualización cartográfica el año pasado y el trabajo de campo en mayo. Pero tienen un avance en cuatro ciudades que son pequeñísimas”, observó la técnico de la Universidad Gabriel René Moreno (Uagrm) y experta en cartografía, Melvy Vargas, en contacto telefónico con EL DEBER.

El INE informó el jueves que las ciudades Oruro, Potosí, Trinidad y Cobija tienen su cartografía al 100%. Tarija se encuentra al 57%; Santa Cruz de la Sierra está con el 25% y Sucre presenta un 13% de avance. Los datos oficiales muestran que iniciaron el trabajo de campo en 44 municipios del país, pero aún no se conoce cuándo se trasladarán a las áreas más alejadas de los departamentos.

La recolección de información por municipio se inició con el llenado del formulario F1, en septiembre de 2021. El trabajo de campo debía empezar en marzo, según anuncios del director Humberto Arandia, pero inició en mayo por la falta de dispositivos móviles y personal.

Para el coordinador de la Ruta del Censo, Mario Galindo, el único avance en estos meses consiste en la recepción de propuestas para la boleta censal, aunque también se presentaron dificultades para acceder al Instituto Abierto y existe la susceptibilidad de que estas sugerencias sean desechadas por el Instituto Nacional de Estadísticas, advirtió Galindo.

Por otro lado, observaron la falta de un vocero oficial del INE y el hermetismo con que aún se maneja la información del censo.

“Nosotros somos más de 200 organizaciones y ninguna ha podido acceder a la información oficial. Todas tienen una restricción terrible, y funcionario que abre información es despedido”, sostuvo el también director del Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios (Cebem).

Las restricciones de la información se denunciaron desde abril. En Santa Cruz se realizaron dos marchas exigiendo transparencia y hasta se interpuso una acción popular. El viernes 30 habrá un cabildo en Santa Cruz para exigir que el censo de realice en 2023.