Eduardo Claure
El término “sociedad civil” designa todas las formas de acción social llevadas a cabo por individuos o grupos que no proceden del Estado y no están dirigidos por él. Entonces, el término “sociedad civil organizada” se aplica a las estructuras organizativas cuyos miembros sirven al interés general a través de un proceso democrático y que actúan como mediadoras entre los poderes públicos y los ciudadanos.
Existe la necesidad de que, en Bolivia, se sostenga un diálogo abierto, transparente y regular entre las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, para reflexiones coyunturales, generar ideas proactivas de cohesión social democrática, elaborar propuestas legislativas de iniciativa ciudadana, actuar ante referéndums y otros temas de interés nacional. En este contexto existen los interlocutores sociales (sindicatos y empresarios); organizaciones no gubernamentales (de protección del medio ambiente o de los derechos humanos); organizaciones de base (movimientos juveniles o asociaciones de padres de familia) y otros tipos de asociaciones como de los profesionales; también existen agrupaciones sociales de relación campo-ciudad (Cochabamba); existen las juntas vecinales o barriales, del ámbito cultural y otros diversos. Estas organizaciones se convierten en interlocutores sociales que representan los intereses de los trabajadores, de los empresarios, de las juventudes, vecinales, campesinas y urbanas de diferente naturaleza, pero que, por su fortaleza y dinamismo se dotan de cualidades de ser interlocutores sociales en representación de un conglomerado social diverso, pudiendo asumir temas de especialización o generales. Junto con estas organizaciones, existen grupos socio profesionales que representan intereses específicos o sectoriales, que enriquecen por sus especialidades a este tipo de organizaciones sociales que desarrollan el papel de “interlocutores sociales”.
En esta trama, se hace necesario que, una vez organizada la sociedad civil -departamental y nacionalmente-, asuma o de un paso hacia la construcción de un Dialogo Social. El “Diálogo Social” define las temáticas de una agenda nacional democrática y diseña negociaciones o estrategias llevadas a cabo por los interlocutores sociales a objeto de defender los intereses de sus miembros, sean estos departamentales o nacionales. Ese su objetivo y alcance. Ya hubo un ejercicio nacional del 21F y, del 2019, posfraude.
El diálogo social contribuye a la elaboración y propuesta de la política social democrática boliviana como resultado de eventos departamentales y nacionales frente al fracaso de las políticas públicas de los transcurridos dieciséis años del proceso de cambio y la incomprensible inacción de la “oposición”. Los interlocutores sociales participan en debates, consultas, negociaciones y acciones comunes a escala departamental y nacional. El diálogo social democrático boliviano puede ser bipartito: solo interlocutores sociales o tripartito: interlocutores sociales e institucional con partidos políticos democráticos, referentes regionales, municipales, académicos, investigadores, activistas diversos, grupos religiosos, de derechos humanos, ambientalistas, educadores, políticos, cientistas sociales y otros. Entre los ejemplos de acuerdos resultantes del diálogo social departamental y nacional, por ejemplo, debieran tocarse aspectos relacionados al envejecimiento activo y el enfoque intergeneracional, la digitalización in crescendo y las aplicaciones tecnológicas de la inteligencia artificial y otros asuntos que tarde o temprano se relacionará con la sociedad boliviana a gran escala, afectando los niveles de vida y su confort en general o en especificidades por determinarse.

En este contexto se deberá asumir el concepto de Sociedad Civil Organizada como una definición funcional en esta coyuntura previa a las Elecciones Nacionales del Bicentenario del 2025. Diremos que entendemos este concepto como el reino de la vida social organizada de forma voluntaria, auto generadora, (ampliamente) apoyada en sí misma, autónoma del Estado, cohesionada por un orden legal o un conjunto de reglas compartidas. Es diferente a la sociedad en general, puesto que involucra ciudadanos que actúan colectivamente en la esfera pública para expresar sus intereses, pasiones e ideas; intercambiar información; alcanzar metas comunes; realizar demandas al Estado; responsabilizar a los servidores públicos de sus actos., sin que esto signifique -directamente- realizar esfuerzos políticos para controlar el Estado, si no, más bien, cuestionarlo e interpelarlo.
En otras palabras, la sociedad civil organizada, consistirá en un rango de asociaciones y miembros de organizaciones que agrupan ciudadanos para actuar en los reinos de la política. No se le puede segregar del sector privado, como se hace en algunas ocasiones, porque inevitablemente incluirá asociaciones con intereses mutuos, en algún momento. La sociedad civil organizada tampoco puede ser considerada como un sector independiente, dado que ésta puede tener un carácter partidario. Por el contrario, ésta podría ser considerada como un conglomerado amorfo de intereses y recursos que puede, en momentos históricos cruciales de nuestro país, estar a favor de determinadas metas sociales, económicas e incluso, políticas.
Para los efectos previstos en esta nota, advierto sobre cualquier uso del término que sugiera una connotación ideológica. En muchos de sus usos, se supone que la sociedad civil es progresiva, o que tiene una política social coherente en favor de los pobres y desfavorecidos, o que tiene una visión particular de las relaciones sociales y económicas, sobre las inversiones públicas, las privadas, la planificación y procesos de desarrollo, medio ambiente, recurso agua, la economía verde, la circular, etc. Cuando se usa de esta manera, sin embargo, el término puede volverse polémico, sobre todo cuando se usa en un contexto pre electoral o electoral. En entornos donde los políticos o autoridades electorales están decididos a limitar la competencia política, el uso ideológico del término sociedad civil organizada puede llevar a la exclusión de la sociedad civil organizada tanto de las campañas como de las elecciones, lo que debe evitarse, de no ser excluida, precisamente, porque, es parte substancial del conjunto de la sociedad boliviana, desde ya, altamente política sin ser partidaria, de color o signo definido, pero, sin dejar de ser política.
Una elección es un evento en que la sociedad civil -dados sus recursos, su voluntad natural, sus variadas habilidades y su capacidad para llegar a todos los sectores de la sociedad- debe movilizarse y estar a favor de actividades educativas apartidistas y más bien de formación e instrucción cívica, moral y política, hasta donde sea posible. Durante un periodo pre electoral y electoral propiamente, diferentes grupos podrían involucrarse en la educación o en la observación y/o control electoral, así como encargarse de actividades de corte más político, como apoyar a un partido político o candidato sobre otro, y hacer proselitismo en su nombre. Estos grupos pueden no tener necesariamente actividades políticas o electorales, o incluso educativas como su principal objetivo. Como resultado, tienen que negociar toda actividad política con sus miembros. Estos tipos de grupos incluirán sindicatos, grupos de la comunidad, asociaciones de empresarios, profesionales, y, posiblemente, hasta entidades religiosas.
Pueden existir otras organizaciones y asociaciones que apoyarán una elección exitosa pero que permanecerán independientes frente a los candidatos y a las autoridades electorales. Entre éstos podemos encontrar organizaciones de interés público profesional con un cuerpo administrativo, y posiblemente, con una membresía pública limitada, comúnmente conocidas como organizaciones no gubernamentales u ONGs dedicadas a educación electoral y cívica, activismo público, supervisión de las elecciones, escrutinios paralelos, y derechos humanos. Un ejemplo bien conocido de este tipo de grupo, en los EE.UU., es la Liga de Mujeres Votantes. La sociedad civil boliviana, el 2019, ya dio muestras de su capacidad organizativa sin jefe ni partido. Además, probablemente existirá una serie de grupos de intereses especiales que llevarán a cabo educación electoral y movilización dirigida principalmente a su propio público o población objetivo. Tales grupos pueden incluir jóvenes y votantes por primera vez, minorías étnicas (afros bolivianos y otros), comunidades rurales remotas, electores discapacitados y desplazados internos y migrantes. Algunos de estos grupos pueden estar «en riesgo» debido a su relativa falta de información, apatía, sentimiento de alejamiento de las instituciones y procesos existentes, o vulnerabilidad ante la manipulación.
En fin, las tareas de una Sociedad Civil Organizada, puede conformar un bloque social fuerte departamental y nacionalmente, cuyo significado en términos de definición política, puede ser muy y altamente importante con miras a las Elecciones Nacionales del Bicentenario del 2025. Ojo, Sociedad Civil: Bolivia Somos Todos.